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| En el caso de la EPS
SaludCoop, Supersalud considera 3 opciones con igual número
de probabilidades: levantar la intervención, liquidar
la entidad o prorrogar la intervención. Así lo
informó a EL PULSO el superintendente Gustavo Morales,
quién explicó: “Estamos analizando los pros
y contras de cada una de ellas, la razón jurídica,
el impacto sobre los usuarios, y antes de mayo habrá
una decisión definitiva del gobierno al respecto. En
el entretanto, SaludCoop sigue prestando servicios, los casi
4 millones de afiliados están ahí, de hecho en
2013 aumentó el número de afiliados en 230.000
más. Es una intervención que ha logrado mantener
la prestación de una manera que consideramos satisfactoria”. |
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El superintendente desató
una controversia al inicio del año cuando afirmó
que evaluaban opciones para levantar la intervención
“de forma ordenada y condicionada”, porque no tenía
sentido prorrogarla más: “Es una admisión
de incompetencia por parte del Estado; tampoco tiene sentido
liquidarla pues no está en causal de liquidación,
y no hay razones para acabar una unidad productiva que presta
servicio a 4 millones de afiliados”. |
Sin embargo, precisó
que la viabilidad de SaludCoop sería comprometida por
el fallo de responsabilidad fiscal de Contraloría, que
condenó a la EPS a pagar al Estado $1,4 billones: “La
tesis del interventor de SaludCoop, que comparto, es que en
esa desviación de recursos la entidad no es culpable
sino víctima. La EPS, como persona jurídica, no
decidió desviar los dineros, fueron sus administradores.
Si se le obliga a pagar esa plata al Estado, no va a tener con
qué pagar a los prestadores”.
En el recurso de reposición interpuesto ante Contraloría,
el superintendente aclaró que no se controvierte la desviación
de recursos por $1,4 billones, sino que pide revisar quiénes
son los responsables para que la decisión se circunscriba
a personas naturales que tomaron decisiones y no perjudicar
a la EPS. Así, de resolverse satisfactoriamente el recurso,
se despejaría la viabilidad de Saludcoop y podría
levantarse la intervención con las garantías de
que la EPS “no volverá a incurrir en los graves
errores en que incurrió”.
“SaludCoop no puede ser capitalizada
con recursos públicos”: Contraloría
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, calificó
como "una sugerencia" las observaciones de la contralora
Sandra Morelli sobre las razones económicas y financieras
que justifican la posible liquidación de SaludCoop, sin
afectar los servicios para sus usuarios.
La contralora insistió en que ninguna cooperativa privada,
como es SaludCoop, puede ser capitalizada con recursos públicos,
parafiscales o fiscales: “Los aportes a la salud son públicos
y se hacen por parte del Estado y los particulares, para garantizar
los derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
salud de los habitantes de Colombia. Pues bien, como así
recita el mandato constitucional, ese imperativo no puede desconocerse
ni sacrificarse. Este aspecto se recuerda en la reciente Función
de Advertencia que se envió al ministro de Salud. Allí
mismo se transcriben las normas aplicables a cooperativas que
concentran el 87% de derechos cooperados en una persona, como
es el caso de SaludCoop que, además, tiene afectaciones
en su liquidez y cartera vencida más de 200 días
y ha perdido más del 50% del patrimonio". Y concluyó
así: "En ese orden de ideas, corresponde al Superintendente
de Salud, que hace parte del gobierno, enervar causales de liquidación
o liquidar. Lo primero no puede hacerse con plata pública".
Exdirectivos de SaludCoop deben responder por $1,4 billones
En fallo de segunda instancia, la Contraloría confirmó
que el expresidente de SaludCoop, Carlos Palacino, y otros directivos
de esa EPS, deberán responder por $1,4 billones desviados
del sistema de salud: “Los recursos derivados del daño
patrimonial causado por SaludCoop y sus directivos, deberán
ser retornados al sistema de salud, pues una interpretación
distinta permitiría sanear financieramente una cooperativa
-como lo es Saludcoop- cuyos derechos patrimoniales beneficiarían
a unos particulares”.
Esta EPS cooperativa atraviesa una situación crítica
hace meses: Tiene un patrimonio por debajo del 50% del capital
social, algo contrario a la ley; acumuló pérdidas
por $1,2 billones, lo que le impide desarrollar su objeto social
y garantizar atención a los afiliados. Por ello Contraloría
advierte: “Si hubiere lugar a una liquidación, deberá
atender de manera prioritaria el pasivo con la Nación,
que incluye los tributarios y los originados en el daño
fiscal causado al sistema de salud, por $1,4 billones. Abarca
también los pasivos originados en conceptos ajenos a
la actividad misional de la EPS, como los de financiamiento,
que deberán ser satisfechos en la medida que sean terceros
de buena fe”. |
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