Hoy la opinión pública se escandaliza por los casos acumulados de corrupción en varios sectores estratégicos para el crecimiento económico y la democracia: contratación pública (infraestructura), “Agro Ingreso Seguro” y distribución de tierras (sector rural), sistema de salud (“capital humano”), etc. Sin duda, la magnitud de lo que apenas se conoce indigna, pero mucho más cuando ya existían denuncias previas. El caso reciente del desfalco de los recursos del sistema de salud, es una prueba más de que el fenómeno de la corrupción parece un “comportamiento naturalizado” en la sociedad colombiana.
Como el asunto desborda los siempre difusos linderos sectoriales, el llamado “carrusel de la salud” servirá aquí no sólo para exponer algunas interpretaciones causales, sino para presentar además de ciertas paradojas, unas apreciaciones sobre el enfoque, diseño y funcionamiento regular del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Según la perspectiva de análisis, varias tesis buscan dar cuenta de lo que hoy se revela como uno de los mayores escándalos desde la Ley 100/93. De un lado aparecen las posiciones coyunturales que al fragor del show mediático, revelaron los ingentes recursos saqueados del sector salud. Siguiendo esta línea, lo asombroso es que no hay un consenso técnico del monto aproximado de lo que fue el botín asaltado por una red corrupta conformada entre agentes públicos y privados.
Por otro lado, visiones funcionalistas denuncian las debilidades de los entes de control y supervisión. Al respecto, se hace alusión a la negligencia misma del Estado, a la politización de dichos entes y al flagrante raquitismo de los sistemas de información pública del sistema de salud. A su vez, tesis institucionalistas concentran su atención sobre los fallos regulatorios de la política pública, así como sobre la estructura de incentivos perversos que se enquistó en el sistema de recobros al Fosyga. Este Fondo, corazón del financiamiento del SGSSS, es igualmente cuestionado en su composición y sistema de administración.
A propósito, además de la “falla ética” de los funcionarios venales, se decanta la primera paradoja respecto de los mecanismos financieros para tramitar demandas No-POS. La tutela en salud, fundada sobre el derecho fundamental a la salud, fue justamente el instrumento que sirvió de arete a los agentes corruptos para horadar el fondo de los recursos de la salud; sin esta importante conquista social y política, la crisis financiera del SGSSS tendría otra magnitud. No obstante, el quid del asunto no es -como creen muchos- la tutela en sí misma; es más bien la constatación de que la estructura institucional colombiana es aún lenta, retrógrada y conservadora para enfrentar los nuevos desafíos que implican los avances jurisprudenciales de una sociedad moderna fundada en un Estado Social de Derecho.
En este interés por conocer las causas de lo que hoy se presenta como la “punta del iceberg” del robo y la malversación de los recursos de la salud, enfoques estructuralistas esgrimen la teoría de la deformación histórica de “lo público” como uno de los males endémicos del proceso de construcción de la Nación en Colombia. La re-pública no es aquí el reflejo del “interés de todos”, defendido por la potestad del Estado, sino una entelequia donde los intereses privados en alianza con la élite detentadora del poder político, conformaron modelos corporativistas entre el Estado, los gremios económicos poderosos y algunas centrales sindicales. Esto se expresa en prácticas donde los recursos públicos se eclipsan al amparo de los grises enclaves privados, fenómeno que evoca elocuentemente la tesis de Luis Jorge Garay sobre “la captura y posterior cooptación del Estado colombiano” por intereses particulares de todo tipo.
Este rasgo particular de la sociedad colombiana ha sido un lastre histórico que pervive mimetizado en los recovecos de su estructura político-institucional. El SGSSS no fue la excepción. Particularmente, su proceso de implementación y reglamentación fue atrapado por ese sutil mecanismo de cooptación, exacerbado por un modelo propio del espíritu de la época que le otorgaba a la iniciativa privada, a la competencia y a la libre elección, un supuesto matiz bondadoso en pro de la armonía entre eficiencia y equidad.
Pero el sobre-dimensionamiento de los intereses particulares se llevó a cabo sobre una base peligrosa: el marchitamiento de “lo público”, pues éste es, per se, sinónimo de corrupción, ineficiencia y politiquería. Por lo tanto, la autoridad pública sanitaria quedó relegada a funciones de rectoría y/o modulación -sin el monopolio de la información para ejercer el control y supervisión- y al vaivén de una serie de directrices ambiguas orientadas al empoderamiento de los actores privados y al estímulo, verbigracia, de mercados oligopolizados por trasnacionales farmacéuticas.
