La Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos son dos conceptos vinculados al sistema de salud en Colombia, aunque difieren fundamentalmente en su propósito y funcionamiento. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia en la que manifiesta que el ajuste de la UPC para el año 2024 resulta insuficiente y no satisface las necesidades del sector.

Además, la Corte solicitó la creación de una mesa de trabajo integrada por distintos actores del sector salud, cuyo objetivo será revisar el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024. Este grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de establecer los parámetros mínimos para el reajuste, considerando las necesidades del sistema y asegurando que los recursos destinados a la salud sean adecuados.

El Alto Tribunal también destacó la acumulación de un rezago en el valor de la UPC desde 2021, y dispuso que se analicen los ajustes de las primas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, con el fin de determinar los reajustes necesarios que compensen esta discrepancia histórica. En su fallo, la Corte advirtió sobre los posibles desafíos que podría enfrentar el sistema de salud en 2025 si no se toman medidas correctivas. Asimismo, ordenó revisar la metodología de cálculo de la UPC para los próximos años, incluyendo el 2025.

Por otro lado, la Corte destacó que la deuda acumulada que el Estado mantiene con las EPS, resultado del incumplimiento en los pagos de la UPC correspondientes al 2024 y el rezago desde 2021, podría ascender a cifras millonarias. Esta situación representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera de las entidades que prestan servicios de salud.

Finalmente, la Corte instó al Ministerio de Hacienda a garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud pueda cumplir con lo establecido en la Sentencia T-760 de 2008, la cual establece que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) debe ser adecuada para satisfacer las necesidades.

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), confirmó que, para el cierre del 2024, el gremio realizó un cálculo del posible desfase que podría haber; este dio un total de ocho billones de pesos. Esto se debe a que “los dineros se han destinado a giros en hospitales, que sí se necesitan, pero la prioridad debería ser para la UPC”.

De igual manera, enfatizó que cualquier aumento en el financiamiento de la UPC mejoraría profundamente el servicio a la salud de los colombianos; eso sí, el cálculo debe ser ratificado.

Por último, mantuvo que esta no es una cuestión de buscar culpables en partidos políticos, pues manifestó que desde el 2016 se ha planteado el recálculo. Dijo que “es un escenario técnico, no político”, y consideró que, si se politiza el cálculo de la UPC, se podría afectar la decisión y a su vez el sistema de salud colombiano.

ACHC alerta por el desfase de la UPC a las IPS

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) dirigió una carta al Ministerio de Salud en relación con la decisión que se comunicó al sector mediante la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, referente al aumento de la Unidad de Pago por Capitación para el año 2025. “Inmediatamente conocimos los contenidos de la resolución nos comunicamos con el Viceministerio de Protección Social a fin de plantear la preocupación del sector prestador por el incremento determinado para esta vigencia. Los puntos de la conversación se centraron en la enorme frustración del sector al nuevamente conocer que no hubo soporte suficiente para una mejor decisión.

Asimismo, la entidad afirmó: “Teníamos como gremio y como IPS la positiva expectativa del mejoramiento de la información aportada por los agentes competentes para nutrir la decisión, sin embargo, vemos que, contrario de lo esperado, al parecer fue imposible avanzar en un análisis sustentado y esa circunstancia derivó en el uso del mecanismo residual establecido por la normatividad existente”.

A su vez, enfatizaron que la decisión que los llevó en el Gobierno a usar el mecanismo residual, esto es, el uso del Índice de Precios al Consumidor causado, que a noviembre de 2024 correspondía al 5,20 % más un 0,16 % para inclusiones, que se concentró en presentar el escenario que en la operación real, se va a dar para toda la institucionalidad que asiste y atiende a la población.

“Y es que tendremos en virtud de la reciente decisión del salario mínimo (que fue decretada en 9,54 %) un importante desfase entre los ingresos que en gran medida dependen de la relación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y, por ende, de la variación de la UPC y unos gastos de las IPS que están directamente relacionados con el aumento del salario mínimo”, agrega la asociación.

Por ello concluye que es impactante para las IPS la decisión de la UPC para el año 2025, “pues al existir un desfase de 4,34 puntos entre el valor de la UPC (sin inclusiones) y el incremento del salario mínimo, toda la institucionalidad prestadora empieza el año con un desequilibrio correlativo a esos puntos, es decir, unos ingresos atados a UPC, frente a unos gastos en su principal componente atados al salario mínimo”.

¿Qué ha girado la ADRES por concepto de UPC?

La ADRES ha transferido un total de $414.86 billones a lo largo de sus siete años de operación, correspondiente a los giros por concepto de la UPC. Durante los tres últimos años, los montos anuales han mostrado un aumento considerable: 18 % en 2022, 18,5 % en 2023 y 12,8 % en 2024, en comparación con el año anterior.

En 2024, hasta el 31 de diciembre, los recursos reconocidos por la ADRES alcanzaron los $83.2 billones, con un crecimiento del 12,87 % respecto al año anterior. Estos recursos se distribuyeron de manera casi equitativa entre los dos regímenes: $41.59 billones para el régimen subsidiado y $41.63 billones para el régimen contributivo.