Se consideró la necesidad de entregarle a la sociedad un número adecuado de especialistas en salud, que permita atención adecuada a la población colombiana. Como consecuencia de lo anterior, Ascofame traslada una serie de preguntas a las facultades de medicina, con el propósito de buscar salida al supuesto grave déficit proyectado para 2011 y plantea un nuevo paradigma para la formación del recurso, con base en el cual pregunta a las facultades de medicina si están de acuerdo con la clara tendencia a que los hospitales universitarios titulen especialistas sin participación de la universidad.
Esta propuesta indecente no es nueva: ya en 2006, el decreto 1001 propuso organizar la oferta de programas de posgrado y derogaba las disposiciones legales que establecían que las especializaciones médicas y quirúrgicas sólo podían ser ofrecidas por instituciones de educación superior que contaran con programas de pregrado en medicina, con al menos una cohorte egresada. Para el ciudadano común este hecho puede ser intrascendente, pero no lo debe ser para quienes desde las universidades públicas somos testigos de la grave amenaza que representan las políticas neoliberales vigentes para la educación pública en Colombia. Miremos las razones:
Diez y seis años después de la promulgación de la Ley 100 que estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, las EPS se consolidaron como empresas líderes en el concierto económico nacional, pues ya no sólo incursionan en el aseguramiento sino también en la prestación de servicios de salud, la inversión en sectores diferentes a la salud y también en el negocio de la educación médica, y digo negocio, porque el perverso sistema de salud vigente antepone la rentabilidad económica a la salud y la educación de los colombianos.
Para llamar las cosas por su nombre, lo que preocupa a EPS y algunas IPS no es el potencial déficit de 25.000 especialistas en medicina esperado para 2011, sino la disputa por el negocio de la educación médica y la intervención a lo que consideran altos salarios de los especialistas. Los intermediarios de la salud, responsables del deterioro económico y de la dignidad del trabajo médico, han implementado la tercerización en la contratación, han pasado por encima de la autonomía de los médicos y de manera sistemática niegan los derechos de los pacientes, todo lo cual atenta contra la salud de los colombianos.
Sin lugar a dudas algunas IPS ofrecen atención en salud con calidad y eficiencia, y otras participan en la formación del recurso humano por medio de convenios con universidades, pero como entidades solas sin participación de la universidad, no están en capacidad de preparar profesionales pertenecientes al vértice de la pirámide de la educación superior. Estas instituciones no reúnen las condiciones mínimas exigidas a la universidad para ofrecer programas de formación avanzada en salud.
Los programas médicos y quirúrgicos históricamente son ofrecidos por universidades que cuentan con programas de pregrado de medicina, registro calificado -muchos de ellos con acreditación de calidad-, y para ello fue necesaria la construcción de currículos modernos, organización de actividades por créditos académicos, selección y evaluación transparente de estudiantes y profesores, investigación, medios educativos, infraestructura, auto-evaluación, servicios de bienestar universitario y recursos financieros.
Las universidades públicas están comprometidas con una política de calidad para sus posgrados, muchas desarrollan la auto-evaluación como una cultura y algunos de sus programas han merecido reconocimiento internacional a su calidad. La universidad pública como canal lícito de ascenso social, tiene como único propósito entregar a la sociedad profesionales idóneos comprometidos con la solución de sus problemas.
El rector de la Universidad Nacional, doctor Moisés Wasserman, en columna publicada en El Tiempo el 13 de septiembre pasado, hizo un llamado urgente sobre la necesidad de ofrecer educación pública de máxima calidad, para que los jóvenes pertenecientes a estratos sociales bajos alcancen posiciones de liderazgo social, hoy detentado sólo por una minoría privilegiada; para lograrlo, propone la necesidad de fortalecer y actualizar el presupuesto de las universidades públicas, congelado hace más de 16 años.
El déficit potencial de especialistas esperado para 2011 es el resultado de una cadena de errores e improvisaciones de carácter histórico de los Ministerios de Salud y Educación, y la solución estructural a esta problemática sólo será posible con la implementación de una política seria de planeación del talento humano en salud, fortalecimiento y actualización de presupuestos de las universidades públicas, formación de docentes, estímulos económicos dignos, becas, respeto por la autonomía universitaria y compromiso sincero de EPS e IPS privadas en la formación de recursos humanos en salud. Si estas últimas instituciones condicionan los contratos con IPS a que no incluyan convenios docente-asistenciales, bajo el supuesto del incremento en costos de atención por la docencia, no queda claro por qué hoy quieren incursionar en el negocio de la formación avanzada en salud. Seguramente descubrieron su rentabilidad y la eliminación sistemática de barreras, como consecuencia del debilitamiento progresivo de la educación pública.
Con la clara tendencia oficial a que los hospitales universitarios titulen los especialistas sin el concurso de la universidad, el Ministerio da un gran paso atrás, pues desconoce la autonomía constitucional de la universidad, el gran valor agregado que da la universidad a la relación docencia-servicio y la garantía de los equipos académicos en la cualificación de la asistencia en salud en las instituciones que participan de los convenios.
