MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 65    FEBRERO DEL AÑO 2004    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

El prepago en salud bajo
la lupa de la Supersalud

Juan Carlos Arboleda Zapata Periodista elpulso@elhospital.org.co
En el mes de agosto de 2003, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que se estaba realizando una indagación sobre los servicios de medicina prepagada que prestaban mas de 90 instituciones y que no cumplían con los requisitos necesarios para su funcionamiento; cinco meses después, se han cerrado 23 de estas empresas, se archivaron 20 investigaciones por no encontrarse méritos suficientes para demostrar la práctica ilegal de la actividad, y continúan en curso 47 procedimientos en los cuales se está determinando si se está ejerciendo una práctica que se asimile a la medicina prepagada (lo cual está prohibido), si no cuenta con una autorización previa de la Superintendencia. La situación de estas últimas no se ha solucionado en parte, por ser empresas de todo el país y por la dificultad en ocasiones del personal de la Supersalud para desplazarse a recaudar el material probatorio, pero se espera que esté resuelta en unos tres meses.
El procedimiento de control efectuado fue el resultado de una labor de vigilancia a los anuncios publicitarios aparecidos en diversos medios, se recopiló información de unas 90 empresas y se confrontó con las que estaban autorizadas por la Superintendencia, entidad encargada de autorizar este servicio; se encontró que efectivamente algunas de ellas estaban ejerciendo actividades que podían asimilarse a las que cumplen las entidades de medicina prepagada legalmente establecidas, y si bien la mayoría de las investigadas no ofrecían un servicio de cobertura completa en salud, lo hacían de manera parcial (por ejemplo, prepago para odontología, urgencias, obstetricia, etc.), y por lo tanto estaban incurriendo en una conducta ilegal, ya que para la prestación del servicio de medicina prepagada se requieren unas condiciones particulares.
El doctor José Roberto Garay, Director de EPS y Entidades Especiales de la Superintendencia de Salud, indicó que las empresas sancionadas venían prestando servicios en actividades en las cuales se sentían con capacidad de recibir un dinero anticipado y garantizar atención a las personas ante el riesgo de que se enfermen o de que
ocurra un evento de salud, confundiendo dos actividades completamente diferentes: el pago anticipado y el prepago, originando así que el único que adquiere un riesgo en estos casos sea el usuario al contratar con empresas que probablemente no tengan el apalancamiento suficiente para responder por la eventualidad contratada. El Doctor Garay resaltó la diferencia entre los dos servicios: “un pago anticipado es lo que se utiliza por ejemplo en ortodoncia, en donde ante un tratamiento de un año se puede diferir el valor en varias cuotas; en el pago anticipado, el prestador ni está corriendo ni asegurando ningún riesgo, es un tratamiento médico claro y especifico que se está pagando por anticipado; en cambio, en un servicio de medicina prepagada, el prestador no sabe cuantos eventos pueda demandar el usuario durante un período determinado, por eso se exige que haya un apalancamiento financiero para que responda por las cotizaciones voluntarias que da la persona bajo su propio riesgo, con la garantía de que la empresa se encarga y adquiere la obligación de cubrir los eventos que se presenten, sean muchos o pocos; el prepago implica y engloba un concepto de aseguramiento, por eso requiere una capacidad financiera patrimonial, así como un número de personas que garanticen una disolución del riesgo”.
Aumento en la cuota moderadora
Otra medida tomada frente a la salud prepagada se dio el pasado 7 de enero, cuando la Supersalud limitó el incremento en la cuota moderadora que las entidades de salud prepagada cobran a sus usuarios al 5.5% para el año 2004, cifra considerada como meta de inflación; si bien la mayoría de las empresas esperaban y habían solicitado un aumento mayor, tampoco se han manifestado en contra de la medida, y en cambio algunas como Cafesalud Medicina Prepagada solo subió tres puntos y medio y Comfenalco Valle decidió no aumentar.
