Termina el país de pasar por una larga experiencia
negativa como el paro de la Rama judicial, movimiento que
privó de este servicio por mas de 40 días
a los colombianos, y como si fuera poco, se unieron la Registraduria,
el magisterio, entre otros.
Llama poderosamente la atención esta posición
de los servidores públicos, quien tienen sobres sus
hombros, como representantes del Estado, la gran responsabilidad
de hacer cumplir la Constitución y la ley. Y si no
existe justicia, ¿qué podemos esperar a futuro
de nuestro país? ¿Qué podemos esperar
si “la sal se corrompe”?
Nuestra Carta constitucional, que ha sido desde su promulgación
el caballito de batalla para reclamar los derechos, dispone
en su artículo segundo que:
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución...
...Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.
No es necesario hacer muchas disquisiciones para entender
que las entidades actúan por quienes en ella laboran
y por ende las representan, y en ese orden, no podemos referirnos
a la Administración de Justicia como un ente etéreo
e impersonal. No. Son los Jueces, ciudadanos que optaron
por la administración de justicia como su quehacer
diario, ciudadanos que optaron libremente como ejercicio
profesional el servicio público, y en especial la
solución de los conflictos por la vía pacífica
y civilizada. Todos ellos, Jueces y funcionarios vinculados
con la rama judicial, conocen los procedimientos y la manera
de reclamar sus derechos, pero las vías de hecho
en momentos como los que vive el país, no pueden
ser de recibo por la comunidad que reclama cada día
mas y mayores compromisos de la administración de
justicia.
Porque cabe preguntar: ¿Por qué la definición
de derechos que se discuten ante un juez, son resueltos
tan tardíamente?
¿Por qué si los ciudadanos requieren solucionar
rápidamente los conflictos de orden legal deben acudir
a la solución alternativa de los conflictos, con
altos costos, cuando son los jueces los llamados a administrar
justicia, servicio público que debe ser gratuito?
¿Por qué los esfuerzos que ha hecho el país
para poner al día la administración de justicia
no ha obtenido los resultados esperados?
¿Si será todo adjudicable a la falta de recursos
y los bajos salarios ?
Hay muchas preguntas que hacer, pero ¿y las respuestas?
Definitivamente, si no logramos una pronta y cumplida justicia,
no cesará la violencia y la vida en comunidad será
imposible.
jljr@elhospital.org.co
