 |
|
|
 |
|
La sanción
a 15 EPS-S:
mucho ruido y pocas nueces
Juan
Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co
|
| El 10
de octubre de 2007, noticieros de radio y televisión
abrieron con una importante noticia: A 15 aseguradoras del régimen
subsidiado, la Supersalud les revocaba la habilitación
para prestar servicios y ordenaba su inmediata liquidación.
Aunque en rueda de prensa el superintendente José Renán
Trujillo no mencionó razones en específico, en
el comunicado de la Súper se entreveía incumplimiento
de planes de mejoramiento, falta de oportunidad en entrega de
reportes, y fallas en patrimonios mínimos y márgenes
de solvencia. Luego, pocos colombianos supieron que las 15 resoluciones
sancionatorias fueron derogadas semanas después, sin
ruedas de prensa, comunicados, ni titulares. |
 |
La revocatoria
fue el resultado de fallos de tutela que comenzaron a desgranarse
por todo el país a favor de las EPS-S, amparando el derecho
al debido proceso. En El Pulso de noviembre de 2007, el doctor
José Darío Rojas, presidente de Acesi, opinaba:
“La medida me parece acelerada…”, mientras el
director de Cosesam, Julio Alberto Rincón, advirtió
de la necesidad de respetar el debido proceso y temía
que la medida fuera enmarcada en un acto de espectáculo.
En tanto, los efectos de la medida se sintieron rápidamente.
|
|
Consecuencia uno: usuarios en desbandada
Usuarios y directivos de Comfamiliar Guajira se enteraron
de la medida por la televisión, cuando el superintendente
Trujillo anunciaba que su EPS no iba más; la sorpresa
fue grande, porque días atrás habían
recibido una auditoría y todo parecía ir bien.
El desconcierto fue total, los afiliados no sabían
si solicitar servicios o no, y pese a los anuncios de la caja
por medios locales de que seguirían trabajando, la
coyuntura fue aprovechada por otras EPS de la región
para atraer a los afiliados, diciendo públicamente
que Comfamiliar Guajira se cerraba y los afiliados debían
trasladarse.
Al conocer la notificación oficial días después,
Jesús Ángel Quintero, director de la caja, descubrió
que la medida fue motivada por un problema en entrega oportuna
de información a la Súper: “La información
que pasábamos de manera digital, no entraba a la web
de la Supersalud, pese a que el reporte nos decía que
había pasado con éxito. Presentamos una tutela
por vulneración al debido proceso y salió a
nuestro favor, lo que echó atrás la medida.
Sin embargo, a principios de enero nos llegó una comunicación
de la Súper, donde pedían que presentáramos
en los 5 días siguientes los descargos del caso, aunque
ya les habíamos comprobado que el problema no era nuestro.
De nuevo contestamos el requerimiento, pero no hemos tenido
más respuesta”.
Para el doctor Quintero es lamentable que la Supersalud no
haya realizado un despliegue informativo del levantamiento
de la sanción: “Por intermedio de Asocajas solicitamos
al superintendente que lo anuncie en rueda de prensa, pero
no ha pasado nada. Lo sucedido fue un desatino en perjuicio
de las entidades: faltó análisis y estudio de
lo que estaba sucediendo, y creo que la Súper cayó
en ese momento en una confusión enorme”.
Consecuencia dos: negación
de servicios
El panorama para las EPS sancionadas se puso gris:
“Los proveedores suspendieron los contratos suscritos
y restringieron la prestación de servicios, nos vimos
en situaciones muy difíciles porque ni siquiera querían
prestar las urgencias vitales, ante la inminente liquidación
de la Caja” dice Yolanda Rentería, directora de
Comfachocó, quien agrega que el daño moral fue
incalculable, dejando la integridad de las cajas en el suelo.
Meses antes, la Supersalud realizó una auditoría
a través de una firma contratista a todas la EPS-S
del país, y según la Súper, el informe
de resultados de esa visita generó la resolución
contra Comfachocó; la doctora Rentería señala
que nunca conocieron los resultados de la auditoría
(situación presentada en todas las EPS intervenidas),
por lo que las acciones jurídicas en contra de la violación
del derecho al debido proceso prosperaron fácilmente.
Sólo en enero de 2008, Comfachocó recibió
copia del informe, lo respondió, y ahora esperan que
la Supersalud decida, considerando los soportes que lo controvierten.
Legalidad de la medida
Uno motivación de la sanción a varias
de las EPS-S, fue la falta de oportunidad en el envío
de reportes trimestrales de actividades económicas
y clínicas; pero el doctor Leonardo Angulo, director
de Comfenalco Santander, señaló que la dificultad
surgió en problemas de los sistemas informáticos
del Ministerio de la Protección Social y la Súper:
“Alegaban que no habían recibido los informes
enviados por Certicámara, lo cual era falso porque
tenemos las pruebas de que si fueron enviados y recibidos”.
|
Pero el hecho más
grave para el doctor Angulo fue la intervención de toda
la Caja, lo cual consideró un gravísimo error:
“Jurídicamente aún no hay claridad; 48 horas
después que sale la tutela a nuestro favor, recibimos
otra visita de la Súper a través de la firma UT-McGregor,
y durante 5 días, sus empleados estuvieron las 24 horas
examinando exhaustivamente todos nuestros documentos, y parecían
buscando con qué abrir un proceso. Ya recibimos un primer
informe que consideramos absurdo, se contestó, pero esto
parece una persecución contra las cajas y contra el sistema
del régimen subsidiado”.
