El 21 de enero, se conoció que la Corte Constitucional emitió un auto en el que ordenaba varias acciones al Ministerio de Salud y abría un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, como responsable de la cartera, debido a su falta de respuesta a los requerimientos.

Entre las órdenes, la Corte le pidió al Ministerio que desarrollara una metodología unificada para la definición y ajuste de los presupuestos máximos, recursos cruciales para financiar tratamientos de enfermedades costosas que no están cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud.

En relación con los presupuestos máximos, la Corte también le había dado tres instrucciones clave al Ministerio: “Abonar los presupuestos máximos reconocidos para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024; reconocer los correspondientes a noviembre y diciembre de 2024, con fecha límite del 30 de enero de 2025, y pagar los presupuestos máximos correspondientes a cada mes de 2025 dentro de los primeros 15 días de cada periodo. Los pagos de enero y febrero deben realizarse en los últimos 10 días de febrero”.

En respuesta a este llamado, el Ministerio de Salud explicó que los principales cambios realizados incluyen el establecimiento de un contenido metodológico que detalla los parámetros clave para calcular el presupuesto máximo. Además, se definieron los plazos máximos para “el reconocimiento y el respectivo giro de los presupuestos máximos”.

También se incluyó un proceso de verificación, monitoreo, seguimiento y control, así como una auditoría que llevará a cabo la ADRES, con el objetivo de salvaguardar los recursos y mejorar las fuentes de información utilizadas para el cálculo de los presupuestos máximos. La otra decisión que destaca la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo es la definición de un período de transitoriedad para calcular el presupuesto que habrá para 2025.

Respecto de las órdenes impartidas por parte de la Corte Constitucional, relacionadas con la definición de una metodología para establecer los presupuestos máximos en salud desde la vigencia 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social informa que expidió la Resolución No. 067 del 21 de enero de 2025 por medio de la cual se establecen las disposiciones unificadas y el contenido metodológico marco que rige el presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Los principales cambios que se introducen con la Resolución No. 067 de 2025 son:

Se fijó un contenido metodológico marco que incluye unos parámetros fundamentales para el cálculo del presupuesto máximo. Se especifican los plazos máximos para efectuar el reconocimiento y realizar el giro respectivo de los presupuestos máximos. Se incluye un proceso de verificación, monitoreo, seguimiento y control, así como un proceso de auditoría que adelantará la ADRES con el propósito de proteger los recursos y fortalecer las fuentes de información para el cálculo del presupuesto máximo. Se define un periodo de transitoriedad para el cálculo del presupuesto máximo de la vigencia 2025.

¿Qué dicen los legislativos?

El representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, apuntó que “este es un golpe durísimo para él, es un golpe durísimo para Félix León Martínez, director de la Adres, porque ambos de manera sistemática han retrasado los pagos de presupuestos máximos, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes”.

Según estima el parlamentario, son cerca de 1.5 billones de pesos los que tendrá que pagar el Gobierno en este plazo que ha dado la Corte, siendo $ 819.000 correspondientes de la deuda de 2022, y los otros más de 700.000 millones de pesos pertenecen a los pendientes de 2024. Ante esto, Forero señaló que las deudas han representado un golpe importante al sistema de salud dado que “obviamente eso había tenido incidencia en la interrupción de tratamientos, en la falta de medicamentos para personas que sufren enfermedades de alto costo”.

“Hemos visto cómo se ha denunciado que se han interrumpido procedimientos; se han interrumpido tratamientos; cómo no han podido acceder a medicamentos. Hemos visto incluso niños que se han muerto que tienen enfermedades de alto costo, unas que están relacionadas con la EPS y otras con presupuestos máximos”, señaló Forero.

Al cierre de esta edición, la ADRES, sostuvo una reunión con diez EPS para aclarar los diferentes enfoques de esta determinación, poniendo además en la mesa los problemas con la definición de la UPC.

En la reunión la entidad también entregó un balance en el que puntualizó que “la ADRES trasladó $3.15 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2.60 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530.000 millones a las EPS. Por otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3.62 billones, de los cuales pagó directamente $2.24 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1.34 billones a las EPS”.