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| Jorge
Luis Jiménez Ramírez - Abogado |
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| Ha sido tema de
titulares de prensa en las ultimas semanas, la defraudación
al Estado por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS),
en razón del cobro de servicios no prestados a la comunidad,
tutelas inexistentes, cobros sin derechos, inversiones por fuera
del sistema de salud, y todo esto fundamentado en una normatividad
compleja, confusa, profusa y difusa, que facilita estos procederes
de actores dominantes en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. |
A partir
del momento en que se eliminó la diferenciación
entre prestadores y aseguradores del proyecto de ley que terminó
siendo la Ley 100/93, se inició todo un calvario para
los pacientes, quienes fueron sometidos a muchos intermediarios
para poder acceder a la atención en salud. De otro lado,
las limitaciones al médico tratante para la formulación
de medicamentos o prescripción de exámenes diagnósticos
y tiempo para dedicarle a la atención del paciente -en
un abierto beneficio para los aseguradores-, hacen que el paciente
cada vez se torne en el actor menos importante del modelo de
salud colombiano, donde se puso por encima de la vida y el bienestar,
los rendimientos económicos de los accionistas de los
aseguradores.
Nuestra Carta Constitucional en su artículo primero define
a Colombia como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto
a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que lo integran, y en la prevalencia del interés
general. Pero este principio filosófico fundamental ha
quedado en letra muerta, pues llama la atención como
no es sólo el sector salud el que hoy está en
el centro del escándalo: éste ha llegado a otras
áreas como la construcción, donde se habla de
carruseles en la contratación, o la misma justicia donde
se conoció que fiscales negociaron procesos en contra
de una comunidad y en beneficio de delincuentes peligrosos para
la sociedad. No sin razón el ministro Juan Luis Londoño
en su momento, hablaba que Colombia era un país mentalmente
enfermo.
Hoy la autoridad está deslegitimada, las normas legales
se han acomodado para el beneficio del más fuerte. Las
leyes se han estatuido en Colombia para reglamentarlas y no
para cumplirlas, y en este ir y venir, la comunidad sufre de
desamparo; y el acudir a la administración de justicia
para que desate un conflicto es casi imposible, por la tardanza
en la solución de los mismos, y la forma sigue prevaleciendo
sobre el Derecho.
Este escándalo que apenas comienza en el sector salud,
debe hacer reflexionar al Legislador sobre hasta cuándo
se va a dejar de último al paciente.
jljr@elhospital.org.co
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