El Plan Decenal, legado de Santos en salud pública Esteban Martínez - elpulso@sanvicentefundacion.com El Plan Decenal de Salud Pública es uno de los principales legados que deja el gobierno de Juan Manuel Santos. Hacen falta recursos para que los entes territoriales puedan poner en marcha lo dispuesto Un nuevo Plan Decenal de Salud Pública y una mejoría en los indicadores de este apartado son algunos de los logros de los últimos 7 años del gobierno de Juan Manuel Santos. La Ley 1438 del 2011 facultó al Ministerio de Salud y Protección social la formulación de un Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), explica Julián Vargas Jaramillo, médico especialista en salud pública. El propósito del Plan es definir “los objetivos, las metas, las acciones, los recursos, los responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento y los mecanismos de evaluación. “Ese ha sido uno de los grandes adelantos que ha tenido el país para desarrollar las políticas públicas relacionadas con la salud de su población”, dice Vargas Jaramillo. “El hecho de que se hayan fijado unos objetivos estratégicos, unas líneas operativas y unas dimensiones prioritarias transversales, mediante las cuales se ejerce todo el proceso planificado de la salud pública a nivel municipal, departamental y nacional, es un adelanto con respecto a lo que se tenía en años anteriores”, explica. Así se formularon una serie de metas como avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente, y mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Para el Ministerio de Salud, uno de los retos más grandes del plan es “afianzar el concepto de salud como resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida”. Un avance limitado Para el médico y especialista en salud pública, el PDSP representa avances frente a lo que se contaba antes. En primer lugar, se formula como una política a mediano plazo. Aunque la Ley 100 del 93 había creado el Plan de Atención Básica, “los desarrollos habían sido poco significativos”. Más adelante, la Ley 1122 del 1997 creó los Planes Nacionales de Salud Pública, pero con la limitante de que eran formulados por periodos de 4 años, dice Vargas Jaramillo. “Ahora se amplió la mirada a periodos de 10 años por lo que pueden trascender a los periodos de gobierno en los tres escenarios territoriales de planificación”, añade. A su juicio, esto representa un avance importante porque trasciende la influencia de los periodos de gobierno y permiten la formulación de políticas y estrategias a mediano y largo plazo. Además, se formuló con una serie de enfoques de derechos diferenciales: ciclo de vida, género y étnicos, entre otros. Asimismo, se incorpora el modelo de los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones, situaciones o circunstancias sociales que ejercen influencia sobre la salud de la población. Sus dimensiones fueron salud ambiental; convivencias social y salud mental; seguridad alimentaria y nutricional; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; vida saludable y enfermedades transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; vida saludable y condiciones no transmisibles y, finalmente, salud y ámbito laboral, todas estructuradas en el marco de dos dimensiones transversales: la gestión diferencial de las poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. La ejecución, el punto débil Aunque Vargas Jaramillo no se compromete con un porcentaje de ejecución del PDSP, afirma que uno de los obstáculos más difíciles de salvar es la descentralización. En esa medida, los municipios de categoría especial o superiores cuentan con más recursos para llevar a cabo las actividades dispuestas por el plan. “No así los municipios de 4.a, 5.a y 6.a categoría que con recursos exiguos tienen que responder a múltiples exigencias y definitivamente el alcance de las acciones que se desarrollan en función de la población se verán mermados”, indica. Califica de “inmensamente preocupante” el hecho de que, si bien el país se acogió a los conceptos de la OMS y la OPS en cuanto a la reorientación de los servicios de salud, el fortalecimiento de la participación social y la dinamización de la acción intersectorial por la salud, el desarrollo de estos propósitos sigue siendo limitado. “En lo que tiene que ver en la reorientación de los servicios de salud, todos somos testigos de la negación constante que un sistema basado en las leyes del mercado les hace a los individuos para acceder al mayor nivel de servicios de salud posible”, y añade que “mientras exista un modelo de salud basado en la transacción de venta de servicios y no se piense en las necesidades de la población, eso será un fracaso”. Frente a la participación comunitaria, afirma que esta se ha dado de una manera paternalista, y cuando se plantea la necesidad de una acción intersectorial, afirma que el sector salud “es muy tímido y endogámico” para vincular a otros sectores del desarrollo. Aunque la constitución consagre unas garantías para los territorios, es necesario que los entes territoriales cuenten con los recursos necesarios para implementar los postulados entregados en los planes, programas y proyectos que desde el gobierno se vienen impulsando. “Desde que se siga manteniendo ese ‘orden establecido’, bajo el modelo que nos viene gobernando en materia de salud, los resultados van a seguir siendo los mismos: segmentación en la población y fragmentación innecesaria de los servicios que no se traducen en mejores condiciones y bienestar para la población”, concluye. Más información... 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