Fallo de la corte, un paso más por el derecho a la muerte digna

“Es muy difícil tener la mente lúcida y ver cómo el cuerpo se desgasta y se convierte en un estorbo”. Esas fueron las palabras que Yolanda Chaparro le dijo el diario El País, de España, un día antes de recibir la eutanasia. Había pasado más de un año desde que la mujer de origen boyacense manifestó su intención de acceder a este derecho, luego de ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, pero solo hasta el 25 de junio de 2021 ganó su lucha por tener una muerte digna.

La mujer narró que al enterarse de la evolución de la enfermedad y comenzar el desgaste físico y emocional, se convenció de que esa era la alternativa más positiva para ella. La primera respuesta de su neurólogo fue un no y luego, al aplicar el protocolo del Ministerio de Salud, se le informó que no era candidata para la eutanasia porque su estado no estaba lo suficientemente deteriorado.

Después de una tutela negada en primera y segunda instancia, Yolanda insistió y desde mayo su IPS autorizó la eutanasia, no obstante, el acceso a ella tardó un poco más.

Con su cabello teñido de morado y claridad en las palabras, se le puede ver en un video del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), organización que la apoyó en esta lucha, donde dijo: “me parece importante aportar con este trabajo a que las leyes se sensibilicen y se pueda tener una ayuda para las personas que están en momentos angustiantes y no tienen, fuera de la medicina, ningún otro apoyo”.

Desde que se emitió la resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud, que reglamentó la eutanasia, hasta el caso de Yolanda, en el país se realizaron 124 procedimientos de este tipo.

Esta cifra es una muestra de que, a pesar de los obstáculos a los que se ven enfrentados los ciudadanos, Colombia es uno de los países más avanzados en cuanto a muerte digna, según DescLAB. Esta organización reseña que nuestro país es el único latinoamericano y uno de los siete en el mundo donde es legal este procedimiento.

A nivel regional, señala el laboratorio, en Argentina, Uruguay y Brasil se permite el desistimiento o modificación de tratamientos en casos de enfermedades graves, mientras que en México la eutanasia y el suicidio asistido están tipificados como delito. De manera similar, en Perú el homicidio piadoso está sancionado.

Justo un mes después del fallecimiento de Yolanda, el tema de la eutanasia volvió a ocupar los titulares de prensa. No fue por su caso, sino por otra petición que llegó a la Corte Constitucional y tuvo un fallo prometedor para este derecho.

Se amplió el derecho a la muerte digna

El pasado 22 de julio la Sala Plena de la Corte amplió el derecho fundamental a morir dignamente para las personas que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de una enfermedad grave e incurable. Es decir, ya no es necesario padecer una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia, como lo había dispuesto el tribunal en 1997.

El magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte y uno de los seis corporados que votó a favor (tres votaron en contra), detalló: “En el marco del respeto por la dignidad humana, no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intenso sufrimiento, y ha adoptado la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna”.

De igual manera, la corporación definió que: “es obligación del Estado ofrecer y prestar servicios y la asistencia necesaria para la protección de la vida, la disminución del dolor y el tratamiento terapéutico. Sin embargo, se reitera que toda persona tiene derecho a decidir autónomamente sobre su muerte”.

Finalmente, una vez más, se hizo un llamado al Congreso para que regule el derecho a morir dignamente, lo que permitiría eliminar las barreras que los pacientes deben sortear para acceder a este derecho.

Aunque esta iniciativa ha sido rechazada en el legislativo en varias oportunidades y sectores conservadores y/o religiosos se han mostrado en contra, lo cierto es que la más reciente encuesta Colombia Opina de Invamer, publicada en agosto, reveló que el 72,5 % de las personas en el país están a favor de la eutanasia, mientras que el 24,8 % de los encuestados manifestó estar en desacuerdo.

Precisamente, el pasado 25 de agosto la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate (con 23 votos a favor y 10 en contra) el proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia en Colombia. La iniciativa seguirá su curso en la plenaria de la Cámara, instancia en la que se hundió en la legislatura pasada.

El representante liberal Juan Fernando Reyes Kuri, autor del proyecto, explicó en su cuenta de tuiter que “al no existir una ley que reglamente la eutanasia, las familias y los pacientes se enfrentan a muchas barreras para decidir sobre su propia vida. Y los médicos, por su parte, no tienen seguridad jurídica que los blinde de algún proceso penal al realizar este procedimiento”.

Mónica Giraldo Castaño, magister en psicología clínica y directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), explica que pese a los antecedentes de la eutanasia en el país, este “sigue siendo un derecho muy desconocido, un tema que como sociedad nos cuesta mucho hablar”.

La organización considera que el fallo reciente es un gran avance en el derecho a la muerte digna, no obstante, también aclara “que hay mucho por hacer desde lo legislativo, porque al final el fallo de la Corte debe tener un marco regulatorio (...) para tener clara la ruta para que los pacientes puedan acceder a este derecho de manera efectiva”.

Cabe recordar que, como explica la directora de la fundación, el derecho a morir dignamente no tiene una definición unidimensional, no significa solo eutanasia o cuidado paliativo, sino que abarca todas las definiciones que tenga cada persona a partir de sus principios, valores y creencias.

Voluntades anticipadas y comités, claves para garantizar este derecho

Desde la resolución 2665 de 2018 en el país están reglamentados los documentos de voluntad anticipada, con los cuales las personas pueden informar sus preferencias al final de la vida. Si el documento cumple con los requisitos estipulados (claridad en la identidad de la persona, su voluntad con fecha y ubicación, y se protocoliza con dos testigos, un médico o en una notaría), este tiene que ser respetado.

Pero no siempre sucede. Giraldo indica tres puntos que se deberían trabajar para derribar algunos obstáculos con los que se encuentran los pacientes. El primero es seguir educándonos para entender que hoy en día, que estamos conscientes, podemos dejar nuestra voluntad; el segundo, que los profesionales y las instituciones de salud tienen la obligación de conocer un poco más para respetar al paciente que entrega su voluntad anticipada y registrarla en la historia clínica, como dice la resolución; y el tercero, tener en cuenta que aunque para las personas que perdieron su facultad mental ya la eutanasia no sería un camino, hay que identificar con el equipo tratante cuál es la mejor ruta para acompañarlas a tener una vida y muerte dignas.

Un paso importante que podrían dar las instituciones y entidades prestadoras de salud, dice la directora de DMD, es tener una historia clínica unificada, “así sea institucional, sabiendo que aún como país no la tenemos, y que incluya la voluntad anticipada”, porque para los pacientes es desgastante tener que entregar este documento a cada especialista con el que tienen contacto.

Sobre los comités de muerte digna, que según Minsalud, deben existir en todas aquellas instituciones que brinden atención a pacientes oncológicos, en el final de la vida o cuidado paliativo, Giraldo comenta que “hay muchas que lo tienen y bien conformado, pero la mayoría, cuando hacemos la mirada macro como país, no lo tienen, entonces cuando llega una solicitud del paciente lo único que dicen es que ni siquiera la radiquen porque no saben cómo es el procedimiento”.

La reglamentación del Ministerio de Salud, después de la despenalización de la eutanasia en 1997 tardó 18 años en llegar. Actualmente el país está a la espera de la sentencia final de la corte y, como señala la directora de DMD, también del debate que se está dando en el Congreso.