Flujo de recursos hacia la red de prestación de servicios. ¿Cómo lo garantizarán?

En presencia de los presidentes y representantes legales de 28 entidades administradoras de recursos de la salud, el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, socializó la circular externa 2023150000000006-5 de 2023, en la que imparte instrucciones para que se agilice y garantice el cumplimiento del flujo de recursos en el sistema.

En total son cinco las instrucciones consignadas en la circular, dentro de las cuales se destaca el cumplimiento del traslado del incremento porcentual de la UPC definido por el Ministerio de Salud para la vigencia 2023 (Resolución 2809 de 2022) por parte de las EPS a la red de prestadores, pública y privada, el cual corresponde al 16,23 %.

Asimismo, se obliga a las EPS, Entidades Territoriales del Orden Departamental y Distrital y (PSS) a dar cumplimiento de la normatividad vigente inmersa en los acuerdos de voluntades en el sector salud, para garantizar la continuidad del flujo de recursos del sistema salud y, con ello, el acceso efectivo de los usuarios a la prestación de los servicios o tecnologías.

Según afirmó el superintendente, “la Supersalud está dispuesta a hacer lo que sea para garantizar el derecho a la salud de las personas, por eso hoy expedimos esta circular para que las administradoras de recursos no sigan incumpliendo con las normas y los requerimientos exigidos”.

También es de señalar que se les pide a los Administradores de Recursos de Salud, Entidades Territoriales del Orden Departamental y Distrital fortalecer sus procesos para garantizar los compromisos de pago a hospitales y clínicas para ofrecer a sus usuarios una atención oportuna y de calidad.

Las EPS deberán publicar mensualmente la información de los pagos a los prestadores de salud en un término no mayor a los cinco días hábiles después de la fecha de corte.

Cabe resaltar que “el incumplimiento a las instrucciones contenidas en la presente circular dará lugar a la imposición de sanciones de conformidad, lo establecido en la Ley 1438 de 2011 modificada por la Ley 1949 de 2019, sin perjuicio de las acciones que les correspondan a otras autoridades competentes”, expone la Supersalud.

Sin embargo, garantizar el flujo de recursos hacia la red de prestación de servicios va mucho más allá de las instrucciones impartidas por la entidad, pues también habrá que tener en cuenta el impacto fiscal que pueda tener la nueva propuesta de la reforma. Es de recordar que el sistema ha presentado dificultades en su financiamiento y en el flujo de los recursos. 2022 terminó con un desfase superior a los tres billones de pesos, asociados los presupuestos máximos y rezagos de atención del COVID-19. En cuanto a lo que va de 2023, ya hay un déficit derivado del descuento en el valor del SOAT y con un sistema en el máximo nivel de demanda de servicios, afectado por la inflación, la tasa de cambio, el aumento en las frecuencias de uso, entre otros.

Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), “esa es la realidad año a año en la operación propia del sistema. Esta reforma, que cambia el modelo de atención, también es exigente en capital, requerido para aumentar la oferta pública en todos los niveles, diseñar, construir, contratar y operar un gran sistema de información, formalizar y mejorar las condiciones de remuneración del talento humano en salud, soportar una estructura de gobernanza paga muy robusta y fortalecer y crear nuevas entidades”.

Por otro lado, varios expertos coinciden en que la ADRES no cuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede generar un colapso y consecuentes fallas en la atención de salud. Plantear un pagador único y ubicar en él todas las transacciones del sistema, además de otras que hoy no realiza, es un riesgo para la entidad, pero, sobre todo, para el flujo oportuno de los recursos.

Con relación a la garantía del flujo de recursos, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), ha afirmado “que si bien durante todos estos años muchas disposiciones han tratado de ordenar el flujo de recursos, esto no ha sido eficaz. Las cifras de cartera crecen y el porcentaje de cartera vencida se ha movido en los últimos periodos entre 55 y 60 %. Por eso, si se garantiza un 80 % de entrada y el restante porcentaje apenas pasados los 30 días, se avanzaría mucho respecto a la situación actual”.

Irregularidades en el flujo de recursos

La Superintendencia de Salud les advirtió a las EPS que tiene información de que no estarían realizando los trámites correctos para aplicar los pagos con el aumento de la UPC tanto públicos como privados.

El superintendente de Salud señaló: “Estamos fatigados de las prácticas de algunas EPS, se inventan mecanismos para no cumplir con los pagos. Veníamos con un gran portafolio de estrategias para incumplir, y hoy vemos una nueva relacionada con captación, no entregan sus bases de datos a los prestadores y hablo de la Nueva EPS”.