Aprobación de una iniciativa legislativa, ayudaría a solucionar crisis de hospitales públicos

Con tan solo cinco artículos y dos parágrafos, el representante a la cámara José Luis Correa López, busca corregir una de las desigualdades más evidentes en el sistema laboral colombiano y que afecta directamente al talento humano en salud vinculado a los prestadores públicos. Que el pago de sus salarios y prestaciones sociales, estén a cargo del estado en el nivel Nacional, territorial y Distrital.

De aprobarse el proyecto que cursa en el Congreso de la República se solucionaría además en gran porcentaje la crisis financiera que durante años han padecido las Empresas Sociales del Estado en la medida en que, como lo señala la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, el talento humano representa alrededor del 70 % de los costos de operación de los hospitales públicos en el país.

Otro elemento, coyuntural, ha entrado a darle fuerza a la iniciativa. El gobierno nacional, y el resto sociedad colombiana, ha manifestado la necesidad de reconocer los esfuerzos, compromiso y calidad del talento humano en salud que viene afrontando el coronavirus; para la mayoría es el momento de pasar de los homenajes y los calificativos de héroes, a un accionar más tangible.

Según cifras del DANE el sector salud cuenta con 673 mil trabajadores, el 3,2 % de la fuerza laboral del país; de ellos 495 mil son asalariados mientras que por cuenta propia hay 164 mil, de los que el 27 % no tienen contrato laboral y 25 % no cuentan con afiliación a salud y pensión. 12 mil son empleadores y mil laboran sin remuneración.

Pero durante la pandemia, como señala la doctora Olga Lucia Zuluaga, se evidencio la necesidad de que los hospitales públicos estén fortalecidos para enfrentar en cualquier momento estas emergencias, pero además, de manejar la atención primaria, y una forma de fortalecerlas es con financiación, y más del talento humano que es el que lleva a cabo las actividades. “En pandemia se vio que el personal asumió trabajos incluso de manera poco digna porque los hospitales no tienen garantizado el recaudo. Cuántas de estas personas han expuesto su vida, aun hoy, sin recibir el pago durante 4 o 5 meses, y siguen trabajando en condiciones deplorables pero los riesgos siguen”. Y recordó que hoy la mayoría de los gerentes se tienen que desgastar todo el año para que les contraten servicios o que les paguen, en vez de estar planificando como desarrollar estrategias que le permitan a su población a cargo que no se enferme.

Soporte jurídico

La propuesta cuenta con una lógica y justificación jurídica bastante sólida según se consigna por el representante Correa en la exposición de motivos. La Ley 100 de 1993 señala en el artículo 194 que “La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada…”. Por su parte el artículo 195 establece las características de las ESE, donde claramente se consigna que su objeto es: “la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social”.

Así entonces, y según la ley marco de la salud en el país, las Empresas Sociales del Estado son una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que pueden ser creadas por la ley o por las asambleas o concejos, y esta encargadas de llevar a la practica el cumplimiento de un derecho fundamental de la población, el derecho a la salud, a través de la prestación de servicios, cumpliendo la función de representantes del estado.

En este orden de ideas, el talento humano vinculado a las ESE se entiende como servidores públicos y así se les considera para el cumplimiento de deberes, prohibiciones e inhabilidades, sin embargo, esta relación no funciona con la misma lógica para la forma como reciben por parte del estado sus derechos en materia de salarios y prestaciones sociales, los cuales quedan sometidos a las capacidades de los hospitales públicos y las leyes del mercado en cada territorio, originando una desigualdad social.

Y es que como afirma el representante Correa, los salarios y prestaciones sociales del talento humano en salud vinculado con hospitales públicos está sometido a los vaivenes de un mercado imperfecto, en la práctica, su salario depende del pago que hagan las EAPB, y si se tiene en cuenta una cartera que supera los 10 billones, mucha de ella con una antigüedad superior a los 360 días, se produce una afectación natural en los pagos con oportunidad, como aspira a tener cualquier otro servidor público.

El doctor Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de AESA, ha sido reiterativo en un ejemplo: es como si los rectores de los colegios, que dan operatividad al cumplimiento por parte del estado del derecho fundamental a la educación, tuvieran todos los meses que recoger con ventas de servicios los salarios de los docentes a su cargo.

Para el representante a la cámara José Luis Correa, de lograrse la voluntad política necesaria por parte del congreso para reformar parcialmente los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, se subsanaría una grave injusticia social, pero además, se permitiría que este talento humano se formalice, tengan un trabajo digno y decente con mayor estabilidad laboral y condiciones salariales y prestacionales iguales al resto de los servidores públicos. Otros beneficios serían aliviar la carga fiscal y presupuestal en las ESE dando como resultado la disponibilidad de mayores recursos para atender a la población. Todo esto además de cumplir como estado la Constitución y la ley en el servicio de Salud.

Proyecciones

De acuerdo con la información del Ministerio de salud de las personas que laboraban para el año 2018 en el sector salud, el 47 % eran profesionales y especialistas, y el 52 %: auxiliares, técnicos y tecnólogos, incluyendo sector público y privado.

En relación con las ESE y teniendo como fuente la información reportada por las mismas y validada y presentada por las Direcciones Territoriales de Salud (Decreto 2193 de 2004) el número de cargos ocupados en planta de personal a 31 de diciembre de 2018 era de 46.567.

Por su parte, y según información del Ministerio del Trabajo, las personas ocupadas en actividades relacionadas con la salud en 2018 eran 671,994, de los cuales 453,465 pertenecían al sector privado y solo 44,447 al sector público. (161,656 estaban por cuenta propia, y 10,898 eran empleadores).

Si se compara esta cantidad, solo con los docentes oficiales del país, y cuyas nóminas y prestaciones son cubiertas por el estado, encontramos que en 2017 había 318.655 vinculados al magisterio, de los que el 93,9 % se desempañaban en cargos docentes y el 6,1 % en cargos directivos. Sin plantear que el papel de los maestros en Colombia sea el mejor remunerado, si es posible pensar que el estado se encuentra en capacidad de cubrir los costos de menos de 50 mil trabajadores de la salud, como dice José Luis Correa: es cuestión de voluntad política.