La seguridad alimentaria a nivel mundial ha entrado en crisis durante las últimas décadas afectando no solo los sistemas alimentarios, sino convirtiéndose en amenaza con afectaciones sobre las cadenas de suministro y consecuencias graves sobre la salud de millones de personas.

La desaceleración económica, agudizada por la Covid-19, se ha traducido en menores ingresos y precios más altos de la mayoría de los alimentos, debilitando el derecho a la alimentación, además de aumentar los conflictos, como afirma la Organización de las Naciones Unidas: “El hambre y la desnutrición son significativamente peores allí donde los conflictos son prolongados y la institucionalidad frágil”.

Históricamente los periodos de mayores hambrunas no se han generado por escasez de alimentos, sino por la imposibilidad de las personas para acceder a ellos.

El Estudio de Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo para el año 2017, alertó que: “la meta de un mundo sin hambre ni malnutrición para 2030 será muy difícil, y para lograrlo se necesitarán renovados esfuerzos y nuevas formas de trabajo”.

El Premio Nobel de la Paz 2020, otorgado el 9 de octubre al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), pone en la agenda pública una realidad hasta ahora soslayada por otras “urgencias”.

El PMA se nutre de donaciones de alimentos y dinero. Anualmente distribuye quince mil millones de raciones de comida a 97 millones de personas en 88 países, canalizando la ayuda a través de unas mil organizaciones aliadas. Según Berit Reiss-Andersen, presidenta del comité Nobel Noruego “el PMA fue reconocido por su contribución a la mejora de las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por su actuación como elemento impulsor en la prevención del hambre como arma de guerra y de conflicto”.

Según cifras del PMA “en 2019 había en el mundo 135 millones de individuos en inseguridad alimentaria aguda, situación en la que la incapacidad de la persona para consumir alimentos pone en riesgo inmediato su vida y subsistencia, y con la pandemia podrían agregarse entre 83 y 132 millones de personas”.

“El hambre crónica, situación en la que una persona no puede consumir alimentos suficientes para mantener una vida normal y activa durante un período prolongado, afecta a 690 millones de habitantes en todo el mundo”, añade el PMA. Así mismo, António Guterres, secretario general de la ONU, declaró: “en un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada noche con hambre”.

Aumento de la inseguridad alimentaria en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social reconoció que la emergencia sanitaria hizo prestar especial atención a la situación de inseguridad alimentaria en el mundo, y que se pudo profundizar en razón de la pandemia por Covid-19”. Para Elisa Cadena, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Minsalud: “se presume que haya un estancamiento de los esfuerzos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de cero hambre, por lo cual los esfuerzos para reducir el hambre son imperativos y se requerirán acciones a lo largo del sistema alimentario para abordar los factores que aumentan el costo de los alimentos y no favorecen la alimentación saludable”.

Sin embargo son muchas más las preguntas que se deben abordar en Colombia frente a la inseguridad alimentaria: ¿Hay políticas públicas que sean eficientes a nivel nacional? ¿Cuál es el panorama en el país en temas de abastecimiento de alimentos, disponibilidad, acceso y aprovechamiento biológico? EL PULSO consultó a varios académicos e investigadores sobre el tema.

El Minsalud argumenta que “han desarrollado estrategias intersectoriales dirigidas a afrontar el aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional consecuencia de las implicaciones económicas, sociales, ambientales y, por supuesto de salud, generadas por la pandemia y las medidas para su mitigación. Acciones para mejorar la accesibilidad física, promoción de prácticas alimentarias y de nutrición saludables y en las políticas públicas hacia el Derecho a la Alimentación”.

Sin embargo, estas estrategias y programas carecen de características poblacionales donde se vinculen las tradiciones de cada grupo. Además, están dirigidas a variables relacionadas con la edad, niños y adultos mayores, lo que deja desprotegidos grupos como los jóvenes. Por otro lado, no existen acciones para fomentar conciencia sobre la siembra casera que disminuya barreras en el acceso y la disponibilidad de alimentos.

El Grupo de Estudio de Cultura Alimentaria de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia realizó un estudio para conocer los cambios que se dieron en las dinámicas alimentarias de las familias durante la cuarentena y conocer las percepciones respecto a la satisfacción con su alimentación.

Luz Marina Arboleda Montoya, investigadora del grupo señala: “hay un componente de prácticas alimentarias donde influyen factores de territorio y geográficos. Sólo se conocen los alimentos típicos tradicionales y no se tienen en cuenta las características de la región”. Y agregó que como consecuencia de la pandemia “se dieron cambios en la alimentación, en otros hábitos se presentaron factores externos, discursos frente a la salud y la nutrición, en la practicidad, en falta de tiempo”.

Arboleda explicó que: “hay una tendencia en que los hijos y compañeros de hogares más jóvenes están colaborando con las funciones de alimentación. Además, se presentan nuevos contextos, significados importantes, recuperación de alimentos tradicionales, y aspectos en el procesamiento que han cambiado, hay integración de alimentos para facilitar la preparación en los hogares en relación con el tiempo que disminuyó. Todos son factores que inciden en la alimentación actual”.

