MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 16    No. 225 JUNIO DEL AÑO 2017    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

 
IPS y pacientes, los dolientes
Redacción EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com
Lo que comenzó como una inquietud ahora deja
graves secuelas en el sistema.?
Según Juan Édgar Marín, gerente de la IPS Serviucis y vocero de Somos 14 más 1, aunque no ha habido una comunicación oficial a los hospitales de la alianza, la interpretación “errónea” de Luis Pérez sobre la Estatutaria se está cumpliendo, y se ve reflejado en un incremento de la deuda del departamento.
De acuerdo con el gerente, mientras en diciembre de 2014 la cartera de Antioquia a los miembros de Somos 14 más 1 era de 43 mil millones de pesos, en diciembre del año pasado alcanzó los $110 mil millones y al 30 de abril de este año, ascendió a $114.500 millones, con una morosidad de 748 días, convirtiéndose así en el actor que tiene la deuda más antigua con estas clínicas y hospitales y el cuarto en cantidad, después de Savia Salud, que les debe 476 mil millones de pesos, Coomeva ($224 mil millones) y Nueva EPS ($187 mil millones).
Marín insiste en que la responsabilidad de los servicios No POS en el Subsidiado y en la población pobre no asegurada “es del departamento”, y siente que éste los está dejando “muy solos” en la atención. “Estamos haciendo solos la fuerza, cuando para todos debería primar la vida y la condición humana de los pacientes”, denuncia.
Al respecto, Denis Silva, presidente de Pacientes Colombia, manifiesta que para su organización los gobernadores están interpretando mal la Ley Estatutaria, que siguen siendo responsables de sus funciones respecto al Régimen Subsidiado.
Dice que “se ha agravado enormemente la situación para los pacientes”. Muchas IPS dejan de prestar los servicios argumentando que no solo las EPS sino también los entes han dejado de pagar.
“Abiertamente, las organizaciones de pacientes con enfermedades de alto costo hablan de una política de no prestación de los servicios porque el ente territorial no les paga”, denuncia Silva. Comenta que reflejo de ello es un incremento este año en el número de tutelas provenientes del Subsidiado.
Aunque las cifras están pendientes de aparecer en un próximo informe de la Defensoría del Pueblo, Dora Nelly Graciano, que sigue el tema de salud en las Veedurías Ciudadanas coincide con Silva en que “vemos que cada vez más los pacientes se quedan sin sus medicamentos en el Régimen Contributivo, pero sobre todo en el Subsidiado a cuyos pacientes ya no les están autorizando las órdenes porque les dicen que ya no existe el No POS”.
Justamente el 29 de marzo pasado,
en reunión con los ministros de Hacienda
(Mauricio Cárdenas) y de Salud, el director de la
Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano,
y los gobernadores de Santander, Valle del Cauca,
Atlántico, Caldas, Quindío y Meta, insistieron
en la “urgencia de los departamentos para que el
Gobierno Nacional sea el que asuma la
deuda del No POS”.
Por su parte, Claudia Orrego, directora de la Fundación Fundayama, que acoge a 2.150 pacientes con cáncer en Medellín, dice que cuando los entes no pagan lo que termina sucediendo es que engañan al paciente: “Las EPS y las IPS les programan la cita o las autorizaciones, y cuando se acerca el tiempo se las cancelan sin decirles por qué. Lo que sabemos es que lo hacen porque no les han pagado, pero no detienen los procesos para no romper relaciones del todo con quienes les deben”.
Hablan los Departamentos
Un mes después de la última comunicación con el Ministerio de Salud, la Gobernación de Antioquia se mantiene en su posición: “El Ministerio ha respondido con una argumentación que no compartimos.
Este no es un tema de conceptos, sino de lo que la ley orgánica dice: que no existe el POS, y si no existe el POS entonces no tenemos sustento para seguir pagando los No POS del Régimen Subsidiado”, asevera Carlos Mario Montoya, secretario encargado de Salud de Antioquia.
En ese sentido, continúa, lo que han solicitado a las IPS es que sigan enviando sus facturas al Ministerio de Salud y no al departamento, y si llegan a estos despachos, “inmediatamente las reenviamos a Bogotá”, advierte Montoya, que desconoce si el Ministerio está haciendo los pagos, como esperarían.
Hasta ahora no se han presentado impactos en la atención y prestación de servicios. Más bien, concluye, “hemos venido socializando esto en la Federación Nacional de Departamentos y muchos han acogido nuestra tesis”.
Justamente el 29 de marzo pasado, en reunión con los ministros de Hacienda y de Salud, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, y los gobernadores de Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Caldas, Quindío y Meta, insistieron en la “urgencia de los departamentos para que el Gobierno Nacional sea el que asuma la deuda del No POS”.
En ese encuentro, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, manifestó que los departamentos deben aproximadamente unos 500 mil millones de pesos de cuentas del No POS, y aunque espera que hacia futuro sean los departamentos los que las paguen, “las deudas enormes acumuladas sean asumidas por el Gobierno”.
Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, mencionó que es el Gobierno es el que debe asumir la deuda “para que los departamentos puedan atender los temas de salud pública que les competen”.
Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, solicita lo mismo. Le escribió al Ministro de Salud sugiriéndole que incluya las cuentas del No POS del Régimen Subsidiado en el Mipres, el aplicativo con el que en adelante se prescribirán en el Contributivo las tecnologías y servicios que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud.
Aunque hasta ahora no ha habido ningún avance en esa propuesta, Lesmes asegura que está pasando por la misma dificultad de Antioquia: “tener cuentas por pagar sin tener una fuente precisa de recursos”, y que si bien este año su departamento ha pagado 23.000 millones de pesos de la deuda que tienen en salud (de $360.000 millones solo en No POS), “ya no tenemos los recursos para pagar más”.
La secretaria afirma que lo que quisiera el ente es abonar a la deuda anterior a la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria (febrero pasado), pero que lo restante corra por cuenta de la Nación, a través del Mipres. Mientras tanto, concluye ella, el Valle trabaja para evitar que suba aún más la deuda del No POS.
Lo claro en esta situación es que los pacientes son los más afectados cuando se dilata su atención y en muchos casos dejan de recibirla. La cuestión entonces es definir quién se hace cargos de las onerosas deudas que ha dejado el sistema.
 
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