En Colombia: hospitales liquidados, intervenidos o con cierre de servicios por crisis financiera “Liquidar hospitales y EPS sin transformar el sistema, necedad que no resuelve la crisis” Luis Alberto Martínez Saldarriaga Odontólogo, Magíster en Administración. Director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia -Aesa- elpulso@sanvicentefundacion.com Este período gubernamental que termina el próximo 31 de diciembre, pasará a la historia de Antioquia como aquel en el cual más se liquidaron hospitales públicos: se liquidaron 6 hospitales (los de Abriaquí, Puerto Berrío, Santa Rosa de Osos, Zaragoza y Apartadó) por las dificultades financieras, originadas en gran medida por falta de pagos de la intermediación. La secretaria de Salud de Antioquia, Luz María Agudelo, afirmaba: “Las condiciones financieras por las que atraviesan las Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento son una barrera que limita aún más la capacidad resolutiva de estas organizaciones y la disponibilidad de recursos para una atención adecuada de la población. Las dificultades para corregir un gasto que en muchos casos supera los ingresos por recaudo, afectados por una cartera creciente de poca rotación y de difícil cobro, genera un círculo vicioso que se debe intervenir en forma urgente”. La cura, peor que la enfermedad Las liquidaciones de estos hospitales se presentaron como “soluciones definitivas”, sin embargo la afectación de servicios continúa: cierres de servicios temporales en los hospitales de Puerto Berrío y Apartadó por renuncias y falta de pagos al personal asistencial, y la insatisfacción de la población en Abriaquí por falta de oportunidad en la prestación de servicios, son solo una muestra de que la cura no fue tal. La liquidación de hospitales públicos siempre es más costosa que su saneamiento, porque hay que pagar indemnizaciones a empleados de carrera administrativa, gastos de liquidación, demandas y demás contingencias, más pasivos que deje el hospital, mientras que el saneamiento solo debe pagar los pasivos; por ejemplo: en 2013 liquidar 5 hospitales públicos de Antioquia costaba $21.600 millones y sanearlos costaba $12.500 millones. ¿Por qué se asume la decisión más costosa? Al parecer porque con la liquidación el gobierno nacional y entes territoriales pretenden “quitarse” una obligación que es suya y no volver a invertir en prestación de servicios de salud, so pretexto de mantener la sostenibilidad fiscal, y dejando al sector privado y al mercado esa responsabilidad. Medidas del gobierno para solucionar crisis de la salud El gobierno nacional queriéndose anticipar a la visibilización de la crisis de la salud realizada a mediados de julio de 2015 mediante plantones y marchas de protesta en todo el país, con anuncios grandilocuentes sacó el denominado “Plan de Choque”, que incluía liberación de recursos de cajas de compensación familiar por $350.000 millones aproximadamente para que éstas cancelaran las deudas generadas por sus programas de EPS. Asimismo destinaba alrededor de $1 billón para hacer créditos blandos a EPS e IPS, se autorizaba una compra extraordinaria de cartera y Supersalud endurecería la inspección, vigilancia y control, especialmente en la conciliación de deudas. Hoy 4 meses después, dichas medidas no solo demostraron ser insuficientes sino tardías: en Antioquia, la Caja de Compensación Familiar Comfenalco no ha pagado un peso, pese a anunciar públicamente que se pondría al día. De los créditos blandos se le prestó $71.500 millones a la EPS Savia Salud, que como todas, planteó enormes descuentos para abonar a la deuda con los prestadores, la cual supera los $370.000 millones. Este abono es un respiro para hospitales y clínicas, pero es insuficiente. El Ministerio de Salud mediante resolución suspendió la compra de cartera, pues se agotaron los recursos: “Que para la mencionada compra directa de cartera, se recibieron 108 solicitudes por $58.647.125.222, de las cuales 27 solicitudes con IPS privadas por $26.416.082.488 fueron devueltas dada la limitación de recursos en la Subcuenta de Garantías para la Salud que impiden garantizar el pago de las mismas, en lo que resta de 2015”. En otras palabras, “se estaba mercando con tarjeta de crédito y el cupo se superó”. Así las cosas, el Plan de Choque no mostró eficacia, principalmente porque no se están incluyendo recursos nuevos para pagar deuda del pasado, simplemente se están prestando a las EPS muy pocos recursos, sobre futuras UPC. Otras medidas del gobierno son liquidar EPS como Caprecom y SaludCoop, trasladando los afiliados a otras aseguradoras, ensayo probado antes en ciudades como Medellín, donde salieron EPS como Comfenalco Antioquia, Caprecom, Comfama, Cafesalud, y la situación no mejoró sustancialmente. Ello evidencia que cambiar la figura jurídica del intermediario financiero en salud no cambia el funcionamiento del “sistema de salud”. ¿Qué hacer entonces? Se requiere que el gobierno nacional deje de soslayar la crisis existente y asuma la conducción del sistema de salud, bajo 2 perspectivas: La inmediata para la coyuntura, debe incluir medidas como: acelerar investigaciones sobre desvíos de recursos en el sistema; el Estado debe asumir deudas que las EPS no puedan pagar, sin dejar de lado las actuaciones contra propietarios de EPS liquidadas o en proceso (para esto se incluiría un artículo en la Ley de Endeudamiento); establecer giro directo en el régimen contributivo para todas las EPS, de manera similar a como opera en régimen subsidiado, con vigilancia de pagos a través de una “ventanilla única”; y desarrollar planes de saneamiento financiero en prestadores que busquen su recuperación, no su liquidación o la no atención de la población. En el corto y mediano plazo, las medidas propuestas son: reglamentar la Ley 1438/11, especialmente en organización de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), bajo la estrategia de la Atención Primaria en Salud (habrá que fortalecer Secretarías de Salud Departamentales en ordenamiento de oferta de servicios y estructuración de RISS público-privadas); propiciar espacios de discusión y propuestas de transformación del sistema de salud en uno que sí garantice el goce efectivo del derecho, el cuidado integral de la población y protección de recursos; construir escenarios para mejorar la eficiencia en gestión del Seguro Público Nacional de Salud; hacer leyes ordinarias y orgánicas que desarrollen la Ley Estatutaria en Salud; desarrollar Política de fortalecimiento hospitalario, consecuente con la Ley Estatutaria, quitar comercialización mínimo en el primer nivel de atención, donde se defina capacidad instalada según necesidades de la población, con paquete básico de servicios y sin costo de transacción que no agregan valor a la atención. Finalmente, insistir en que un “sistema de salud” basado en mercantilización de servicios es una necedad, insostenible financieramente, que sigue atentando contra la dignidad humana y nos aleja cada día más de tener un país con equidad, justicia social y garante de derechos.   Más información... 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