La corrupción en el sistema de salud creado por la Ley 100/93 es crónica y estructural. Una corrupción institucionalizada y sin castigo: ¿Cuántas veces oímos de corrupción en el Seguro Social, ARS, autoridades sanitarias del gobierno central y local, hospitales públicos, proveedores y aseguradoras? Que nadie tire la primera piedra, porque TODOS los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud en algún momento en estos 17 años fueron cuestionados por indicio de corrupción. ¿Y a quién ha pagado con cárcel?
Y no es que antes de la Ley 100 todos fueran “sanos y puros”. No. Infinidad de veces se habló de la corrupción en el Seguro Social, institución que centralizaba la seguridad social antes de 1993. Tanto así, que se promovió la Ley 100 en aras de buscar cobertura del servicio de salud para todos los colombianos, calidad en el servicio y transparencia en el manejo de recursos, mediante la vinculación del sector privado al sistema. A 17 años, se reconoce que se ganó en cobertura, en calidad, en acceso, pero tras lo ocurrido en mayo de 2011, el gobierno mismo reconoce la invasión a la salud por la mano de la corrupción, en alianzas público-privadas y en entidades privadas. Desmontar el monopolio público para llegar al monopolio privado, no fue tampoco la garantía para evitar la corrupción, cuando allí se comprueban desfalcos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho, carrusel, pirámide, un abanico de delitos al mejor estilo de una “Cosa Nostra”.
La gravedad de los hechos obliga, en nombre de la decencia y la eficiencia, a exigir que se establezcan los mecanismos de control suficientes para evitar que sigan cometiéndose acciones de corrupción prácticamente institucionalizadas, en medio de cierta ilegalidad reglamentada desde el origen y las entrañas mismas del sistema de salud. Mayo de 2011 marca un hito en el sistema. Y en el Ejecutivo está que sea un antes y un después.
La escandalosa crisis del sector salud es uno de los episodios más graves en la historia de la corrupción en Colombia, y síntoma inequívoco de un mal que se agudiza: la postración moral que corre paralela con la decadencia de unas instituciones. Nunca antes, en el trasegar del desgastado sistema de salud habían coincidido prácticamente todos los sectores sociales y políticos en el señalamiento de las causas del problema y de sus responsables; con diferencias de matices ideológicos o de simples argumentos técnicos, todos los expertos y entidades interpretan el fenómeno como estallido de un problema estructural: el sistema de salud está mal diseñado, mal concebido, sus bases filosóficas reposan en principios cuestionables, muchas veces incompatibles con el bien común.
La corrupción, motivo de las investigaciones, es un cáncer que hizo metástasis en más de 8 años de lenta pero segura incubación. Como tumor maligno, su diseminación afectó todo el organismo de la salud y tocó a distintos actores del sistema, prácticamente nadie escapa a esta crisis moral, pero sí hay unos actores más comprometidos que otros, que cargan una responsabilidad mayor y cargarán con más grandes culpas a la hora del juicio.
La intermediación abusiva en el andamiaje de la salud es el elemento central; por ende, sus artífices y usufructuarios son por lo mismo los directos implicados: las aseguradoras, a las cuales se entregó paulatinamente un volumen cada vez más cuantioso de recursos de la salud. Un análisis meramente aritmético muestra que en 10 años, los dineros del sector aumentaron de manera muy significativa, y en el mismo lapso se incrementó de manera geométrica la desviación de los mismos recursos, se dispararon los recobros de medicamentos y servicios, se presentaron diversas modalidades de pérdida de dineros, se profundizó la crisis de hospitales en especial los públicos, se ahondó el hueco presupuestal en entes territoriales, se elevó el gasto de bolsillo, no mejoró de forma sustancial el acceso ni la condición de salud de la mayoría de los colombianos, pero sí se engordó la chequera de las EPS. Así, es muy clara la causalidad del problema: el cáncer del sistema de salud es consecuencia directa de su creciente privatización, de la sucesión de normas que prohijan estos desafueros, y de gobiernos y entes de control que claudicaron de su misión de guardianes del bienestar colectivo, pasaron de agache frente a los abusos y apadrinaron la distracción de los recursos de la salud.
Sobre todos los responsables, públicos y privados, pesa una responsabilidad histórica, que ojalá la justicia pueda determinar con todo rigor y objetividad. Corruptos de todos los pelambres hicieron su agosto con recursos oficiales y entes de gobierno los dejaron medrar a su antojo. En su irresponsabilidad, no se dieron cuenta del monstruo que alimentaban en sus entrañas: criaron cuervos que amenazan con sacarnos a todos los ojos. Hasta en el sector salud, la justicia cojea pero llega, así haya necesitado más de una prótesis.