Honrar obligaciones solución simple pero casi inalcanzable

L a crisis de los hospitales públicos de Colombia tendría una solución simple pero que a la luz de la evidencia parece imposible de alcanzar. Una gráfica que muestra de la relación entre la venta de servicios de los hospitales públicos, el recaudo logrado sobre esa facturación, y los costos y gastos que asumen para prestar esos servicios, muestra una radiografía contundente de la causa de los problemas financieros de las ESE´s en el país, y que en estos ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos no encontró solución y por el contrario se vio agudizada.

Si bien el análisis se puede hacer con cualquier año, 2014 es un buen ejemplo. El total facturado por venta de servicios fue de más de 11 billones 800 mil millones de pesos, pero solo se le pagó a los hospitales públicos 8 billones 920 mil millones, diferencia importante, pero si se observan los costos y gastos, estos fueron de 9 billones 750 mil millones de pesos, lo que quiere decir en términos evidentes que si se hubiesen pagado los 11 billones, habría alcanzado cubrir los 9 billones de costos y gastos, e incluso habría quedado una rentabilidad, pero como solo se pagaron 8 billones, queda un faltante muy significativo para alcanzar un presupuesto equilibrado.

na situación igual se observa en el año 2017, lo que demuestra que la tendencia no ha cambiado. El año anterior las ESE facturaron algo más de 12.8 billones de pesos, pero solo se recaudaron los mismos 8 billones de 2014, pero por razones obvias, los gastos se han incrementado y superaron los 10 billones. Esta situación, para el doctor Luis Alberto Martínez, da cuenta del problema financiero y de iliquidez de los hospitales públicos: “las entidades responsables del pago, llámense EPS del contributivo o subsidiado, los entes territoriales, la misma Adres, y demás actores no pagan lo que adeudan por la venta de servicios lo que genera un déficit cada día mayor, y condena a los hospitales a seguir siendo categorizados en riesgo fiscal y financiero medio y alto, dejando como única salida reducir costos y gastos en deterioro de la población”.

La situación es crítica, pero lo grave es que de continuar en la misma línea de acción aplicada por el gobierno Santos, el panorama podría ser peor: “podríamos tener hospitales rentables financieramente aplicando medidas de no atender a la gente, pero insolventes socialmente y ese no es el fin de los hospitales públicos además de que se vulnera el derecho fundamental a la salud de las personas y de la población más pobre y vulnerable del país, que es tradicionalmente la que atienden los hospitales públicos”.

La cereza del pastel

Lo más paradójico de esta situación es que si bien los responsables del pago no honran sus obligaciones, y el gobierno tampoco inyecta recursos para garantizar una oferta que es de carácter estatal, en las últimas semanas de la administración se anuncia la disponibilidad de recursos para liquidar hospitales públicos.

El texto del proyecto de Resolución establece los requisitos y condiciones que deben cumplir las entidades territoriales para la ejecución de los recursos del FONSAET asignados por solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud a las Empresas Sociales del Estado en intervención forzosa administrativa para liquidar. En otras palabras, reglamenta el giro de recursos para liquidar las ESE´s intervenidas, sin considerar que sus penosas circunstancias económicas, obedece a la falta de pago de las obligaciones de las EPS, que han acelerado la desfinanciación.

“Es triste evidenciar que sí hay recursos para acabar con los hospitales públicos, pero nunca hubo para salvarlos, siendo más rentable para las arcas del estado intentar recuperarlos, no solamente desde lo financiero, sino desde lo que representa socialmente” denunció la directora ejecutiva de ACESI, Olga Lucía Zuluaga, quien agregó que liquidar un hospital que atiende a decenas de miles de colombianos, buena parte de ellos pobres, es una afrenta al sentido común y a la sensatez.

“Muchos de esos prestadores públicos no llegaron a ese nivel de crisis financiera por negligencia, sino por el modelo oficial a cargo y supervisado por el mismo gobierno. La falta de inspección, vigilancia y control al manejo de los recursos girados a las EPS por parte de los colombianos, con la anuencia estatal, es la principal razón para que la cartera hubiese llegado a los actuales niveles, que desde que asumió el gobierno Santos creció de $3,4 billones a más de 8 billones, lo que demuestra que esa administración no hizo nada para que se le pagaran las deudas a los hospitales públicos.

Y es que el gobierno Santos termina dejando en riesgo financiero, de 910 empresas sociales reportadas a nivel nacional, a 570, es decir el 62,6%, lo que indica que la subsistencia de mucho más de la mitad de los hospitales públicos están en grave peligro. Y si se considera que las ESE son empresas del estado, este mal balance también lo es del gobierno nacional que no puede limitarse a reportar éxitos de algunos programas desconociendo que el mantenimiento de la oferta pública también es su responsabilidad.