El actual gobierno no puede ser inferior a su compromiso histórico con la supervivencia y fortalecimiento de las clínicas y hospitales colombianos. En este fin y principio de año, hay que reiterarle al gobierno que si no extiende su mano a los centros asistenciales del país y si no hace los cambios urgentes que aseguren su permanencia en el tiempo, en 2016 padeceremos la agudización fatal de la crisis hospitalaria y no pocos cerrarán sus puertas.
Un hospital no se cierra de tajo, de un día para otro. Los hospitales, como buenos pacientes, van languideciendo en silencio. Es más: muchos claman un auxilio cuando ya poco o nada se puede hacer, a fuerza de aguantar a la espera de soluciones que no llegan. Y la gente que los necesita, no percibe esas situaciones límite en los hospitales, porque fieles a su misión, estos no dejan de atender a sus pacientes; puede que los atiendan con retraso, pero no los dejan tirados con su dolor y enfermedad. Por eso muchas veces ni los pacientes ni la comunidad, sienten que su hospital esté muriendo.
Por todo esto, el país entero no se ha levantado contra el gobierno a exigirle soluciones a las crisis de sus hospitales. Pero precisamente por ello, Colombia no puede esperar a que todo el sector hospitalario llegue al borde del abismo, donde ya hay un buen número. Baste recordar no más el querido Hospital Universitario del Valle, todavía en el filo de la navaja, en espera angustiosa de recursos para seguir funcionando. Su misión es atender en la alta complejidad a la población más pobre y vulnerable de 7 departamentos del suroccidente con 11 millones de habitantes, casi 25% de la población colombiana.
Para defenderlo, los estudiantes universitarios son los primeros guardianes; si no fuera por ellos, quizás Cali, el Valle y el país, ya habrían dejado morir al Hospital. Ellos han parado el tráfico en Cali, viajaron hasta el Ministerio de Salud en Bogotá, han hecho conciertos, “donatones” y mil actos de generosidad con su Hospital. Y seguirán ahí hasta que el gobierno escuche y entienda, hasta que los nuevos gobernantes del Valle y de Cali dimensionen realmente cuánto necesita el Valle y el país a su Hospital Universitario.
Pero igual de dolorosa puede ser la cotidianidad de la crisis en un hospital de pueblo, como el San Andrés de Chiriguaná en Cesar, donde al personal le adeudan 8 meses de salario, suspendió actividades y cerró servicios, y renunciaron médicos y enfermeras. El Señor Presidente, los ministros de Salud y Hacienda, el superintendente de Salud y el director de Planeación, nunca sabrán de las angustias de un enfermo del suroccidente colombiano que no puedan atender en el Hospital Universitario del Valle por falta de recursos o insumos, ni de un paciente que no atiendan en el Hospital de Chiriguaná. Por eso están insensibilizados frente al dolor de esos pacientes. No han visto que esa crisis financiera se puede tornar en una crisis sanitaria y humanitaria de grandes proporciones.
En agosto de 2013 en EL PULSO, el exsuperintendente de Salud, Conrado Gómez, advertía: “En el caso de los bancos -a diferencia del sector salud-, las entidades que intervienen se pueden ir liquidando de una vez, pero en el sector salud no se puede; hay entidades como hospitales que es imposible intervenir por mucho tiempo y generan un problema circular: no se pueden liquidar por ser lo único con que cuentan muchos municipios del país, sería castigarlos al pasarlos de tener hospitales en malas condiciones a quitarles lo poco que tienen”.
Si por la iliquidez y la cartera, sumado al incumplimiento de planes de saneamiento fiscal y financiero en hospitales públicos, el gobierno se viera obligado a intervenir y/o liquidar hospitales, habría que preguntarse si esa es una situación deseable y conveniente para el país, para los colombianos y para el mismo gobierno. ¿Está el gobierno en capacidad de entrar a intervenir para administrar y/o liquidar hospitales a lo largo y ancho del país? Ya se demostró que hay intervenciones de Supersalud en los que el remedio fue peor que la enfermedad y no lograron salvar las instituciones, sino prorrogarlas en el tiempo sin lograr los resultados esperados, mientras se decide cuál otra solución intentar.
Así como a las EPS se les dio un plazo de 7 años en el decreto 2702/14 para cumplir las condiciones de habilitación en margen de solvencia y patrimonio mínimo para mantenerse dentro del sistema, asimismo el gobierno está llamado a expedir medidas extraordinarias para sacar a los hospitales de Colombia del hueco financiero en que cayeron por la falta de pago oportuno de EPS y entidades del gobierno. Así podrán sobrevivir y fortalecer su papel dentro del sistema de salud. O si no salva los hospitales, el gobierno Santos tendrá que enfrentar un juicio histórico por incumplir el sagrado mandato constitucional de proteger la vida de los colombianos y deberá darle cristiana sepultura a un sistema de salud fallido que fracasó en la conservación de sus instituciones, una de las misiones esenciales de todos los sistemas de salud en el mundo.