Entre críticas y elogios, Ley 100 llega a 25 años

S i bien la Ley 100 fue construida para organizar en el país la forma de prestar servicios de salud - es una norma más prestacional que de carácter preventivo de la enfermedad y de promoción de la salud - en ese orden de ideas sus principales beneficiarios serían todos los ciudadanos, pero también sus principales actores serían los profesionales de la salud en sus diferentes áreas. Sin embargo estos últimos han sido en su mayoría detractores y críticos frente a los resultados producidos por la ley.

Carolina Cocho, médica psiquiatra magister en estudios políticos e integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 considera que “sobre la ley 100 se ha planteado que uno de sus grandes avances es la cobertura universal, y frente a esto es evidente que en el SNS había fragmentación, era un sistema que no era universal en el sentido de la igualdad de la atención, estaba fragmentado entre el régimen de los trabajadores y la población que no pertenecía al ISS y no estaba asegurada, y la población de atención particular, por lo cual no era universal, pero el hecho de que no se tuviera una carnetización de las personas no quiere decir que no hubiera cobertura en la atención, porque en el SNS en los hospitales públicos atendían a las personas que no tuvieran recursos lo que se financiaba garantizando la oferta, entonces ese asunto de que no había cobertura hay que relativizarlo. Además, con la ley 100 la cobertura tampoco es universal y según algunas cifras alrededor de 5 millones de colombianos ni siquiera tienen el carnet, y ésta en realidad solo alcanza un poco más del 90%, y cuando se habla de que 5 millones pertenecen a lo que se llaman vinculados, que en realidad son desvinculados del sistema, hablamos de personas que han perdido el trabajo y no son tan pobres o ricos para poder entrar a ningún régimen, porque la afiliación al sistema está ligado a tener un contrato laboral o estar en extrema pobreza”.

“En realidad no hay cobertura universal después de 25 años, pero además, para ese 90% que tienen un carnet, las últimas cifras de la Defensoría del Pueblo hablan de que se coloca una tutela reclamando el derecho a la salud cada minuto y 30 segundos, y este es un indicador preocupante teniendo en cuenta que el 70% de esas tutelas no se presentan pidiendo tecnologías extravagantes, son por servicios básicos contenidos en el plan de beneficios que tienen que ser ofrecidos completamente y sin ninguna dificultad a los carnetizados, entonces ese 90% tampoco tiene el acceso garantizado”.

A esa falta de cobertura real de la población, la doctora Corcho le suma otro componente que afecta la atención de las personas: la crisis de las EPS, creadas con el mayor poder hegemónico por la Ley 100 al darle en sus funciones la administración del sistema. “Esas EPS en este momento se encuentran en crisis, comprometiendo la atención en salud de millones de colombianos, hay problemas de corrupción, entonces el viejo debate que lo público era corrupto y lo ´privado era probo y transparente para justificar que los privados administraran los recursos de la salud, no tiene ningún sustento empírico, es una afirmación insostenible porque 25 años han demostrado que no hubo regulación por parte del estado, que no era cierto que lo privado fuera más probo y transparente, que tampoco era cierto que las EPS se iban a auto controlar a sí mismas y que iban a controlar al prestador”.

“Lo que vemos es la consolidación de la integración vertical, y que el negocio se está sofisticando, y pasando del aseguramiento de las EPS a la integración vertical con las IPS pero para generar unos grandes pulpos monopólicos y no para atender mejor a la población sino para hacer una extracción masiva de recursos.

Finalmente otro aspecto donde la doctora Corcho considera que la Ley 100 no le ha aportado a la salud de los colombianos es en salud pública: “En el país se dio un desmonte en estos 25 años de la salud pública, hay una reemergencia de enfermedades que ya no tendrían por qué aparecer como la sífilis, y la tuberculosis, enfermedades de control y prevenibles, tenemos mortalidades por enfermedades que son curables fácilmente en sus estadios de detección, enfermedades de tipo oncológico que se intervienen a tiempo son solucionables, en el caso de los niños es muy elocuente. en el país se tiene una alta mortalidad por falta de oportunidad y negación de servicios, y todo eso hace de este un sistema excesivamente costoso debido a que si algo se fortaleció en estos 25 años es el complejo médico-industrial, lo que tiene una faceta positiva porque efectivamente hoy una persona tiene más posibilidades de sobrevivir que hace 30 años, pero esto no se dio por la Ley 100 sino porque la ciencia ha avanzado y un sistema de salud dentro de los términos de justicia redistributiva tiene que garantizar que la ciudadanía acceda a los avances para sus tratamientos.

Un derecho empoderado

A pesar del ambiente y la percepción general del público, que tiende a no ser tan positiva, el doctor Ramón Abel Castaño, analista y consultor del sistema, es positivo: “he visto el sistema desde afuera y definitivamente tenemos algunas cosas que ninguno otro tiene, en cobertura, en gasto de bolsillo, en beneficios y en personas, a pesar de que digan que el sistema es muy malo, veo que en otros países están muy lejos de lo que nosotros tenemos, lo que pasa es que en Colombia nos empoderamos del derecho a la salud, se tiene una EPS a la cual se le puede exigir, se tiene un plan de beneficios sobre el cual demandar y exigir, y si no se le cumple a las personas está la acción judicial a través de la tutela y la jurisprudencia de la Corte que defiende el derecho a la salud, y esta es una muestra de que la gente puede exigir sus derechos y hacerlos justiciables, en ningún país de la región existe eso, porque donde tienen el recurso de amparo este tiene una vía ordinaria que puede demorarse varios meses y no tiene la efectividad de la tutela, entonces en Colombia tenemos un plan de beneficios muy claro, una cobertura muy amplia, un gasto de bolsillo muy bajo, y unos instrumentos de exigibilidad muy altos”.

Para el doctor Castaño esa pérdida de legitimidad del sistema obedece al hecho de que las EPS pueden extraer lucro de la UPC lo que ha incrementado el discurso en su contra desde el principio de la ley drenando la confianza y la legitimidad: “la gente ve a las EPS como unas grandes extractoras de rentas, lo cual no es cierto, no es sino mirar su crisis, y hace que la legitimidad sea muy complicada de manejar”.

En general el balance del doctor Castaño es que la Ley 100 ha sido una mezcla de éxitos pero ha tenido un peso a cuestas sobre su legitimidad, pero un problema real y fundamental que comparte con todos los sistemas de salud del mundo ha sido la forma como toman decisiones los médicos la que señala de disfuncional, fragmentada, con problemas de coordinación, sin incentivos a la promoción y prevención, centrándose en la atención curativa: “en todo el mundo es más atractivo para el prestador de alta complejidad, del médico y de quien produce las tecnologías, y más ahora con el auge de las enfermedades de alto costo que intensifica la presión, trabajar en lo curativo, pero todos los países luchan por buscar un equilibrio entre los recursos disponibles y garantizar la salud a los pacientes, en ese sentido estamos igual. Es un reto cuya solución arranca en cómo los prestadores producen los servicios de salud, incluso Colombia ha avanzado más que otros países, acá hay desarrollos en el modelo de prestación, pero la brecha es muy grande y tenemos que pensar en la forma de mantener a la gente sana, que cuando se enfermen se puedan aliviar rápido y en los casos de enfermedades crónicas mantenerlos lo mejor posible. ahí es donde está la solución en el mediano y largo plazo”.