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“La democracia
va desnuda. Pero, además el sistema democrático
está enfermo, hay que exigirle a los políticos
que por lo menos, en todo momento nos digan la verdad…”.
Saramago
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| En la
polémica recientemente instaurada en Colombia sobre la
posición del Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordoñez, acerca de la prohibición del
uso de la anticoncepción de emergencia, la frase de Saramago
viene como anillo al dedo. |
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La posición
del Procurador toca un terreno decisivo en el que entran en
contacto la ética, la verdad y la política.
No es ético aprovechar el poder para tomar decisiones
fundamentales para el país con base en una mentira. Dice
el jefe del Ministerio Público que la anticoncepción
de emergencia se debe retirar del mercado colombiano, pues se
trata de un método abortivo y el aborto sigue siendo
un delito en Colombia.
A la luz del conocimiento científico actual, la Procuraduría
parte de un concepto erróneo y por tanto le presta un
flaco servicio al país, posiblemente para defender una
posición religiosa fundamentalista como la de la Iglesia
Católica frente a este tema trascendental. Miremos porqué: |
Las comunicaciones
iniciales explicaban el mecanismo de acción de la anticoncepción
de emergencia (levonorgestrel) basadas en hipótesis,
ya que no se conocían resultados de estudios clínicos
diseñados para tal fin. Entre las hipótesis esgrimidas
estaban: interferencia con la ovulación, con la migración
espermática, con el transporte del embrión y con
la implantación del mismo. Con base en lo anterior, muchos
países adoptaron el método para disminuir el número
de embarazos no deseados y sus graves consecuencias sociales.
Hasta el año 2000 la iglesia católica y muchos
sectores conservadores de la sociedad adoptaron la hipótesis
de que la anticoncepción de emergencia interfería
con la implantación del embrión y por lo tanto
era abortiva. En los últimos años, ensayos clínicos
controlados realizados en varios países, demostraron
que el levonorgestrel altera el proceso ovulatorio, y en Chile
el doctor Croxato por medio de experimentos bien diseñados,
demostró que dependiendo de la cercanía a la ovulación
en que se administra el levonorgestrel, suprime o desincroniza
la ovulación. El mundo científico acepta este
mecanismo de acción y al día de hoy, la hipótesis
de que la anticoncepción de emergencia interfiere con
la implantación, no tiene apoyo en la evidencia científica.
En nuestro país según investigaciones de la Universidad
Externado de Colombia, el 50% de las gestaciones son no deseadas,
y de ellas el 50% terminan en aborto inseguro con las consecuencias
nefastas conocidas para la salud y la vida de las mujeres. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo
120 millones de mujeres desea planificar y no consiguen los
medios para hacerlo, en Medellín el 80% de las adolescentes
de 15 a 19 años no planifican.
Si bien la anticoncepción de emergencia no es un método
diseñado para uso rutinario, como su nombre lo indica,
su indicación es disminuir de manera significativa el
riesgo de embarazo luego de una relación no planificada,
ya sea voluntaria o violenta como es frecuente en nuestro país.
Cuestión de derechos
La gestación adolescente es un grave problema
de salud pública en Colombia: 26% de adolescentes antioqueñas
ha tenido un parto, al sistema de atención en salud en
nuestro país se accede por una relación contractual
no por un derecho fundamental, y este es un factor contribuyente
a la gestación temprana. Es bueno recordar al Señor
Procurador que los derechos sexuales y reproductivos son derechos
humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad
inherentes a todos los seres humanos, que deben ser reconocidos,
promovidos, respetados y difundidos por todas las sociedades
con todos los medios, y el derecho a la intimidad, al placer
y al goce del cuerpo sin riesgos reproductivos son algunos de
ellos. Por tanto, debería ser responsabilidad misional
de la Procuraduría General de la Nación, la promoción,
la defensa de los derechos humanos, y entre ellos los derechos
sexuales y reproductivos.
El artículo 19 de la Constitución establece que
Colombia es un país laico, por tanto sería de
esperar que cuando el jefe del Ministerio Público actúa
lo hace a nombre de la Nación y no de un grupo religioso
fundamentalista. Además, la posición del Procurador
va en contravía de la política de salud sexual
y reproductiva del país, que pretende atenuar severos
problemas de salud pública como el embarazo adolescente
y el aborto inseguro; y el compromiso de Colombia de cumplir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, obliga inclusive a
las más altas dignidades del Estado, independientemente
de su credo religioso.
Para Foucault, la parresía considerada como la capacidad
de expresar nuestra opinión frente al poder, haciendo
uso de la libertad, marca un terreno decisivo en el que entran
en contacto la ética y la política.
La mentira no puede ser el arma para satanizar una intervención
de prevención en salud como la anticoncepción
de emergencia, que entre otras cosas se constituye en un paliativo
a todas las formas de violencia que atentan a diario contra
las mujeres en Colombia.
La política se tiene que nutrir de la verdad, pues no
puede seguir haciendo carrera la frase: “Política
es el arte de no decir la verdad” . |
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