La subdirectora de Salud de Comfenalco Santander, María
Clara Correa, resaltó el daño en la imagen, sobre
todo del subsidio familiar y su trayectoria de manejo responsable:
“La gente empezó a preguntarse |
 |
cómo las
cajas que siempre han estado libres de malos manejos, eran acusadas
de no hacer bien las cosas; eso afectó la credibilidad,
más cuando nunca se dijo cuáles eran las causas
de la sanción. Hubo apresuramiento y un afán protagónico
de la Supersalud, porque lo mínimo que debió hacer
fue sentarse con cada EPS, lo que sí hizo cuando revocó
la medida. Existió un afán de mostrar resultados”.
Para la doctora Correa, la sanción de Supersalud estuvo
revestida de incongruencias, ej: La auditoría de UT McGregor
calificó a la entidad con 100% de cumplimiento en planes
de mejoramiento, y el argumento de incumplir el envío
de información pedida en circulares 016 y 019 no es motivo
suficiente, por cuanto la norma de habilitación dice
que las razones de revocatoria son el incumplimiento de normas,
leyes, decretos o normas estatutarias, y Supersalud adujo incumplimiento
de una circular sin carácter estatutario: ”Solicitamos
que no habiendo razones de hecho ni de derecho para negar la
habilitación, deben hacerlo, pero a esa comunicación
no han respondido después de más de un mes”.
Apoyo de los usuarios
Las reacciones de los usuarios fueron de todo tipo.
En Barrancabermeja, los comités de usuarios de Cafaba
propusieron enviar documentos a la Supersalud respaldando a
la EPS: aludían que fue la segunda EPS mejor evaluada
por la Defensoría en 2005. Y si bien los hospitales y
la red pública contratada confiaron en la continuidad
de la caja como aseguradora y continuaron prestando sus servicios,
durante los días siguientes a la noticia se mostraron
muy inquietos. “El impacto fue bastante grande en todos
los clientes y usuarios”, dice Leticia Rojas, directora
de la EPS de la caja de compensación.
“No esperábamos una resolución de ese talante,
porque cumplimos a cabalidad los requerimientos de la auditoría,
y esperábamos que si había alguna carencia nos
dijeran que estándar no cumplíamos, pero nos llegó
fue la anulación de la habilitación”. En
el caso de Cafaba, la resolución 1666 argumentó
el no cumplimiento de algunos estándares de calidad,
pero al revisar en detalle se encontró que eran sólo
6 puntos de algunos estándares. Además, según
la directora, posteriormente se demostró su cumplimiento.
Cajas de compensación familiar
en la picota pública
Para las directivas de Comfamiliar Nariño, es
claro que la medida de la Supersalud se tomó sin cumplir
el procedimiento adecuado. Aunque su directora, Ana Chávez,
considera superada la situación, los perjuicios causados
a las cajas de compensación fueron grandes, pues la información
no sólo afectó el área de salud sino los
demás servicios: “La gente pensaba que toda la caja
se iba a liquidar y vino la preocupación de qué
iba a pasar con otros programas, como la cuota monetaria. Fue
necesario informar que la resolución de la Súper
no estaba en firme hasta agotar todos los recursos, y se necesitó
que la Superintendente de Subsidio Familiar, Flor Gnecco, aclarara
a los medios que la medida no afectaba a las cajas”. Para
la doctora Chávez, la Supersalud se equivocó gravemente
en la parte motiva y resolutiva de las sanciones, al decir que
se ordenaba el cierre y la liquidación de las cajas,
situación “a todas luces, infortunada”.
El capitulo no termina, pese a la revocatoria de las sanciones.
Las investigaciones de la Supersalud continúan, pero
ahora cumpliendo con el debido proceso: se realizaron nuevas
visitas, se llamó a descargos, se entregaron los informes
de auditorías para que fueran controvertidos, el hermetismo
es total. Sin embargo, un daño ya fue causado: el periódico
El Tiempo en su editorial del 14 de octubre de 2007, decía:
“Ahora el país se entera de que la salud de la mayoría
de los 20 millones de afiliados al régimen subsidiado
está en manos de aseguradoras que no son aptas para cumplir
con esa tarea”, conclusión apresurada que deja en
duda la idoneidad de todas y que se desprendió de una
medida a la que le faltó claridad. No se sabe si habrá
juicios de responsabilidad en la Supersalud, pero el cambio
del Superintendente delegado para casos especiales y la llegada
al cargo de Fredy Antonio Anaya, quizá tenga relación
con el tema, según unos voceros del sector. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
