 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
La reforma a la salud
mediante una ley ordinaria entró en un marasmo que contrasta
con el ahínco del gobierno en defenderla y la ciudadanía
en rechazarla a fines de 2013. El receso parlamentario por navidad
algo influyó, pero la verdad es que el tema pasó
a ser abordado tras bastidores, lo que atenuó las protestas
en las calles, los pronunciamientos en pro y en contra, y los
titulares de prensa. Pero la reforma sigue un trámite
curioso: según expertos consultados por El Pulso, habrá
reforma con o sin Congreso a bordo.
Tras aprobarse el proyecto 210 en el Senado, su curso por la
Cámara mostró serios tropiezos para la intención
del gobierno de aprobarlo con celeridad, según palabras
del presidente Santos, quien lo declaró prioritario.
Lo primero: se acumularon ponencias negativas de varios representantes:
la de Martha Cecilia Ramírez, precedida por ponencia
negativa con solicitud de archivo de Gloria Stella Díaz,
Alba Luz Pinilla y Ángela Robledo, con adhesión
del representante Juan Valdés; con esto eran 5 votos
contrarios. |
| Dicen que ante la perspectiva
de una derrota en Cámara, el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, inició acercamientos que incluían la
propuesta de reducir los contenidos del proyecto de ley 210
a su mínima expresión, quitando el articulado
que generaba polémica (casi todo) y dejar los elementos
centrales, como la creación de Salud-Mía, el cambio
del POS por Mi-Plan, la creación de Gestoras en reemplazo
de las EPS y otros puntos que el gobierno consideraba fundamentales
para lograr la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
La estrategia, presentada finalizando diciembre, no logró
los frutos esperados (hasta ahora) y por el contrario envió
un mensaje desalentador al ministro: la Cámara no le
caminaría más, por lo menos en el resto de legislatura,
a la reforma a la salud. |
 |
Las razones fueron
varias, pero todas enlazadas. El proceso electoral hizo que
los representantes no consideraran oportuno enfrascarse en un
debate que les podría quitar votos; además, la
no convocatoria a extras aplazaba de todas maneras la discusión
y la trascendencia del tema hizo pensar que lo mejor era dejar
que el próximo Congreso se encargue de aprobar o hundir
completamente el articulado.
Los planes B… C... D… del
gobierno
La intención del gobierno de reformar el sistema
de salud es radical y responde a la necesidad urgente expresada
desde diferentes sectores de dar un giro al funcionamiento del
modelo; el problema es que hay visiones antagónicas y
mientras el ministro habla de la urgencia de hacer cambios,
sus propuestas parecen cosméticas a sectores que buscan
una garantía al derecho a la salud, pues desde el Ministerio
la urgencia es la sostenibilidad financiera.
Ante el panorama adverso a la reforma en el Congreso, en el
Ministerio empezaron a tejer planes paralelos para sacar adelante
la iniciativa. El primero subsiste en la intención del
ministro de reducir el articulado del proyecto y lograr su aprobación,
ya sea con los actuales miembros del Congreso o los que lleguen
a la próxima legislatura. Lo otro es reglamentar artículos
de la Ley 1438/11 que sean útiles para objetivos específicos.
Sin embargo, el gran “Plan B” del Ministerio consiste
en expedir varios decretos, resoluciones y otros actos administrativos
que pongan en funcionamiento lo que se pretendía con
la reforma, aunque 'se tenga que dar la pela' -por el momento-
con los demás cambios propuestos para el sistema. Bajo
esta estrategia, el gobierno podrá sacar adelante solo
algunas cosas, otras quedan fuera de sus alcances reglamentarios.
En pocas palabras: vía reglamentaria se establecerán
los cambios planteados en la ley, dicen los expertos..
Lo que sí se podrá sacar
adelante
- En medicamentos: Para los analistas hay consenso en
que el objetivo central de la reforma era alcanzar la sostenibilidad
financiera del sistema, tema sobre el cual el Ministerio puede
actuar vía reglamentaria, y de hecho empezó a
hacerlo, fortaleciendo el control de precios de medicamentos.
