Citas con especialistas diferentes a hematólogos detenidas, desabastecimiento de medicamentos que ponen en riesgo la vida y desbordan el gasto en salud para personas con enfermedades de alto costo, territorios donde la mortalidad materna aún es el indicador de mayor riesgo. Todo ello es el espejo que refleja hoy la ausencia de gobernanza en el sector salud y la consecuente crisis de desfinanciamiento.

Chocó, a 15 horas de un centro de salud

Debido al acceso geográfico puramente fluvial, las comunidades del municipio del Alto Baudó, Chocó, deben transitar por río en piragua desde tres hasta 15 horas, dependiendo de la lejanía del centro de salud. Esta es una de las principales barreras de acceso que tienen los habitantes y que Médicos Sin Fronteras (MSF) pudo constatar en la ejecución de un proyecto para establecer un modelo de salud descentralizado, entre 2022 y 2024.

Se suman las barreras económicas, porque tener lugar en una piragua comunitaria implica pagar el combustible, que oscila entre 300 mil y 500 mil pesos, además de las barreras de infraestructura: “a falta de servicios de urgencias, escasez de medicamentos y en general condiciones de los puestos de salud muy precarias”, revela Altair Saavedra, Coordinadora médica de MSF en Colombia.

“Hay presencia de otras instituciones que desplazan equipos básicos para caracterizar la población, pero los cambios en las rutas fluviales inciden en que algunas comunidades sean mejor atendidas que otras”, detalla la Dra. Saavedra.

De ahí que la presencia de organismos como MSF trascienda, caso de este proyecto, que formó a 48 agentes comunitarios para identificar signos de alarma, generar remisión a centros de salud y compartir conocimientos con la comunidad. También entregó kits de higiene a 2.500 personas para disminuir la tasa de infecciones por agua contaminada, una de las problemáticas más graves de salud pública en este departamento, después de la mortalidad materna, el dengue y la malaria.

Personas con VIH, en riesgo de rebote del virus

La población con VIH vive el desabastecimiento de terapias, especialmente pediátricas, y medicamentos antituberculosos desde hace más de ocho meses ante el riesgo de rebote del virus; mientras que hay dificultades en la continuidad de la atención con las EPS intervenidas, especialmente Savia Salud, con cambios constantes de prestadores.

Para Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia, declarar un ECI (Estado de Cosas Inconstitucional) es lo más pertinente frente al caso del Invima con registros sanitarios “intencionalmente acumulados”, las intervenciones de las EPS, con las que se esperaba mejorar la administración de recursos, los flujos de caja de los presupuestos máximos y el incremento de la UPC. Todas estas cuestiones terminan “mostrando asfixia y agotamiento del sistema, sin intencionalidad de corrección por el legislativo”, menciona Campillo.

“Con un ECI se esperaría una administración entre la Corte Constitucional con el Ministerio de Salud, se priorizarían poblaciones y pagos, y si los funcionarios no cumplen las obligaciones constitucionales, se consideraría como delito penal”, argumenta el vocero de la corporación.

Trasplantados, viviendo día por medio

Un paciente con trasplante está recibiendo en este momento 4.7 de 12 meses de tratamiento. La dosis, que debe ser diaria para no entrar en rechazo y que está cubierta por el PBS, se está consumiendo un día de por medio.

“Esto demuestra que la UPC no alcanza, hay un aumento en la demanda de servicios frente al valor que se paga cada año. En este caso, un tratamiento mensual que cuesta $ 5 millones está gastando la UPC de otras personas, además del aumento en tecnología y gasto médico”, advierte el director de la Fundación Retorno Vital, y líder de trasplantados en Colombia, Jorge Ernesto García.

Además del desabastecimiento, los tiempos de respuesta hacia la necesidad del paciente parecen no tener techo. Datos de la plataforma SUAP (Somos Un Apoyo Al Paciente) en conjunto con el call center de la Fundación, revelan que, terminando 2024, las citas se estaban demorando entre 92 y 120 días, mientras en 2023, de 45 a 60 días, y en 2022, entre 30 y 45 días.

En este contexto, García afirma que: “Esperábamos que varios organismos solicitaran un ECI, porque el sistema no es receptivo a las necesidades y el Gobierno ha llegado al extremo de dilatar, no reconocer y señalar a otros”. Concluye que, con 4 mil personas en espera de un órgano, frente a una frecuencia de 7,4 donantes por millón de habitantes.

Personas con Hemofilia, con traumas administrativos

Por su condición, y preparados ante un sangrado leve o grave sin profilaxis para ingresar por urgencias, con atenciones que pueden costar en 15 días el valor del tratamiento anual, el sistema se cura en salud y viene entregando sin falta los medicamentos a la población con Hemofilia, pero no están exentos de diversos traumas administrativos que vienen presentándose con cada intervención o traslado de usuarios en las EPS.

Otro es el caso de los pacientes venezolanos que han sentido el efecto de la crisis y el desabastecimiento, porque en Colombia no todos los hospitales públicos compran el medicamento e intervienen si son inmigrantes ilegales o no, sostiene Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofilia.

“Como institución estamos de acuerdo con la Procuraduría, porque hay fallas estructurales que por inacción del Gobierno generan oportunidades de corrupción, malos manejos y desperdicios que afectan la prestación a tiempo de los servicios de salud”, advierte Robledo.

Indígenas del Cauca buscan diversas fuentes de financiación

Frente a este panorama, un caso se diferencia totalmente de la crisis en salud que vive el país y 138 territorios indígenas del Cauca, donde se viene trabajando desde 1980 para integrar la visión y la sabiduría de los mayores en torno a la salud con la medicina de Occidente.

Este sistema está formado por un programa regional y 12 programas de salud zonales articulados con planeación local, donde integran la figura de la EPS e IPS, se trabajan indicadores, perfiles epidemiológicos y capacitación intercultural para profesionales que llegan de afuera.

También han creado un fuerte componente de Atención Primaria en Salud, que cobra vital importancia en un territorio que en su mayoría no tiene agua potable. A través de un auxiliar de enfermería y un auxiliar agroambiental se trabaja la ficha familiar, se caracteriza cada integrante y se revisan desde los espacios productivos hasta las vías de acceso para saber cuánto cuesta ir a realizar una atención en salud a cada hogar.

Para necesidades de tercer y cuarto nivel tienen convenios con instituciones en Cali, se brinda acompañamiento espiritual, casa de paso a enfermos y familiares en la ciudad, se les aporta recursos para movilizarse y se cuenta con personal operativo para ayudarles a tramitar autorizaciones.

Para brindar todos estos servicios encontraron que la UPC era insuficiente y, en negociación con el gobierno, se incrementó a una UPC diferencial de 14 puntos, explica Duván Sánchez, coordinador del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC.

Pero los costos integrales seguían siendo más altos, razón para que buscaran aprovechar al máximo los recursos de la ADRES y otras fuentes de financiación como el Sistema General de Participaciones. También priorizan y caracterizan enfermedades propias para que no se tenga que acudir a la EPS, revela Sánchez.

Sobre la crisis en el sector, sostiene que “ya vimos como comunidad que incrementar la UPC no es la solución, hay que buscar otras estrategias para financiar la salud. También se necesita prevención y acompañamiento en el territorio y voluntad individual, familiar y colectiva”.