En la actualidad, el SGSSS es un ejemplo que demuestra que la lógica de los intereses privados en la crisis secular de “lo público”, es igualmente susceptible de caer en el más bajo y abyecto mundo del saqueo y la corrupción. Empero, una segunda paradoja se deja ver a partir de lo que hoy se señala como el “negocio de la enfermedad”. Si se parte del supuesto de que los problemas estructurales, institucionales y funcionales del sistema de salud vigente fueran superados, su misma lógica de operación iría en contravía de una visión macro-estratégica de desarrollo como país. Ciertamente, el modelo estándar empresarial sobre el cual se erige el sistema de salud, funda su éxito en la curación de la enfermedad y no en la preservación y promoción de la salud. No es desconocido que en torno de la enfermedad y su prevalencia gira un boyante negocio mundial, por ejemplo, de patentes de medicamentos y de dispositivos biotecnológicos de alta gama.
En este orden de ideas, Colombia se equivocó al permitir que al amparo de un modelo asistencialista curativo, las aseguradoras compitan por estar en los primeros renglones de las 100 empresas económicas más importantes por venta de servicios. Al contrario, se requiere posicionar otras industrias que contribuyan directamente a elevar la productividad en sectores competitivos de alta innovación tecnológica, con el apoyo de un equipo humano sano, creativo y productivo. No es lo mismo un modelo de salud que tenga como eslogan “si te enfermas te curamos”, a otro que tiene como propósito mantener a las personas saludables la mayor parte de su existencia, y que una vez aparezcan las enfermedades inevitables, el sistema de salud responda igualmente de manera eficaz.
Pero todo lo anterior sólo será posible, finalmente, con la participación de una sociedad civil activa, representada por un Estado diligente y transparente que desde una racionalidad colectiva de largo aliento, dignifique lo público como el fundamento y el sentido de una sociedad organizada. Ello sin excluir la participación de aquellos actores privados que, bajo estricto control de la autoridad sanitaria, puedan garantizar con calidad y oportunidad la provisión directa de varios bienes y servicios económicos relacionados con el disfrute de los derechos humanos, entre ellos el derecho fundamental a la salud.

¡Quien lo creyera! La Comisión de Regulación en Salud (CRES), organismo creado por la Ley 1122 que introdujo algunas modificaciones al sistema de salud en 2007, que después de haber surtido un serio proceso de meritocracia al cual le apostaron los gremios, la academia y las asociaciones de usuarios y que echó a rodar apenas en junio de 2009; organismo regulador sobre el cual estaban cifradas las esperanzas de los colombianos y los agentes sanos del sector salud, viene siendo estrangulado por ligeros y tendenciosos juicios de todo orden, de contradictores en el camino, defraudados porque ésta no les sirvió a sus particulares intereses y de otros que consideraron que después de conformada, con un solo click, corregiría todas las fallas estructurales del sistema de salud que se incubaron y se encarnaron a lo largo de 15 años, porque los encargados de la dirección del sistema no actuaron, social ni responsablemente a su debido tiempo.
Es como si hubieran creado un organismo para meterle la culpa de lo que se dejó de hacer en 15 años. ¡Qué justificación tan costosa para toda la sociedad colombiana y para los que “hicieron vaca” para conformarla! ¿Cierto?
Es de tener presente que la CRES no sólo son cinco comisionados expertos que están en el paredón: este organismo también lo conforman con delegación limitada, dos ministros de gobierno -el de Hacienda y el de la Protección Social quien la preside-, así es que ellos por mandato de la ley, también deben asumir responsabilidades de comisionados y con mayor razón, su presidente, ¿o pa' qué se es presidente?
Pero eso no es todo. Al nacer, nace casi mutilada, pues lleva el titulo de “regulación”, pero la ley le asigna tareas eminentemente técnicas y no la dota de expresas funciones de regulación, entendida ésta como el actuar del Estado para activar herramientas que corrijan fallas de mercado que los agentes por sí solos, en el “lícito” actuar de sus intereses, no pueden corregir, pues la mano invisible de Adam Smith en este viciado mercado, no opera.
A este organismo mai-nato (o neonato), se le endilga que no reguló y que dejó desbordar precios, facultad con la que nunca ha contado. Vale decir que a los funcionarios públicos, no les es dado hacer lo que no está expreso en la norma. ¿Qué confusión? ¿Qué marasmo? …¿O qué injusticia?
Se podría decir que la única función de regulación que le otorgó la ley a la CRES, fue la de establecer y actualizar un sistema de tarifas, facultad que se empañó con un mandato posterior en la Ley 1153 del Plan Nacional de Desarrollo y del cual se está en discusión, en el sentido que “si al terminar el pasado mandato, la CRES retoma su función en materia de tarifas”. Pues el sentir de los afectados por los irrisorios precios y tarifas que imponen de manera dominante las EPS, es que esta facultad es per se mientras no le deroguen esta facultad y se sienten con el derecho de exigir que la ejerza… pero ahora, ¿con quién? Si la vienen acabando por sustracción de materia...