Como era de esperar, el estudio mostró que las consecuencias fueron más severas en los hogares que disminuyeron sus ingresos por pérdida del empleo, lo preocupante fue que: “se identificó la participación de la sociedad para apoyar a las familias que aguantaban hambre porque el gobierno se quedó corto en políticas, la clase media quedó olvidada y la pobreza oculta”, afirmó la investigadora Arboleda.

En el caso de las comunidades indígenas, la nutricionista señaló que: “no se vieron tan afectados porque tenían un mínimo como sustento. Además de otros grupos medio- alto donde no se vieron afectados sus ingresos, y adquirían alimentos frescos”.

En cuanto a los estudios de impacto de los programas de mitigación del riesgo asistencial en seguridad alimentaria, John Freddy Gómez Cadavid, docente e investigador de Nutrición y Dietética de la Universidad CES afirmó que: “están pensados en función de requerimientos de energías y ajustes mínimos en las características sociales. En programas como el PAE, se presentan dificultades porque los municipios pequeños no tienen capacidad logística para ejecutarlos”, aunque reconoció que los programas de apoyo han impactado las condiciones de la población para superar la desnutrición en Antioquia.

En relación con la pandemia afirmó que: “en el acceso hay variantes como la capacidad de compra y disponibilidad alimentaria. Por eso la necesidad del programa de asistencia alimentaria para que se tenga la disponibilidad calórica con los mínimos del día. El problema es que los apoyos alimentarios a través de paquetes y transferencias han sido condicionadas”.

Por su parte, Beatriz Gil, jefe del Programa de Nutrición y Dietética en Uniremington señaló que: “se puede estar afectando el acceso a los alimentos y que personas que tenían tres comidas diarias estén pasando a dos o menos comidas al día. Alimentos como carnes, lácteos, frutas, verduras pueden no ser prioridad para los hogares en estos momentos, y pueden estar prefiriendo alimentos altos en carbohidratos simples como azúcar, harinas refinadas y grasas, que son un poco más satisfactorios y económicos”.

Para Gil habrá una afectación a largo plazo en la salud de las personas, sobre todo en quienes venían con comorbilidades o tenían problemas en su alimentación”. Y agregó: “tenemos que pensar que las deficiencias alimenticias traerán efectos a largo plazo en la salud de los colombianos. Además, nos puede llevar a una mayor morbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles, haciendo que los adultos del futuro sean personas con una fuerza de trabajo y salud limitada”.

Gil concluye: “es un problema estructural que ya teníamos en Colombia. No solo es un problema de disponibilidad, es un problema de acceso y de prácticas alimentarias. Es muy importante que en este momento la academia y otras entidades encargadas de brindar conocimiento hagamos la mejor promoción de prácticas alimentarias y de nutrición saludable”.

Y es que la situación alimentaria de muchos colombianos es compleja incluso sin la pandemia de por medio. Lorena Patricia Mancilla López, Investigadora del área de nutrición de la Universidad de Antioquia, señaló que los resultados del Perfil alimentario nutricional de Antioquia en 2019, estudio que contempló 11 componentes cuantitativos y cualitativos para zonas urbanas y rurales, mostraron que 10% de los menores de cinco años tienen baja tasa de crecimiento, riesgo de sobrepeso. Hasta antes de los 18 se nota más el sobrepeso y talla menor. En la población adulta más del 50% presenta sobrepeso”.

Para Mancilla, la pandemia agudizó la inseguridad alimentaria: “con el confinamiento y sedentarismo hubo menos gasto de energía en los niños. Se presentaron alteraciones del colesterol en adolescentes. Coexiste el problema de déficit y alteraciones de los perfiles de micronutrientes críticos, anemia con afectación en todos los grupos poblacionales. En gestantes el 50% presenta anemia”.

¿Cómo debe intervenir el Estado para mejora la calidad alimentaria?

Según la opinión de los expertos, se deben pensar intervenciones que no sean asistencialistas y que favorezcan a nivel de las culturas, donde los campesinos puedan vender las cosechas. Políticas alimentarias con producción local, con programas que incluyan los cultivos de pequeños productores campesinos. Impulsar la titulación de parcelas, autoconsumo. Se hace necesario promover el trueque entre los mismos grupos de campesinos, y promover sus bondades alimentarias. Además, hay que pensar en políticas que favorezcan la alimentación en las familias, que se puedan apoyar con ciertos alimentos en escenarios escolares y sus ambientes.

De igual forma, se debe poner atención en cuanto a cuáles son las ayudas que están llegando a las personas y que estos paquetes alimentarios y ayudas no se conviertan en incentivos al cambio de la cultura alimentaria que conduzcan a hábitos de alimentación poco saludables.