Epidemia mental por violencia, disfunción familiar y miedos Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co A fines de 2010, la revista The British Journal of Psychiatry, una de las 6 publicaciones más reconocidas del mundo en el tema, destacó la calidad y profundidad del Estudio Nacional de Salud Mental que realizó el Ministerio de la Protección Social de Colombia. Al consultar por dicha reseña, se conoció que la revista hacía alusión al Estudio Nacional de Salud Mental 2003, del cual desde 2005 se han venido publicando y detallando algunos resultados -incluyendo los reseñados en 2010 en la revista inglesa-. También se conoció que en 2013 se hará nuevamente el estudio nacional para actualizar esta información tan necesaria en un país como Colombia, dadas sus particularidades e historia. Un problema en el mundo entero En 2001, la Organización Mundial de la Salud en su informe “Salud mental: Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”, estimaba que 450 millones de personas sufrían trastornos mentales, neurológicos o problemas psicosociales como los relacionados con abuso de alcohol y drogas. También, que una persona de cada 4 se verá afectada por un trastorno mental en algún momento de su vida. Según esos datos, la depresión grave se situaba en el cuarto lugar entre las 10 causas principales de carga mundial de morbilidad y, si las previsiones son correctas, en 20 años ocupará el segundo lugar; 70 millones de personas sufrían dependencia del alcohol; entre 10 y 20 millones de personas intentan suicidarse cada año, y un millón de ellas con frecuencia muy jóvenes, lo consiguen. El informe enfatizó que aunque la salud mental fue ignorada mucho tiempo como aspecto importante de la salud y el desarrollo, debe considerarse universalmente desde una nueva perspectiva dada su importancia para el bienestar general de los individuos, sociedades y países. La OMS advirtió que el funcionamiento de los sistemas de salud y su capacidad de respuesta pueden empeorar la situación de salud mental de individuos y poblaciones puesto que en muchos casos, las personas con una enfermedad mental la viven en silencio, en soledad y con poco o ningún tratamiento de apoyo, debido a las barreras de acceso de los sistemas de salud y a los prejuicios que generan exclusión. En Colombia la situación es similar. El Estudio Nacional de Salud Mental de 2003, muestra que el 40% de la población presenta en algún momento de su vida un trastorno mental y de ésta sólo el 8% busca tratamiento en el primer año de aparición de los síntomas; los trastornos mentales en Colombia inician a edades tempranas, refiriendo una mayor exposición a factores psicosociales desencadenantes y sugiriendo que muchas personas los padecen la mayor parte de su vida. En 2005, el Ministerio de la Protección Social concluía: “Se evidencia la necesidad de incrementar los esfuerzos orientados a hacer más disponibles los recursos y acercar a la población a ellos”. Otro aspecto a considerar en la situación de salud mental tiene que ver con una realidad cargada de violencias, como conflicto armado, desplazamiento, víctimas de minas antipersona, secuestros y extorsiones, y altos índices de pobreza y desempleo. Política Nacional de Salud Mental En 2007, la propuesta para configurar una Política Nacional de la Salud Mental, implicó la revisión de 40 años de experiencias (1965-2005), documentando la evolución de la organización institucional y de los servicios de salud mental y la legislación y tendencias normativas y de políticas sobre el tema. Aunque se hacía un esfuerzo de modernización y ampliación de la atención con el paso del Sistema Nacional de Salud al Sistema de Seguridad Social en Salud (Ley 100) y con la Ley 1122/07, el Ministerio reconocía que la organización institucional en salud mental no experimentó el desarrollo necesario. En servicios, la historia puede dividirse en dos períodos: antes y después de la Ley 100/93. En el primero, los servicios dependían del Ministerio de Salud y tendían a crecer tanto en el sector público como privado: entonces funcionaban 11 hospitales psiquiátricos y se abrieron unidades de salud mental en hospitales generales (pasaron de 5 en 1973 a más de 20 en 1991 y a 16 en 1997). Había también varios servicios especializados de atención a farmacodependencia (33 en 1991), servicios de salud mental infantil y de adolescentes, hospitales de día y granjas talleres. También aumentó el número de servicios privados (30 en 1997), distribuidos en 13 departamentos, en su mayoría en Bogotá (20%), Antioquia y Valle (13,33% cada uno), y Atlántico (10%). Igualmente, creció el número de servicios de consultas externas (191 para 1991, incluyendo los servicios integrados