“Abriendo un hueco para tapar otro” Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co “La emergencia social es inconstitucional sustancial y formalmente, desde el punto sustantivo y también adjetivo”, sostuvo el abogado constitucionalista y ex asesor de la Constituyente del 91, Albeiro Pulgarín, quien calificó la declaratoria como “un Estado Social de Derecho chiquito para la defensa del Estado Social de Derecho macro”. Explicó: “La Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales estados de excepción porque eran previstos por el gobierno. La crisis de la salud no es un caso fortuito ni de fuerza mayor, sino un distanciamiento entre la política pública y la Constitución, para utilizar la salud no como un derecho fundamental sino como una mercancía, fuente de enriquecimiento ilícito de otras personas. No obedece simplemente a unas EPS o IPS, sino a unas políticas públicas en salud que desde 1991 no se han aplicado conforme a lo que dice la Carta Política: la salud es un derecho fundamental y como tal un servicio público. ¿Qué ha hecho el Estado después del 91? Darle la salud a prestamistas privados, para que con rentabilidad la distorsionen, y así vemos las exclusiones del POS, ya no hay pacientes sino clientes para el médico”. “La Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales estados de excepción porque eran previstos por el gobierno. La crisis de la salud no es un caso fortuito ni de fuerza mayor, sino un distanciamiento entre la política pública y la Constitución, para utilizar la salud no como un derecho fundamental sino como una mercancía, fuente de enriquecimiento ilícito de otras personas”. Albeiro Pulgarín. Agregó que la crisis no se soluciona con estados de emergencia, que hacen más deficitarios los presupuestos y políticas públicas, abriendo un hueco para tapar otro, dentro de un “reformismo tradicionalista”: “que todo cambie para que todo siga igual”. Indicó que “no se corrige el proceso de acumulación de capital, donde la salud es otra mercancía, no cura esas cadenas incontrolables de enriquecimiento ilícito por factores ilegales de poder que también lo han usufructuado a partir de la violencia y la corrupción”. Sobre la iniciativa del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, de crear un copago del usuario a los medicamentos y servicios ordenados por fallo de tutela o decisión de Comités Técnico-Científicos, el constitucionalista aseveró que “la libertad de mercado no puede afectar los derechos: sería su privatización”.   Más información... Emergencia social: ¿Respirador artificial para el sistema de salud? 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