La necesaria e inevitable reforma al sistema de salud Un sector amplio de la ciudadanía presentó a las campañas presidenciales un compendio de propuestas para reformar el sistema de salud. Una voz de colombianos que plantean cambios, qué tanto serán escuchados será la otra parte de la historia. Carolina Corcho. Médica Psiquiatra. Integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, Vicepresidenta Gremial de la Federación Médica Colombiana - elpulso@sanvicentefundacion.com El pasado 1 de febrero del presente año, la sociedad civil, representada en la Gran Junta Médica Nacional (Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Médica estudiantil, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, y la Asociación Médica Sindical), las centrales sindicales, las organizaciones de pacientes, académicas, de enfermeras, de Hospitales Públicos, de mujeres por la salud, convocaron a una rueda de prensa con el fin de hacer entrega de un documento de Política Pública para una Reforma al Sistema de Salud en Colombia a los candidatos a la Presidencia de la República. El documento básicamente demuestra de manera contundente con cifras oficiales de los últimos años, la debacle de la ley 100 de 1993, como un modelo de aseguramiento comercial que ha facilitado desde su diseño el saqueo de recursos públicos de la salud, la profundización de las inequidades de salud de los centros urbanos respecto a los rurales y zonas dispersas, a pesar de que estas últimas constituyen un número aproximado de 22 millones de colombianos, para quienes el acceso a los servicios de salud es precario. Se reconoce que la crisis del actual sistema de salud no sólo es financiera, sino de salud pública y humanitaria. Entre 1998 y 2011 se presentaron en Colombia más de un millón cuatrocientos mil muertes de colombianos que pudieron haber sido evitadas mediante la intervención en determinantes sociales de salud y atención médica existente en el país, pero a la cual los colombianos no han logrado acceder de manera oportuna. Es por esto, que en Colombia, se presenta cada cuatro minutos una tutela, demandando servicios de salud, de estas el 70% corresponden a servicios básicos contenidos en el plan de beneficios. El documento demuestra como el arreglo institucional de la intermediación financiera de las EPS, implicó la delegación del gasto público en salud a entidades particulares, y derivó no sólo en una crisis humanitaria que afecta primordialmente a la población más vulnerable, pero a la cual tampoco escapa ningún ciudadano colombiano en el acceso a la atención médica, sino que por el contrario favoreció el desvío de billonarios recursos públicos con fines distintos de la salud, instaurando un suculento negocio que hizo de la enfermedad un mecanismo de extracción de renta, en menoscabo de la atención primaria y de la intervención en los determinantes sociales de la salud. Dicho de otra manera, la evidencia de que los mercados podían autorregularse, tesis que defendieron los ideólogos de la ley 100 en su momento, han fracasado, en Colombia y en el mundo. Ha expresado Stiglitz, premio nobel de economía, que hoy es imposible sostener empírica e intelectualmente que los mercados pueden autorregularse y generar equidad. Para resolver la problemática descrita, la sociedad civil propone que el Estado debe recuperar la rectoría de la administración de la salud, con un sistema público descentralizado, que organice el territorio nacional en territorios epidemiológicos de salud, con una lógica de lo público distinta a la del sistema nacional de salud que antecedió a la ley 100 de 1993, que dicho sea de paso, no era un sistema nacional en la medida que la atención de la población allí estaba fragmentada. En esta concepción de lo público, se superan las propuestas estatistas de que la administración de la salud deba ser asumida por las secretarías de salud o los entes territoriales ya que allí se encuentran enquistadas lógicas clientelares que posibilitan la corrupción. Se plantea es una propuesta que reconfigura el territorio conforme a los elementos epidemiológicos, cuya administración estaría a cargo de un consejo territorial en donde converge el Estado y representantes de la sociedad civil ( pacientes, trabajadores, sectores productivos, universidades), soportados en equipos técnicos de alto nivel que apoyen la conformación de la red de prestación de servicios de salud en un sistema de referencia y contrarreferencia, un modelo de atención primaria en salud y la gestión de los determinantes sociales de la salud. Estos consejos gozarán de un sistema de información en línea que permita a la ciudadanía hacer seguimiento al flujo de los recursos y los resultados en salud del modelo implementado. Contará con el acompañamiento con voz pero sin voto de un delgado del Contralor General de la Nación, del Procurador General, el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Salud. A esta propuesta se han presentado objeciones como por ejemplo, que resulta contradictorio que se proponga que el Estado sea a la vez administrador y regulador. Tal contradicción no existe, dado que el Estado permanentemente asume estas funciones al unísono, por ejemplo en la actualidad el Estado es el administrador del Adres, y previamente del Fosyga, y a la vez opera como regulador a través de medidas expedidas desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Otro asunto es la independencia que deben tener los organismos de Inspección, Vigilancia y Control, del Ministerio Público, y los organismos de la Justicia frente a la rama ejecutiva. Al evento en donde se expusieron a profundidad estas propuestas, se presentó personalmente el Candidato a la Presidencia Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana, y las Campañas de Gustavo Petro y Humberto de la Calle enviaron delegados en su representación, también se hizo presente el Movimiento Cristiano Colombia Justa Libre y el Partido Verde a través de uno de sus cabezas de lista regionales al Congreso de la República. No asistieron ni enviaron delegación las Candidaturas de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas Lleras, Alejandro Ordoñez, Sergio Fajardo, Piedad Córdoba y Timochenko. Las campañas asistentes se comprometieron con el impulso y contribución de la trasformación del sistema de salud.

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