Sin embargo, éste no va a ser el único aumento en los servicios de las empresas de prepago, ya que una cosa son las cuotas moderadoras y otra es el incremento en el costo de los servicios, que dependen a su vez de los que realicen las IPS, laboratorios y médicos contratados. Este incremento lo definen las compañías y aunque también son vigiladas por la Superintendencia, son el resultado de negociaciones individuales; este “doble” aumento es percibido por los usuarios como exagerado, al sentir que se les está incrementando en varias oportunidades y por encima de lo estipulado por el gobierno, pero el tope impuesto por la Supersalud hace solo referencia al valor de las cuotas moderadoras y no al resto de servicios. Acá es también importante señalar que si bien el IPC del año 2003 estuvo en el 6.49%, el de la salud estuvo en el 8.62%, o sea 2.13 puntos por encima del general, y es con base en este indicador que se manejan la mayor parte de los aumentos.
La salud prepagada en Colombia es un actor curioso dentro del sector: de bajo perfil, pocos escándalos, pocas declaraciones ante los medios y con una tradición desde los años ochenta; se puede decir que fue la primera forma de privatización organizada y con carácter de empresa que hubo en el país en el área de la salud (con excepción de la fundación de clínicas), y que hoy tienen muchas más opciones en el mercado que cuando surgieron, conservando su espacio gracias a las deficiencias del resto del sector. La medicina prepagada es considerada por algunos como “la salud de los ricos”, para otros en cambio es una forma de alcanzar verdadera tranquilidad y seguridad en caso de problemas de salud.
Según datos de la Superintendencia, en el país hay unas 850.000 personas afiliadas a la salud prepagada, lo que representa menos del 7% del total de afiliados del contributivo; si bien la cifra parece baja, lo curioso es que exista, por cuanto si el sistema de salud creado por la Ley 100 y su estructura de aseguramiento a través de las EPS cumpliera su función, lo ideal sería que no existiera el prepago, ya que si el contributivo se prestara con todas las oportunidades de libre escogencia que debiera tener, los usuarios no necesitarían un prepago, y el porcentaje por lo tanto debería ser mucho menor. No es que se trate de desestimular el prepago, sino que si el paciente está tranquilo con su sistema de seguridad en salud, no siente la necesidad de asegurarse más.
Esta realidad no se escapa a las directivas de las empresas del sector, quienes reconocen que “somos un bien suntuario, nadie está obligado a tener medicina prepagada y sabemos que las EPS están cubriendo lo estrictamente necesario, entonces muchas familias deciden vincularse a las empresas de medicina prepagada porque realmente el servicio es mucho mejor”, según lo manifestó a El Pulso una directiva de una de las empresas, que prefirió omitir su nombre. Los usuarios también lo reconocen cuando dicen: “lo que me gusta es básicamente la posibilidad de escoger médicos y centros hospitalarios sin tener que estar sujetos a los médicos que las EPS puedan ofrecer; la prepagada se puede mirar como un complemento en la medida que cubre elementos que las EPS no cubren, uno paga por la tranquilidad mental de saber que si se presenta una enfermedad, no es necesario sacar la plata porque al fin de cuentas ya pagué”, según comenta Carlos Enrique Vélez, un profesional independiente y quien lleva 23 años afiliado a una empresa de prepago.
Sin embargo, las empresas de salud prepagada se vieron enfrentadas en el año 2003 a situaciones que impidieron a varias de ellas cumplir con sus metas de crecimiento: la imposición de un IVA, del 7% según la Ley 788 de 2002 origino deserción y ahuyentó potenciales usuarios, y si bien es difícil determinar en una cifra el impacto ocasionado por el IVA, todas las empresas de medicina prepagada consultadas coincidieron en manifestar que sí habían sido perjudicadas; a esto se le debe sumar la situación general de la economía que impidió la llegada de nuevos clientes en los volúmenes esperados, más la deserción de personas que vieron reducidos sus ingresos o su capacidad de gasto.
Las acciones de la Superintendencia frente a la práctica ilegal del prepago en salud no se detendrán, y se planea establecer un control con las entidades territoriales de orden departamental para que sea desde las regiones donde se controle la práctica, ya que en muchos casos los prestadores ni siquiera saben que se requiere una autorización para el prepago, y se les ocurre que puede ser una estrategia de mercadeo. Otra acción que se viene estudiando, es trasladar los casos a la justicia penal para que resuelvan las implicaciones judiciales que se puedan derivar de este tipo de acciones.
 
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