La situación humanitaria en el país empeoró: CICR

El último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia entregó un análisis sobre las principales afectaciones derivadas de los conflictos armados, la violencia, los ataques a la misión médica y el impacto directo que tiene sobre la población civil.

Solo el año pasado se registraron 515 víctimas de minas antipersonales. De los afectados por restos de explosivos de guerra, artefactos explosivos lanzados y por detonaciones controladas, el 54 % corresponde a la población civil. De estos, 43 fueron menores de edad.

Desplazamiento y violencia, variables que afectan la misión médica

El informe también especificó que para el 2018, 209 casos de desaparición estuvieron relacionados con los conflictos armados y hechos de violencia. Sin embargo, hay un subregistro: datos que no dan cuenta del número total de sucesos que pudieron registrarse en todo el territorio nacional.

Según las cifras que entregaron en el 2022, el desplazamiento individual afectó al menos a 123 mil personas, otras 38 mil por desplazamiento masivo y 39 mil personas estuvieron confinadas. A este panorama, se le suma los ataques contra la asistencia de salud. Según reportó la Mesa Nacional de Misión Médica, se presentaron 426 agresiones contra el personal de la salud, también a las instalaciones y a los vehículos sanitarios. Vale destacar que la información enfatiza que los más afectados fueron quienes atendían las emergencias y los pacientes ubicados en las zonas que registran más hechos de conflicto armado y violencia.

Según el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el 2020 se presentaron 256 agresiones a la misión médica, de estas 123 fueron en Valle del Cauca, 41 en Norte de Santander, 18 en Bogotá, 17 en Huila, 16 en Cauca, seis en Cundinamarca, seis en Nariño, cinco en Boyacá, cinco en Guaviare, cuatro en Risaralda, dos en Arauca, dos en Santander y uno en Quindío.

De acuerdo con los indicadores que entregó el CICR, las zonas que presentan mayor afectación son Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, en los departamentos que están al sur del país, como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, los habitantes también sufrieron el recrudecimiento de la violencia.

Asimismo, el CICR mostró su preocupación debido a que en el 2022 evidenciaron que los actores armados continuaron irrespetando los principios humanitarios. Referente a estos hechos, una enfermera le contó a un noticiero nacional cómo fue secuestrada en Antioquia a inicios de este 2023 por un grupo armado, esto con el fin de atender de forma obligada a unos integrantes que habían sido heridos durante un enfrentamiento.

Cuenta la profesional que después de terminar el turno de trabajo, algunos integrantes de un grupo armado llegaron hasta su casa: “Yo estaba nerviosa porque no los conozco y me dijeron que me tenía que ir con ellos y que en el camino me decían para dónde me llevaban, me tocó aceptar, había motos y todos estaban armados, me tocó irme”.

La enfermera manifestó que llegó a una zona selvática y se encontró con varios hombres en malas condiciones de salud: “Me llevaron para una vereda, cuando llegamos había mucho herido, eso fue muy miedoso”. Finalmente, después de 12 horas de atender la emergencia, el grupo armado la devolvió a su casa.

Frente a situaciones similares, el CICR documentó que ocurrieron 400 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, de las cuales más de la mitad corresponden a homicidios, amenazas, violencia sexual, reclutamiento, empleo de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, uso y participación de niños, niñas y adolescentes en las hostilidades, también privaciones arbitrarias de libertades, tratos crueles, entre otras conductas graves.

Misión médica entre la espada y la pared

En los últimos hechos violentos que ocurrieron en el país, dos ambulancias fueron incineradas en medio de un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, esta situación se dio cuando una ambulancia se movilizaba del municipio del El Bagre a Caucasia con una mujer embarazada, unos encapuchados detuvieron al vehículo que estaba atendiendo la emergencia y obligaron a los ocupantes a bajarse y luego la incineraron.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a través de su cuenta de Twitter rechazó este hecho de violencia que viola los derechos humanos: “¿Esto es protesta pacífica? Esto no se ve ni en los conflictos más agudos. La Fuerza Pública, con firmeza, con legalidad, debe continuar en la tarea de restablecer el orden y las libertades”.

Sin embargo, en este mismo lugar, unas horas antes, los manifestantes habían incinerado otra ambulancia que estaba parqueada. El comité representante del paro minero emitió un comunicado en el que manifestó que los responsables de los ataques a la misión médica y quienes provocaron los diferentes disturbios que alteraron el orden público no los representaban como gremio.

Para lograr el control en este territorio y evitar que más personas siguieran atacando la misión médica, las autoridades tuvieron que programar las caravanas seguras: la fuerza pública acompañó a los vehículos de carga, ambulancias y a particulares desde Caucasia hasta Montería.

Esta situación también fue rechazada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quienes confirmaron que los ataques o las violaciones contra los civiles y personal de la salud empeoraron y aunque el paro minero no hace parte del conflicto armado colombiano, lo relacionan por los ataques a la misión médica.