Si en realidad lo que se pretende es mejorar la cobertura, el acceso y la calidad de los servicios médicos especializados, el Ministerio de la Protección Social debe pensar más allá de la rentabilidad económica que sólo favorece a EPS e IPS.
No olvidemos que en 2008 salieron a la opinión pública informes preocupantes de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, en los cuales se cuestiona la calidad de la salud en el país como consecuencia de la negación de servicios a la población con derechos. En las recomendaciones, la Procuraduría dice textualmente: “Convendría pensar en promover que la Corte Constitucional, en alguna de las innumerables tutelas en salud, declare 'un estado de cosas inconstitucional' en materia de salud; esta declaración se justifica no sólo por los graves problemas en términos de acceso, inequidad y calidad que sigue presentando el sistema, sino además por las limitaciones que tiene la tutela individual…”. Del informe de la Procuraduría se desprende claramente que las EPS no solamente son líderes en lo financiero, en lo económico, sino también en la incapacidad para prestar servicios de salud con calidad y oportunidad, por lo tanto líderes de la inequidad.
Con base en lo anterior, valdría preguntar si en estos nuevos programas de formación avanzada en salud, los estudiantes responderán a esa ética corporativa que antepone los intereses económicos de las EPS a la vida y la salud de los pacientes, o algún día descubrirán que existe una ética hipocrática y que el protagonista del acto médico no es la factura ni la rentabilidad económica, sino el paciente o el cliente como lo llaman ahora.
Resulta paradójico que a solo pocas semanas de terminar la Conferencia Mundial de Educación Superior en París, en la cual se hizo un llamado al fortalecimiento de la autonomía universitaria, a la calidad de la educación superior, al acceso, la equidad y la garantía de oportunidades al profesorado en investigación y becas, el Ministerio de la Protección Social vaya en contravía de las tendencias mundiales y olvide que la formación avanzada en salud es potestad de la autonomía universitaria, al menos hasta el día de hoy 6

Se han esbozado explicaciones que sin duda contienen elementos de certeza tales como abandono de los padres -así el hogar no esté aparentemente desintegrado-, falta de amor, pobreza, trabajo de la mujer por necesidades económicas o de realización de su personalidad, etc. Pero no se ha llegado en mi concepto al fondo del problema que explica todos los demás, los ya citados y otros muchos que aún no se han publicado.
En el trasfondo de esta dolorosa como vergonzosa situación, encontramos sin ninguna duda la filosofía que orienta la formación de nuestros niños en todos los niveles, de su educación sin sentido verdaderamente humano: se enseña como principio y se subraya con el ejemplo, que es mejor tener que ser, y se relega al hombre a un segundo lugar, a veces en grado inferior al de los objetos o cosas superfluas.
Encontramos así que: para un buen número de cónyuges lo importante no es ser verdadero esposo o esposa sino tener consorte, tener a quien mostrar en sociedad, con quien distraerse, etc.; muchos progenitores confunden consciente o inconscientemente el tener hijos -más frecuentemente un hijo- que sean prueba de su capacidad genésica, con ser padre y madre; medios de comunicación de masas que para tener muchos lectores se dicen de avanzada y llegan a publicar verdaderas antologías del crimen más bien que ser fieles a sus principios religiosos, políticos, a su misión esencial de orientar la opinión pública; instituciones educativas que ostentan títulos de identidad con credos religiosos y que prefieren el número de alumnos, el ingreso monetario, a ser leales con sus creencias, en predicar la fe que haga honor a su misión, constituyéndose así en difusoras de conductas permisivas erróneas, sembrando caos en las mentes de sus educandos; profesionales de todas las ramas del saber humano que optan por la ganancia económica y no por el honrado cumplimiento de su misión.
Todas estas enseñanzas teóricas y prácticas, con ejemplos evidentes y repetidos a veces con bombos y platillos como el ideal del éxito social, político y profesional, han hecho de nuestros jóvenes verdaderos depredadores y los más peligrosos: es mejor tener dinero que ser honesto y el modo de conseguirlo carece de importancia; si para evitar competidores que pongan en peligro los ingresos económicos hay que asesinar, esto no demerita el comportamiento de nadie porque no se usa preguntar quién es, qué hace, sino cuánto es su patrimonio, no se usa preguntar cómo consiguió dicho patrimonio sino a cuánto asciende el mismo. El valor esencial del ser humano se trocó por el precio comercial del ser humano, y se niega en la práctica la dignidad intrínseca de éste, fundamentada no en una fe o credo religioso sino en la antropología filosófica que nos enseña la esencia de esta dignidad.
Debemos tener presente que la acción depredadora en los seres con inteligencia instintiva, los llamados irracionales, tiene límites: el de sus propias necesidades satisfechas, porque generalmente sólo cazan para su subsistencia algunos animales de distinta especie. En el depredador humano esos límites no existen, porque la ambición del tener no se sacia, porque el tener se constituye en única meta de la vida, en única justificación de la misma y sólo les interesa cazar a los de su misma especie.
Sí, hemos creado el peor de los depredadores mediante una filosofía educativa que proclama explícita o implícitamente que tener es superior a ser, que es mejor poseer siendo inhumano que carecer de algo siendo honesto y convivir en paz.
NOTA: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.