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La revolución invisible
Esteban Martínez - elpulso@sanvicentefundacion.com |
Siete años del gobierno de Juan
Manuel Santos dejan un balance
insatisfactorio para algunos sectores
de la salud. Desde denuncias por
millonarios desfalcos, pasando por la crisis,
intervención y posterior liquidación
de algunas EPS, hasta la promulgación
de decretos que les exigen unos recursos
mínimos que les garanticen viabilidad
financiera, el aseguramiento ha vivido
unos años agitados.
Así lo recuerda Jaime Arias Ramírez, presidente
ejecutivo de la Asociación Colombiana
de Empresas de Medicina Integral
(Acemi), quien señala que pocos meses
después de haberse posesionado el gobierno
Santos, denunció un desfalco por
más de 4 billones de pesos, “lo que le representó
para el sistema en general una
caída en la reputación”.
Ello ocurrió en mayo del 2011, cuando
el presidente reveló que en el sector de
la salud “una verdadera mafia se estaba
robando los recursos de los colombianos”
por pagos indebidos, tutelas falsas,
cobros de medicamentos con valor superior
a los del mercado, recobro con cédulas
falsas o de personas fallecidas, así
como irregularidades en el recobro que
realizaban algunas EPS al Fosyga.
A pesar de la gravedad de la denuncia,
la relación entre las EPS y el gobierno
se recompuso en los últimos años. Así
lo reconoce Arias, quien dice que con la
llegada del ministro Alejandro Gaviria se
han impartido directrices “coherentes y
eficaces que han permitido que el sistema
funcione”.
De acuerdo con el directivo de Acemi, el
gobierno ha tratado de buscar recursos
para sanear las finanzas del sistema.
Aunque las considera “paliativas, han
ayudado a que se recupere la confianza
en el sistema de aseguramiento”.
Habilitación financiera y Adres
Arias explica que durante estos 7 años
se expidieron de decretos de habilitación
financiera con el propósito de asegurar
el aseguramiento en las EPS para darles
unas “exigencias financieras propias de
las empresas de aseguramiento sobre
reservas, patrimonio mínimo y margen
de solvencia”. Y así ocurrió. Partiendo
de lo que establecieron las leyes 100 de
1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011 en
materia de la administración de riesgos
en salud, el Ministerio de Salud expidió
en 2014 el Decreto 2702 con el que actualizó
y unificó las condiciones financieras
para las EPS para que funcionaran
de manera similar a como lo hacen las
compañías de seguros.
El decreto fijaba unas condiciones iguales
para todas las EPS entre las que se
contaba con una exigencia de solvencia
financiera que se reflejara en el patrimonio,
unas reglas estrictas para el manejo
de los recursos, un capital mínimo, reservas
técnicas y margen de solvencia.
“Esa decisión fue muy dura para las EPS
porque las obligó a castigar una cantidad
de deudas por cobrar al Fosyga, y a capitalizar
a lo largo 7 años (que luego se
extendieron a 10) para tener unos patrimonios
suficientes ya que todas las del régimen contributivo habían perdido patrimonios
por 4 billones de pesos. Fue un
saneamiento a futuro del aseguramiento”,
añadió.
Jaime Alberto Peláez Quintero, especialista
en economía de la Salud, destacó la
creación de la Administradora de Recursos
del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Adres). La entidad, fue
creada por el Plan Nacional de Desarrollo
con el fin de pagar las subcuentas del
Fosyga, además de hacer más rápido el
flujo de recursos, administrar los dineros
que van Fonsaet y cubrir las Unidades de
Pago por Capitación.
A juicio de Jaime Arias Ramírez, estas
medidas (que todavía faltan por terminar
de implementar), ayudarán a paliar los
desequilibrios financieros que les generaron
a las aseguradoras por la decisión
de asumir los servicios no POS. “Se han
tomado medidas legislativas y reglamentarias
mucho más profundas que cualquier
reforma estructural al sistema de
salud”, dice el dirigente gremial.
Nueva política farmacéutica
Uno de los motivos de queja por parte de
los actores del sistema era el alto costo
de los medicamentos. Por ello, entre
los momentos destacados del último
gobierno, Arias destaca la expedición de
normas en el PND para conformar una
política farmacéutica. Esta contempló la
negociación centralizada de medicamentos,
con lo que los laboratorios pudieron
negociar directamente con las EPS, garantizándole
a unos la demanda y a los
otros bajos precios. Asimismo, una política
de control de precios de medicamentos
con la que el gobierno podrá fijar los
precios de los productos nuevos que entren
al mercado nacional. Esto representa
un ahorro significativo para el sistema
de salud, toda vez que muchos de estos
fármacos se vendían por encima de los
precios de otros países de la región.
Otro elemento destacado por ambos especialistas
es la creación de la Política
Integral de Atención en Salud (Pais), con
la que se pretende centrar la atención
en las personas y no en las instituciones
o entidades prestadoras de salud.
Esta política contempló la creación de
un componente operativo, el Modelo de
Atención Integral en Salud (Mías), que
busca organizar y coordinar a los actores
del sistema de forma que se garantice
el acceso a los servicios de salud para
los ciudadanos. “Es un modelo que privilegia
el aseguramiento desde la gestión
del riesgo de las personas; es decir, convierte
a los aseguradores en gestores del
riesgo integral de los ciudadanos”, dijo el
presidente ejecutivo de Acemi.
A pesar de los avances en aseguramiento,
la crisis de la salud tocó a las EPS.
La liquidación de Saludcoop, Cafesalud,
Caprecom y otras, para Arias es parte de
un proceso de depuración del sistema
de salud. Para él, uno de los puntos pendientes
por resolver es la financiación
del sistema. Aunque el gobierno buscó
nuevas fuentes, no son suficientes para
enfrentar la demanda de servicios y medicamentos
que estaban incluidos en el
no POS. A su juicio, hacen falta mayores
ingresos para garantizar la prestación
del servicio de salud.
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