MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 227 AGOSTO DEL AÑO 2017    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

 
La revolución invisible
Esteban Martínez - elpulso@sanvicentefundacion.com
Siete años del gobierno de Juan Manuel Santos dejan un balance insatisfactorio para algunos sectores de la salud. Desde denuncias por millonarios desfalcos, pasando por la crisis, intervención y posterior liquidación de algunas EPS, hasta la promulgación de decretos que les exigen unos recursos mínimos que les garanticen viabilidad financiera, el aseguramiento ha vivido unos años agitados.

Así lo recuerda Jaime Arias Ramírez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien señala que pocos meses después de haberse posesionado el gobierno Santos, denunció un desfalco por más de 4 billones de pesos, “lo que le representó para el sistema en general una caída en la reputación”.



Ello ocurrió en mayo del 2011, cuando el presidente reveló que en el sector de la salud “una verdadera mafia se estaba robando los recursos de los colombianos” por pagos indebidos, tutelas falsas, cobros de medicamentos con valor superior a los del mercado, recobro con cédulas falsas o de personas fallecidas, así como irregularidades en el recobro que realizaban algunas EPS al Fosyga.

A pesar de la gravedad de la denuncia, la relación entre las EPS y el gobierno se recompuso en los últimos años. Así lo reconoce Arias, quien dice que con la llegada del ministro Alejandro Gaviria se han impartido directrices “coherentes y eficaces que han permitido que el sistema funcione”.

De acuerdo con el directivo de Acemi, el gobierno ha tratado de buscar recursos para sanear las finanzas del sistema. Aunque las considera “paliativas, han ayudado a que se recupere la confianza en el sistema de aseguramiento”.

Habilitación financiera y Adres

Arias explica que durante estos 7 años se expidieron de decretos de habilitación financiera con el propósito de asegurar el aseguramiento en las EPS para darles unas “exigencias financieras propias de las empresas de aseguramiento sobre reservas, patrimonio mínimo y margen de solvencia”. Y así ocurrió. Partiendo de lo que establecieron las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011 en materia de la administración de riesgos en salud, el Ministerio de Salud expidió en 2014 el Decreto 2702 con el que actualizó y unificó las condiciones financieras para las EPS para que funcionaran de manera similar a como lo hacen las compañías de seguros.

El decreto fijaba unas condiciones iguales para todas las EPS entre las que se contaba con una exigencia de solvencia financiera que se reflejara en el patrimonio, unas reglas estrictas para el manejo de los recursos, un capital mínimo, reservas técnicas y margen de solvencia.

“Esa decisión fue muy dura para las EPS porque las obligó a castigar una cantidad de deudas por cobrar al Fosyga, y a capitalizar a lo largo 7 años (que luego se extendieron a 10) para tener unos patrimonios suficientes ya que todas las del régimen contributivo habían perdido patrimonios por 4 billones de pesos. Fue un saneamiento a futuro del aseguramiento”, añadió.

Jaime Alberto Peláez Quintero, especialista en economía de la Salud, destacó la creación de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La entidad, fue creada por el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de pagar las subcuentas del Fosyga, además de hacer más rápido el flujo de recursos, administrar los dineros que van Fonsaet y cubrir las Unidades de Pago por Capitación.

A juicio de Jaime Arias Ramírez, estas medidas (que todavía faltan por terminar de implementar), ayudarán a paliar los desequilibrios financieros que les generaron a las aseguradoras por la decisión de asumir los servicios no POS. “Se han tomado medidas legislativas y reglamentarias mucho más profundas que cualquier reforma estructural al sistema de salud”, dice el dirigente gremial.

Nueva política farmacéutica

Uno de los motivos de queja por parte de los actores del sistema era el alto costo de los medicamentos. Por ello, entre los momentos destacados del último gobierno, Arias destaca la expedición de normas en el PND para conformar una política farmacéutica. Esta contempló la negociación centralizada de medicamentos, con lo que los laboratorios pudieron negociar directamente con las EPS, garantizándole a unos la demanda y a los otros bajos precios. Asimismo, una política de control de precios de medicamentos con la que el gobierno podrá fijar los precios de los productos nuevos que entren al mercado nacional. Esto representa un ahorro significativo para el sistema de salud, toda vez que muchos de estos fármacos se vendían por encima de los precios de otros países de la región.

Otro elemento destacado por ambos especialistas es la creación de la Política Integral de Atención en Salud (Pais), con la que se pretende centrar la atención en las personas y no en las instituciones o entidades prestadoras de salud. Esta política contempló la creación de un componente operativo, el Modelo de Atención Integral en Salud (Mías), que busca organizar y coordinar a los actores del sistema de forma que se garantice el acceso a los servicios de salud para los ciudadanos. “Es un modelo que privilegia el aseguramiento desde la gestión del riesgo de las personas; es decir, convierte a los aseguradores en gestores del riesgo integral de los ciudadanos”, dijo el presidente ejecutivo de Acemi.

A pesar de los avances en aseguramiento, la crisis de la salud tocó a las EPS. La liquidación de Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y otras, para Arias es parte de un proceso de depuración del sistema de salud. Para él, uno de los puntos pendientes por resolver es la financiación del sistema. Aunque el gobierno buscó nuevas fuentes, no son suficientes para enfrentar la demanda de servicios y medicamentos que estaban incluidos en el no POS. A su juicio, hacen falta mayores ingresos para garantizar la prestación del servicio de salud.
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