Iván Darío Real Ortega, secretario de Salud y Desarrollo Social del municipio de Caucasia, aseguró sobre dichos ataques que: “Con esta quema de las ambulancias, las pérdidas económicas son alrededor de 300 millones de pesos”. A lo que agregó: “También está el impacto y el temor que se genera a toda la misión médica de prestar los servicios de manera rutinaria”. La suspensión de estos servicios no solo afecta al municipio de Caucasia, que cuenta con 98 mil habitantes, sino a toda la subregión, retrasando todos los traslados que vengan de otros municipios.

“En estos momentos nos encontramos en alerta roja hospitalaria, con todos los planes de emergencias activados y teniendo en cuenta la limitación de servicios. Nosotros no somos ajenos a la problemática nacional, la cual no cuenta con el número suficiente de ambulancias para cubrir la demanda que existe. Es importante resaltar que se debe fortalecer la flota de ambulancia en la subregión”, advirtió el secretario de Salud de Caucasia.

Según el CICR, la crisis humanitaria en Colombia del conflicto armado empeoró en siete departamentos del país donde se registró un ataque o violación contra civiles: poblaciones enteras tuvieron restringido el acceso al río, no tenían el derecho a pescar, cultivar y aumentaba la angustia ante la incertidumbre y el temor a perder la vida.

“Desafortunadamente, hemos visto que la lucha por el control territorial, el control social, los problemas han continuado y eso se expresó, por ejemplo, en el aumento récord del número de víctimas de minas, el más grande de los últimos seis años”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.

Antioquia, Chocó y Córdoba, entre los más afectados por los conflictos

En esta zona del país los conflictos armados y la violencia continúan dejando consecuencias profundas en la población civil.

El CICR ve con preocupación el aumento de víctimas de artefactos explosivos en Antioquia. Por su parte, Chocó continúa siendo el departamento más afectado por el confinamiento y el impacto más fuerte se evidencia en las comunidades indígenas. Finalmente, Córdoba sigue registrando casos de desplazamiento individual.

“Aparte de las víctimas por artefactos explosivos, desplazamiento, confinamiento, desaparición y agresiones al personal de salud, se suman otras consecuencias humanitarias que dejan los conflictos armados en esta zona del país y cuyos registros no son tan visibles como lo son la violencia sexual y el reclutamiento, uso y participación de niños, niñas y adolescentes. El llamado es a todos los actores armados para que dejen por fuera de las hostilidades a la población civil”, afirmó Ignacio San Román, jefe de la subdelegación del CICR en Medellín.

Todos estos elementos demuestran la complejidad del contexto actual, donde las dinámicas de los conflictos armados pueden variar ampliamente de una región a otra, así como el comportamiento de los portadores de armas frente a la población civil. Para el CICR ser neutrales es más que una postura moral, es una postura humanitaria que les permite dialogar con todos los actores armados en Colombia y acceder a las regiones más afectadas por la guerra, ser neutrales les permite asistir a miles de víctimas con diversas necesidades humanitarias.

“Los indicadores de las múltiples consecuencias humanitarias muestran que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de los conflictos armados y la violencia. El año pasado fuimos testigos de la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de varias regiones del país, poblaciones enteras que no pudieron cazar, pescar o sembrar sus cultivos por el aumento de la confrontación armada y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. Familias que experimentaron incertidumbre y angustia por no saber el paradero de sus seres queridos, y personas que perdieron la vida o que sobrevivieron con secuelas físicas y psicológicas que permanecerán por largo tiempo”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del informe “Retos Humanitarios 2023”.

Durante el año 2022, los equipos que estaban trabajando en el terreno pudieron constatar que la situación humanitaria en Colombia continúa deteriorándose, como consecuencia de los conflictos armados no internacionales y la violencia.

En el informe, confirmaron, este difícil panorama los llevó a recordar la importancia de preservar la acción humanitaria, respetar los estándares y las modalidades de trabajo para asistir a quienes más los necesitan.

“Esta situación transformó por completo la cotidianidad de quienes habitan en las zonas más apartadas del país, quienes son a la vez los más afectadas por los conflictos armados, pero paradójicamente pasó desapercibida para buena parte de la sociedad colombiana. Por eso, es fundamental llamar la atención sobre el sufrimiento, el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas”, agregó Caraffi.

También, Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, recordó que en 2020 se presentaron 325 ataques contra la misión médica, los cuales la mayoría fueron ejecutados por la sociedad civil. De esta manera, el representante calificó la situación como preocupante e hizo un llamado a toda la sociedad para que cesen estos incidentes.

Es de tener en cuenta que, según el registro del Ministerio de Salud, son más de cinco mil pacientes en Colombia en diálisis, por lo que garantizar el suministro de sus medicamentos es de vital importancia y que en muchas ocasiones la movilización de estos medicamentos debe ser custodiada.