al primer nivel de atención a cargo de médicos generales). Con la Ley 100, los servicios de salud mental adquirieron “independencia del Estado” y quedaron sometidos a una lógica de mercado, en la que deben garantizar su viabilidad financiera y auto-sostenibilidad. La precaria inclusión de acciones de salud mental en los planes de beneficio -por desigual competencia con otros servicios de salud, falta de subsidios a oferta y la poca importancia que se da al tema- ocasionó, con pocas excepciones, una reducción paulatina y significativa en acceso y cobertura oportunos y equitativos. Posteriormente, la Ley 715/01 concentró sus acciones en actividades de promoción y prevención que debían desarrollarse en el Plan de Atención Básica (PAB). Gracias a esa ley se fortalecieron las herramientas para la destinación de recursos, aunque en la práctica la atención se limitó poblacionalmente. Los desarrollos de política de los últimos años (políticas nacionales y regionales de salud mental), han coincidido al menos en lo teórico, en promover una noción de salud mental amplia, resaltar sus implicaciones sociales, mostrar que la salud mental trasciende la enfermedad y el sector salud, vincular la salud mental a las acciones generales de salud y dar realce a lo comunitario y a la atención primaria. A pesar de ello, las responsabilidades en la práctica se concentraron en el sector salud y en la atención de los problemas y trastornos mentales. Aunque este hecho se quiso subsanar acudiendo a la coordinación intersectorial, ésta ha sido limitada y llena de altibajos por causas variadas, entre las que se cuentan intereses personales o grupales y ejes temáticos de moda, entre otros, que han determinado énfasis exagerados en asuntos parciales y abandono precoz de programas y acciones más inclusivas, antes de dar la oportunidad de ofrecer resultados evaluables. Esto se ha reflejado en la ejecución limitada y en el poco impacto de las políticas nacionales hasta ahora formuladas. En 1998 se formuló una Política Nacional de Salud Mental de ejecución muy restringida, que dio lugar a elaborar nuevos lineamientos para 2005, acompañados de una metodología para la planeación del componente de salud mental en los planes territoriales de salud. También se estructuraron políticas regionales de salud mental y se crearon asociaciones de personas con trastornos mentales o de sus familiares, congregadas en organizaciones como la Asociación Colombiana de Salud Mental. A pesar de las diversas formulaciones, de su correspondencia y consistencia con los lineamientos ordenados en la abundante legislación y normatividad nacional y en los lineamientos y compromisos internacionales, la implantación de las políticas de salud mental ha tropezado con muchas dificultades y se ha reflejado en una ejecución limitada y en un muy pobre impacto. Con la intención de cambiar la inequidad del sistema en salud mental, la Ley 1122/07 estableció que el Plan Nacional de Salud Pública incluyera acciones de promoción de la salud mental, tratamiento de trastornos de mayor prevalencia y prevención de la violencia, el maltrato, la drogadicción y el suicidio. En igual sentido, el reconocimiento de estas desventajas por el Ministerio de la Protección Social, pero también de las oportunidades y fortalezas, lo llevaron a proponer una nueva política en Salud Mental. Esta ampliación en los propósitos resulta oportuna para comenzar a responder a la magnitud y al incremento de los trastornos mentales en el país -con su carga definida, indefinida, oculta y futura- y para hacer frente a las consecuencias de los trastornos mentales sobre el Producto Interno Bruto (PIB), los costos laborales, educativos y del sistema judicial (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005). En los últimos 3 años se trabajó el componente de Salud Mental en los planes territoriales de salud pública y en 2011, la Ley 1438 incluye el mejoramiento de la salud mental dentro de la elaboración del Plan Decenal de Salud Pública que hará el Ministerio de Protección Social. Asimismo, en su artículo 65 “Atención integral en salud mental”, se establece que “las acciones de salud deben incluir la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud mental de los colombianos y colombianas, mediante atención integral en salud mental para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud y su atención como parte del Plan de Beneficios y la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Salud Mental”. El sector salud y la población están pendientes entonces de la reglamentación de esta nueva norma sobre la atención de la salud mental en Colombia.   Más información... 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