De los 5 comisionados en el primer año de conformada la CRES, pasaron a ser 4 en el segundo año, porque al que se le venció el período no fue reemplazado [habría que preguntarle al ex ministro o al ex presidente la razón del por qué], y ahora serán dos comisionados en el tercer año de existencia, porque el nominador en cabeza del Presidente de la República, no se pronuncia. ¿Qué va a pasar con este organismo que el Legislativo creó con el entusiasmo de sus proponentes? ¿Los va a reemplazar de las ternas de la lista de elegibles que adelantaron los gremios, la academia y las organizaciones de usuarios? ¿Se deben realizar nuevos concursos? De ser así, ¿quién pondría la platica o las anteriores entidades vuelven a “hacer vaca”? En fin, ¿será que vuelven a gastar en cachipollas?
El gobierno nacional tiene la responsabilidad social de responderle al sector de la salud, a los que creyeron, propusieron y cuajaron la conformación de un organismo técnico, transparente y ajeno de los intereses de los actores y agentes del sector salud, y a los que se echaron la mano al bolsillo en el proceso de elección y conformación de las ternas para la elección de los comisionados de la CRES. ¿O es que invirtieron en cachipollas?.

La novedad no tan nueva del robo de los recursos de la salud de los colombianos por funcionarios del Estado y entidades e individuos cobijados en su tolerancia, o lo que es peor, con su anuencia, me hace reflexionar sobre la gravedad del suceso, cuando veo la sorprendente similitud con un delito de lesa humanidad.
Los Crímenes de Lesa Humanidad se diferencian de otros crímenes principalmente porque reúnen 4 características:
1. Son actos generalizados, es decir, que se cometen contra un gran volumen de víctimas, ya sea por ser muchos los crímenes o por ser muchas las víctimas de un crimen.
2. Son actos sistemáticos, realizados de acuerdo con un plan o política preconcebida que permite su repetición o continuación.
3. Son actos perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan bajo su inducción o incitación o con su tolerancia, ayuda o complicidad. El sujeto activo del crimen debe ser un agente estatal o particular que trabaja para el Estado o que actúa con su apoyo, consentimiento o tolerancia.
4. Son actos dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales, significando que se dan en un contexto social, político, económico y cultural determinado.
Ahora, comparemos:
1. Los crímenes de lesa humanidad van dirigidos contra la población civil. El robo de los recursos va contra la provisión de servicios a la población civil y lo que es peor, a la más vulnerable, que no tiene otros medios para acceder a la atención de su salud.
2. El exterminio como crimen de lesa humanidad, se puede lograr despojando a las comunidades del acceso a servicios, alimentos, medicamentos o elementos básicos o imponiéndoles condiciones inhumanas de vida que los lleven a su desaparición. El robo de los recursos impide a las comunidades el acceso a servicios de salud y los somete muy frecuentemente a condiciones inhumanas, al afectar su calidad de vida. Nada más ver a pacientes de alto costo sometidos a la negación o limitación de la atención de su salud, por solo dar un ejemplo, para entender tal similitud.
3. Los crímenes de lesa humanidad se cometen como parte de un plan sistemático, general, intencional, pensado, contra la población civil. La Superintendencia de Industria y Comercio realizó una investigación contra Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SOS, Susalud, Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, EPS Sanitas, Ecoopsos, Compensar, EPS Comfenalco Antioquia, EPS Comfenalco Valle, Humana Vivir y el gremio Acemi, por prácticas comerciales restrictivas, cuyo informe radicado bajo el número 09-021413, presentado este año, mostró “…acuerdo tendiente a la negación de la prestación de los servicios de salud, ocultar o falsear la información e impedir la debida transparencia en el mercado de servicios de salud y la fijación indirecta del precio del aseguramiento en salud” [Sic] (1).
4. Los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos ya sea durante una guerra o en épocas de paz. ¿Si se reconoce el conflicto armado, estaríamos en guerra? Si no, ¿estamos en paz? De todas formas, esto no cambia las cosas.
5. Los crímenes de lesa humanidad también comprenden otros actos inhumanos e intencionales, que ocasionen sufrimientos graves, o con el mismo carácter atenten contra la integridad física y mental de las personas. El robo de los recursos de la salud y la negación de servicios de salud y medicamentos es inhumano e intencional, ocasiona sufrimientos graves, y atenta contra la integridad física y mental de las personas.
6. Los crímenes de lesa humanidad tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático; ataque, entendido como acometimiento o emprendimiento de una ofensiva, se puede aplicar a leyes y medidas administrativas. El robo de recursos y la negación de servicios de salud podrían responder a estas últimas e incluso al favorecimiento para ello por las normas que establecieron y reglamentaron el SGSSS hasta nuestros días.
