Sociedades científicas plantean lineamientos para reforma a la salud Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@sanvicentefundacion.com L a crisis del sector de la salud en Colombia parece haber llegado a un punto en donde no se encuentran salidas efectivas o podríamos estar ad portas de una debacle por inercia estatal en aplicar correctivos. De ahí que, aprovechando tal vez que este año será esencialmente electoral, desde diversos sectores de la sociedad 2018 comenzó con la divulgación de propuestas que pretenden llamar la atención de la clase política sobre los principales aspectos donde se generan los puntos de quiebre que han llevado a la crisis, pero también con el objetivo un poco idealista, que los candidatos ya sea a corporaciones legislativas o a la presidencia de la república, recojan estos planteamientos y los incorporen en sus programas de gobierno o en sus planes de accionar en el Congreso. Uno de los pronunciamientos dado a conocer es el de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que recoge no solo el sentir de esta entidad, sino el de muchas de las profesiones de la salud, con lo cual se puede considerar como un compendio interesante de la visión de un significativo grupo de ciudadanos cualificados en el tema, pero ante todo centrado en el trato digno al talento humano en salud y el reconocimiento justo a su papel dentro del proceso de la salud. En líneas generales la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas - ACSC - considera que el estado actual del sistema de salud amerita un análisis crítico y el planteamiento de una normatividad que desarrolle y sobre todo ponga en práctica la ley Estatutaria en Salud. En comunicado firmado por el doctor Ricardo Navarro Vargas, Presidente de la asociación se exponen los cinco principios básicos que para ellos deben tenerse en cuenta en el actual sistema de salud y en la regulación que se pretenda realizar. El primer punto es radical: “No a la intermediación. No debe existir intermediación en el sistema de salud, por lo tanto debe garantizarse que los recursos se destinen a la atención de pacientes y al pago del talento humano en salud”. Precisamente es sobre la laboralización del personal en salud que reza el segundo de los aspectos del comunicado: “Debe propenderse por la laboralización del talento humano en salud en condiciones dignas y justas bajo los postulados de trabajo decente de la OIT. Esta vinculación que garantiza el respeto por las garantías del personal en salud, evitaría la desastrosa situación de atraso en los pagos a talento humano en general. Laboralización digna con indicadores de desempeño mantendría un buen desempeño y calidad en el servicio y permita garantizar espacios para la educación continua”. El tercer aspecto básico a considerar señala: “Protección a la profesión médica por parte de las autoridades nacionales por violación de sus derechos. Los médicos prestan sus servicios en el país, son el eslabón de la cadena del sistema de salud más débil y sin lugar a dudas el más desprotegido, lo cual se extiende a los demás profesionales de la salud. No existe una entidad gubernamental que en realidad vele de manera efectiva por los pagos oportunos a sus servicios, son tratados como simples proveedores, cuando tienen una inmensa responsabilidad con la población del país, superando en múltiples ocasiones limitaciones institucionales y del propio sistema”. Un cuarto principio se refiere al mayor control del estado a los actores del sistema. “Se deben realizar acciones de inspección vigilancia y control que sean contundentes, claras y efectivas por parte de las autoridades relacionadas con la alta cartera que afrontan los médicos y el personal en salud, por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Debe lucharse contra la corrupción en el sistema. Deben existir análisis y políticas enfocadas en el salvamento financiero para el pago de las deudas existentes de los prestadores con el talento humano en salud”. Finalmente el quinto principio llama por el respeto de la Ley Estatutaria en Salud: “El sistema debe ser reformado de manera estructural y consideramos que debe ser a través de leyes ordinarias que permitan un amplio debate que desarrolle la Ley Estatutaria en Salud”. Y agrega “Disentimos del proyecto de decreto del Ministerio de Salud, mediante el cual se pretende regular las relaciones y contratos entre entidades responsables de pago y prestadores de servicios de salud porque se aparta de las disposiciones de la ley Estatutaria que ampara las condiciones laborales justas y dignas con estabilidad. No se tiene en cuenta al cuerpo médico, no hay regulación sobre el personal en salud que presta sus servicios de manera independiente, así como tampoco establece la obligatoriedad de los pagos al mismo como requisito para los pagos directos del Estado a los prestadores, en particular a las instituciones. No se prohíben las prácticas perversas de descuentos anticipados sobre los honorarios médicos por concepto de glosas, que en realidad deben asumir las instituciones de prestación de servicios”. “Nos preocupa que la propuesta regulatoria lleve a la transgresión de la Autonomía Médica y la consiguiente afectación de la calidad y eficiencia de los servicios como del derecho a la salud, pues debe garantizarse la creación de condiciones para el ejercicio ético, autónomo y autorregulado de los profesionales”. Para concluir, la ACSC manifiesta su respaldo a las actividades que propendan por una mejora en el sistema de salud y en la que se tenga en cuenta al personal médico.

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