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La investigación Reconstrucción del proceso
de tutela en salud, desde la perspectiva en los usuarios en
Medellín, 2002-2007, de Ruby Milena Paja, Paola
Fernanda Noguera y Diego Alexander Gómez, de la Facultad
Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,
buscó determinar la eficacia de la tutela mostrando
el recorrido de los usuarios para reclamar el derecho a la
salud, lo que pasa después de los fallos y si se cumple
o no la resolución de la necesidad del usuario.
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El estudio
se basó en entrevistas a 25 afiliados a los regímenes
contributivo y subsidiado. Se observaron varios casos con fallo
a favor del usuario: 1) La aseguradora acepta el fallo y lo
cumple. 2) La aseguradora lo impugna. 3) La aseguradora lo acata
pero se demora para cumplirlo: la resolución no siempre
es total, el usuario busca otras alternativas o ayuda particular
de servicios, sigue esperando que la aseguradora le preste el
servicio o reinicia el proceso de tutela, y otros desisten.
Las consecuencias son complicaciones en la salud, secuelas o
muerte del paciente. 4) El usuario es un actor no pasivo y busca
soluciones antes, durante y después del fallo judicial,
que generalmente implican gasto de bolsillo para resolver su
necesidad en salud; los ciudadanos no abusan de la tutela, recurren
a ésta como último recurso después de agotar
otras posibilidades de resolución.
Aunque la mayoría de decisiones judiciales son favorables
y oportunas, aseguradores y prestadores retrasan y/o acatan
parcialmente la decisión; frecuentemente no hay resolución
total o satisfactoria de la necesidad en salud por falta de
integralidad en la prestación del servicio o incumplimiento
de aseguradores y prestadores; es mecanismo gratuito, de fácil
acceso, pero implica trámites costosos al sistema judicial
y regresivos a los usuarios; y su utilización por forma
de adscripción al sistema de salud es inequitativa.
De los 25 entrevistados: en el régimen contributivo,
7 personas obtuvieron solución total y 8 resolución
parcial; en el subsidiado, 3 obtuvieron resolución total,
4 parcial y 3 ninguna. La investigación concluye que
se tutelan servicios de alto costo; que así el fallo
sea a favor del usuario, no es condición para recibir
el servicio; la tutela es en teoría gratuita, pero representa
costos al sistema judicial y al usuario. Por tanto, es necesario
avanzar en propuestas de protección poblacional y exigibilidad
colectiva del derecho a la salud que complementen el alcance
individual de la tutela.
Los investigadores proponen crear un sistema de información
unificado para registrar las negaciones de servicios, y para
ver si finalmente la acción cumple su objetivo; incentivar
la pedagogía ciudadana; y crear mecanismos colectivos
de exigibilidad de cumplimiento. |
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