7. Los crímenes de lesa humanidad son infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que agravian la conciencia ética de la humanidad y niegan el vigor y la observancia de las normas indispensables para la coexistencia humana. ¿Qué podemos decir de algo tan aberrante como el robo de los recursos destinados a la garantía de derechos fundamentales como la salud y la vida?
8. Los crímenes de lesa humanidad son de especial gravedad, puesto que atentan contra la especie humana. El nivel de vida y salud de una población redunda en el mismo de otras poblaciones, afectando en mayor o en menor medida sus indicadores regionales y también los mundiales.
Después de todo esto, ¿quién podría afirmar, que el robo de los recursos destinados a la garantía de derechos fundamentales como la vida y la salud, así como la negación de servicios de salud, no atentan contra la especie humana? ¿Quién podría decir que no son actos crueles contra la existencia humana? ¿Quién podría afirmar, que no son actos de envilecimiento de la dignidad humana? ¿Quién, que no implican la destrucción de la cultura humana? ¿Quién, que no son un crimen contra todo el género humano?.
1. Página 115 del Informe 09-021413 de la Superindustria y Comercio.

Peor aún, medios de comunicación que habitualmente proclaman a los cuatro vientos noticias sin duda importantes pero no de la gravedad y magnitud de ésta, guardan un discreto silencio o una discreta parquedad al respecto.
Da la impresión de que nos acostumbramos a vivir en medio de esta falta de honradez, de que somos indolentes ante la realidad que corroe fatalmente la vida nacional, de que la hediondez de putrefacción es el olor natural de nuestro ambiente, de que el pus que brota por doquier, y especialmente en algunas altas esferas del Estado, es el medio normal de nuestro diario vivir.
La historia nos enseña cómo grandes imperios y aparentemente sólidas culturas y sistemas políticos sucumbieron por la indolencia de sus gentes que han hecho de la corrupción su hábitat, su entorno normal. El gran Imperio Romano toleró la corrupción de sus Césares, de los cuales sólo mencionaremos a Nerón -Lucio Domitio Claudio Nerón, último emperador de la dinastía Julio Claudia- homicida, matricida, fratricida, uxoricida, perseguidor de los cristianos, y que según algunos historiadores de su época incendió la capital de su imperio para cantar mientras ardía y luego acusó a los cristianos y desató la primera persecución contra éstos. Y el gran imperio desaparece ante el ímpetu de los llamados “bárbaros”, animados por el espíritu de la libertad y del honor del que carecían ya, por corruptos, los romanos.
Más recientemente, en el siglo anterior, siglo XX d.C., una cultura cuna de eminentes pensadores, se solidarizó o permitió -guiados infortunadamente por el criterio criminal de un doctor en medicina-, que atropellos contra la dignidad humana se convirtieran en política oficial del Estado, y ni el penetrante olor de seres humanos cremados vivos en los campos de concentración -los judíos-, ni el terrible espectáculo de millares de seres muertos por inanición porque no se les suministraba alimento conmovieron sus entrañas, y sólo la Segunda Guerra Mundial puso fin a semejante barbarie, a semejante genocidio.
Similares genocidios, no por menos conocidos menos crueles y bárbaros, se cometieron y se cometen entre nosotros diariamente al amparo de la Ley 100 que entregó a mercaderes particulares para ser explotada comercialmente la vida de los colombianos, especialmente la de los que no poseen suficiente dinero ni conocimientos para protegerse de las EPS, IPS, ARP, etc. Las quejas de los “usuarios” relatadas mañana y tarde en los medios de comunicación de masas, las protestas frecuentes de los esclavos médicos, son desoídas porque sólo interesa el lucro a como dé lugar, con anuencia de personal de las entidades cuya obligación ética y política es la vigilancia estricta de quienes ejercen profesiones del área de la salud, es decir, de quienes profesionalmente deben cuidar la existencia de los seres humanos. A las entidades creadas por la Ley 100 -no a todas, hay dignas aunque pocas excepciones- sólo les interesa y son muy celosas en que así suceda, el sonido de la campanilla de la registradora que cada 15 minutos marca el aumento mayor o menor -pero de todos modos aumento- de su patrimonio económico.
La situación actual es una clara evidencia del fracaso del sistema educativo en el cual se hace demasiado énfasis en los derechos y no en los deberes -los deberes crean derechos, los derechos no crean deberes- en el que se pregona que más vale tener que existir y se convierte al “Otro”, el ser humano, al “Otro” persona, en objeto de compra y venta que vale sólo por lo que renta económicamente, que tiene precio en moneda y no valor por su dignidad intrínseca.