La incorporación de un enfoque étnico diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en los planes territoriales de salud, ha sido una evidente necesidad para generar factores de equidad, garantizar los derechos a la salud y fortalecer la asistencia técnica por parte de las entidades territoriales para mejorar las condiciones de inclusión. En nuestro país, tanto el enfoque de derechos como el diferencial tienen como antecedente el artículo 13 de la Constitución de 1991 que consagra el derecho a la igualdad y la no discriminación: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

De igual manera, el enfoque diferencial étnico remite a una perspectiva integrada de análisis, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los grupos étnicos existentes en el país, haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación. Para ello, las obligaciones establecidas en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 incorporaron la actualización del Registro para la Localización y Caracterización de personas con discapacidad (RLCPD), programas de detección temprana en discapacidad, servicios de salud con calidad y oportunidad, regulación de fabricación y distribución de ayudas técnicas y habilitación/rehabilitación con el fin de mejorar la atención para estas comunidades.

A su vez, el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 2012-2021) aborda el análisis interseccional, el cual plantea que se debe entender la combinación de roles e identidades como una forma de descubrir diferencias y similitudes significativas para superar las discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. De esta forma la implementación del enfoque diferencial en la población étnica se da bajo la participación de los grupos étnicos en un proceso de planificación, gestión intrasectorial e intersectorial, todo en el marco del Comité Territorial de Discapacidad y la gestión en Plan de Desarrollo.

Cabe anotar que en Colombia hasta el año 2018 según la encuesta realizada por el DANE: de las 25.661 personas auto reconocidas como negras, mulatas o afrocolombianas en la muestra de la Encuesta de Calidad de Vida, 10.208 también se auto reconocen en el CNPV (Concordancia población negra, mulata o afrocolombiana), 6.488 dicen no pertenecer a ninguna etnia, 188 se auto reconocen como indígenas, y 31 como raizales. Es decir, en función de la fenomenología del auto reconocimiento, el DANE establece que el volumen estimado de la población auto reconocida es 4´671,160 lo que corresponde al 9,34 % de la población total de Colombia.

Con base en estos datos, se dimensiona la importancia de fortalecer la asistencia técnica, acción que se ha venido ejecutando desde noviembre de 2019 y julio de 2020.

El Ministerio de Salud y Protección Social viene haciendo seguimiento y monitoreo de los planes territoriales de salud 2020-2023 con el fin de revisar y concretar la prioridad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Para esta acción se han adelantado siete encuentros regionales para la socialización del capítulo y articulación con entidades territoriales en el Amazonas, la Orinoquía, el Pacífico, Caribe, zona Andina, San Andrés y Providencia y Bogotá. Esto con un valor proyectado de $1.825 millones.

Así mismo, el PND plantea la incorporación de los componentes de discapacidad y rehabilitación en la ruta de atención integral en salud para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Según el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez: “En el documento para rehabilitación de población con discapacidad, incluimos un capítulo étnico diferencial que será posteriormente enriquecido a partir de los resultados del Plan Nacional de Salud Pública”.

Y agregó: “se estableció también el registro de información resultante de la certificación de discapacidad en el registro, esto para poder establecer la caracterización, localización geográfica y pertenencia étnica de acuerdo con la Resolución 113 de 2020”.

Es entonces, que en relación con los procesos en desarrollo, el ministro puntualizó que están dados bajo los lineamientos para la implementación del enfoque diferencial en salud. Ruiz afirmó que: “esto se da en el marco de la consulta previa de la Comisión Tercera en la que se avanza en la construcción de la ruta metodológica. Para el desarrollo de los lineamientos se requiere terminar la consulta previa con las comunidades”.

Para ello, los avances en materia de la ruta contaron con transferencias a varios departamentos, de estos, el Valle del Cauca se encuentra en la fase final para la realización de la asamblea del sector Pacífico, y Cundinamarca ya las finalizó. Según comentó el ministro Fernando Ruiz: “se concertó la ruta metodológica para las asambleas departamentales con la Comisión Tercera de salud por un valor de $6.558 millones que debían ejecutarse entre 2019 y 2020. De estos, se transfirieron $2.440 millones a los departamentos de Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Magdalena para las asambleas con el fin de proyectar todos los insumos para el capítulo étnico, de acuerdo con la Resolución 2604 de 2019”

Frente a la ruta para atender de manera diferencial los problemas de violencia, salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, Fernando Ruiz, argumentó que “actualmente se establece la ruta de atención integral para atender en forma diferencial estos temas, según las resoluciones 518 de 2015 y 3280 de 2018. De hecho, se activó una línea telefónica de apoyo psicológico (192, opción 4)”. Además, manifestó que entre abril y julio se atendieron 194 personas que se reconocieron como afrodescendientes, una persona reconocida como raizal y ocho que se reconocieron como población negra.

En cuanto a la construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura en salud en los territorios donde habitan las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se proyecta la realización de 44 proyectos en 10 departamentos y dos distritos con el acompañamiento técnico del Minsalud por un valor de $222 mil millones.

El jefe de cartera concluyó que: “Tenemos claro que el diagnóstico del Plan Decenal es la base conceptual para avanzar en los lineamientos generales y algunos acuerdos y procesos particulares del Plan de Desarrollo. Una vez esté terminado todo el proceso lo estaremos informando, actualmente se están ejecutando alrededor de $3.2 billones de pesos anuales en la atención de la población afrocolombiana”.

Salud con enfoque diferencial, una acción para aliviar las secuelas del conflicto armado

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han sido uno de los grupos poblacionales con mayores perjuicios a causa del conflicto armado; daños en su salud mental y física, barreras para el acceso, y grandes limitaciones estructurales para ejercer en pleno el derecho a la salud. Frente a ellos, y según las comunidades, los programas de prevención y promoción con énfasis en las víctimas del conflicto aún se quedan cortas en acompañamiento y atención integral.

Según declaraciones de Francia Márquez, en declaraciones en el programa La Paz en Foco, de UN Televisión, el conflicto armado ha vulnerado los derechos de la comunidad afrocolombiana con grandes implicaciones: “la mujer negra tiene el peso de acusárseles, de ser señaladas y asesinadas por parte de los actores armados debido a las prácticas culturales y ancestrales que han desarrollado. La mayoría de las mujeres negras son madres cabezas de familia, y muchas que alzaron la voz vieron como les reclutaron a sus hijos para silenciarlas”.

Por su parte, el comisionado Leyner Palacios, director de la Comisión Interétnica por la verdad del Pacífico, argumentó en el mismo programa que: “en el pacto de por la vida y por la paz, es sumamente importante contar con la comunidad internacional, los organismos de control que han hecho seguimiento a los problemas de los derechos humanos. Y, sobre todo, se puedan activar una serie de visitas humanitarias a los territorios, precisamente en la pandemia, la cual si bien ha evidenciado efectos muy graves en todos, pero en la ruralidad siguen siendo desconocidos, y ahí es necesario acompañar a las comunidades que han tenido que luchar contra la pandemia, además de los estragos de la violencia que sigue dañando vidas y que por la Covid-19, ha sido invisibilizada”.