Si bien esta línea puede ayudar en algo, no va al fondo
del sistema ni lo impacta de manera suficiente, porque las medidas
tomadas no pueden modificar los Tratados de Libre Comercio ni
contrarrestan el poder de la industria farmacéutica multinacional
que impone los precios internacionales en los países
que precisamente utiliza el gobierno como referencia para regular
el mercado colombiano. |
|
El gran “Plan B”
del Ministerio consiste
en expedir decretos, resoluciones y otros actos
administrativos que pongan en funcionamiento
lo que se pretendía con la reforma.
|
En plata blanca: controlar
los precios de las medicinas puede disminuir su impacto en los
costos generales del sistema, ese control es sólo parcial,
dado que éstas ya tienen un precio alto impuesto por
las multinacionales desde sus casas matrices, escalón
de la cadena que no se controla con resoluciones ni toca los
márgenes de ganancia de la industria farmacéutica
internacional. Otro inconveniente es que si bien adoptar una
política de control de precios era una necesidad urgente,
con o sin reforma, no deja de ser un primer paso que no avanza
completamente en la dirección correcta, la cual debería
ser el estímulo fuerte con incentivos para que el país
invierta en tecnología, innovación y desarrollo
para lograr soberanía en la producción de tecnología
y medicamentos; esto sí podría disminuir costos
y garantizar la sostenibilidad financiera al sistema al controlar
un componente que como los medicamentos, es el que más
peso tiene en esta canasta.
- En EPS: En el trámite del proyecto se evidenció
que el discurso inicial de disminuir el poder de las EPS se
difuminó en un fortalecimiento de la intermediación,
pero bajo el nombre de “Gestoras”. Aunque el nombre
y la figura no cambiarán por ahora, la estrategia de
salvarlas y fortalecerlas sí puede avanzar, y acá
el Ministerio tendría un importante margen de maniobra.
El doctor Luis Alberto Martínez, director de Aesa, afirma
que el proceso ya comenzó y puso dos ejemplos: el 31
de diciembre pasado la Supersalud levantó la intervención
a Emdisalud, EPS con muchas dificultades en el sistema que dejó
enormes deudas con prestadores públicos y privados. La
medida es un salvavidas sin argumentos válidos, según
el doctor Martínez: “Con estas acciones Supersalud
ayuda al gobierno a avanzar en la legalización de la
extracción de recursos con la intermediación financiera”.
El otro ejemplo son las declaraciones del superintendente de
Salud (Gustavo Morales) sobre la posible devolución de
SaludCoop a sus dueños, con la tesis de que el detrimento
patrimonial demostrado por la Contraloría -más
de $1,4 billones-, no se le podría adjudicar a la institución
sino a unas personas -Carlos Palacino y colaboradores- y que
ellas deberían responder judicialmente mientras la empresa
vuelve a sus dueños.
- Centralización del manejo de recursos: Un primer paso
que ya se dio fue regular la operación del Fosyga con
el aumento del giro directo en el régimen contributivo.
La Ley 1608 plantea la posibilidad de que se girara directamente
desde el nivel central a los prestadores del contributivo y
especialmente en los casos de EPS intervenidas; con esto se
avanza un poco en la pretensión de centralizar los recursos
(creación de Salud-Mía).
Otras normas del “Plan B” son la reglamentación
de la movilidad y traslados entre el régimen contributivo
y el subsidiado sin perder la titularidad de la EPS según
la condición laboral del afiliado, y de la portabilidad
nacional. Además, la actualización del POS (en
camino a Mi-Plan), incentivar el cambio del modelo de atención
hacia medicina y salud familiar, aumentar la oferta de especialistas,
promover la transparencia de cuentas entre EPS e IPS, y reducir
el número de EPS para consolidar la existencia de las
más viables . |
 |
|
|
|
|
|
