La deuda de los entes territoriales ¿multicausal? Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com La cifra gira alrededor de los 2 billones de pesos, y, de acuerdo con Carlos Humberto Arango, director de la Fundación Salutia y asesor de la Federación Nacional de Departamentos en el tema de salud, el 65% de la cartera recae sobre Antioquia (el principal moroso y responsable de una tercera parte del total de la deuda), Valle, Bolívar, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. La deuda ha crecido de tal forma que las fuentes de financiación se volvieron insuficientes para los entes. Carlos Humberto Arango explicó que los recursos del sector salud del Sistema General de Participaciones, SGP (el 10% del total), que según la Resolución 1479 de 2015, deben ser destinados por los departamentos y distritos al cobro y pago de servicios y tecnologías por fuera del POS para los afiliados al Régimen Subsidiado y para las personas pobres no afiliadas al sistema, no son suficientes. El valor del No POS ha superado ese 10%. “La Gobernación de Antioquia, por ejemplo, tiene una enorme deuda con varias entidades, porque no le alcanza los recursos”. El doctor Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia - AESA, ha sido unos de los que ha hecho pública la solicitud de eliminar esa responsabilidad a las entidades territoriales y la asuma directamente la Nación. Sin embargo, para Arango, el director de Salutia, también hay otra explicación: la corrupción del sistema. Afirmación que comparte Germán Reyes, presidente en Antioquia de la Asociación Médica Sindical, quien dijo que “el sector tiene una gran desgracia, y es que todo el que llega aquí llega a ver qué tajada coge”. Según un informe divulgado el 25 de mayo pasado por la Contraloría General de República, solo en siete casos sobre los que cursan investigaciones hay pérdidas por cerca de 90.000 millones de pesos, mientras el Ministerio de Hacienda (apenas entre el 2009 y el 2016) ha tomado 96 medidas correctivas por el uso indebido de estos recursos. Entre los casos, la institución destaca los carteles de la hemofilia en Córdoba, Bolívar y Sucre. En el primero, se encontró que pacientes beneficiados con el pago y suministro del medicamento No POS denominado Factor VIII no sufrían de la enfermedad y otros que sí la padecían no tuvieron acceso al fármaco ni recibieron tratamiento oportuno. En Córdoba, una auditoría de la Contraloría halló pérdidas por 50.000 millones de pesos por dichos recobros. Mientras que en Bolívar la situación no fue muy distinta: el detrimento asciende a los 25.000 millones de pesos, e igual para Sucre, donde este fue de 2.900 millones. El organismo detectó otras irregularidades como beneficios a personas con capacidad de pago que están siendo subsidiadas en salud, la ausencia de registros consolidados de personas pobres no afiliadas al sistema (atendidas con cargos a los registros del SGP) y el uso de los recursos de salud pública para el pago de gastos de funcionamiento en salud de las entidades territoriales. Según su análisis, si bien algunos entes logran la meta nacional, “se sigue evidenciado a nivel departamental y municipal grandes brechas y desigualdades”. Así es como de los 1122 municipios con información disponible, más de 500 no cumplieron las metas proyectadas en los tres ítems. La administración de recursos para prestación de servicios de Salud la efectúan los 32 departamentos, 6 distritos y los más de 420 municipios certificados anualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prestación de servicios. Desde el 2008 hasta 2016, 53 municipios certificados han perdido su certificación, pasando de 473 a 420 municipios. Por esto el documento sugiere que “debe haber un cambio en el modelo o forma en que las entidades territoriales asumen esta competencia, pues son mucho menos eficientes que las EPS en la gestión de los servicios de salud. Lo que se traduce en sobre costos para el erario y el no cumplimiento del principio de economía de la gestión fiscal”. Lo anterior, es una contraposición a la convicción de algunos sectores de salud, que creen que parte del fracaso económico tiene que ver con que las entidades territoriales han perdido competencias administrativas y reducido el presupuesto para el gasto social. Para el doctor Luis Alberto Martínez la deuda de los entes territoriales tiene más que ver con la disminución de los recursos, que resulta en la competencia ineficaz de sus funciones; y una regla fiscal que les impide exceder determinado porcentaje en el gasto social. Por eso, al final, los entes territoriales terminan sugiriendo puntos encima del IPC y la recuperación de la autonomía y capacidad de ser local. Asimismo, frente al tema del No POS, se debe tratar de racionalizar el plan de beneficios y los mecanismos para la actualización.   Más información... El pago del No POS por parte de los territorios está en el limbo En la última Cumbre de Gobernadores, que tuvo lugar en Coveñas a comienzos de marzo pasado, los dirigentes compartieron una inquietud: si con la Ley Estatutaria desaparece el concepto del No POS, ... IPS y pacientes, los dolientes Según Juan Édgar Marín, gerente de la IPS Serviucis y vocero de Somos 14 más 1, aunque no ha habido una comunicación oficial a los hospitales de la alianza, la interpretación “errónea” de Luis Pérez sobre la ... La deuda de los entes territoriales ¿multicausal? 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