 |
|
|
 |
|
Reforma a la Justicia insistirá
en nueva reglamentación de tutelas
|
| Se
revive la discusión técnica de su uso ciudadano.
En opinión de los constitucionalistas, la sola idea es
una afrenta contra los derechos civiles del ciudadano. |
| Carlos
Mauricio Montoya Q. Periodista elpulso@elhospital.org.co |
Casi
un año después de haber archivado el Proyecto
de Acto Legislativo 010 de Reforma a la Justicia, que incluía
entre otras la reforma del artículo 86 de la Carta Magna
acerca de los trámites de la tutela, el congreso bicameral
colombiano se prepara para discutir en dos debates, durante
dos períodos (legislaturas) consecutivos, el nuevo rostro
de la tutela.
La discusión se hace aguda en la medida que aumenta el
número de los directores de las instituciones públicas
avocados a pagar con cárcel demandas de los usuarios
de los diferentes servicios, significando esto en voz de los
demandados, un desgaste del aparato judicial que no resuelve
el problema estructural de las instituciones. La reforma es
desde luego apoyada por las EPS, dada la afectación de
sus recursos financieros, pues las tutelas interpuestas han
terminado afectando los márgenes de ganancia de estas
entidades, precisa Bernardita Pérez, constitucionalista.
El Acto Legislativo contempla modificaciones como recortes a
las facultades de la Corte Constitucional, supresión
del Consejo Superior de la Judicatura e impulso a los mecanismos
alternativos de justicia.
¿El mismo proyecto?
“¡No! El proyecto se va a presentar por primera vez,
debido al retiro que el ministro Fernando Londoño efectuó
a finales del año anterior, por no contar con suficiente
tiempo para dos legislaturas continuas”, señala
Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, jefe del Centro
de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, según Alberto
Ceballos, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura
en Antioquia, el proyecto es casi el mismo, y por tanto el nuevo
Acto Legislativo genera gran inconformidad, al no haber tenido
en cuenta las apreciaciones de los altos mandos de la administración
de justicia, presentadas desde el año anterior.
El trámite del Acto Legislativo que apenas comienza necesitaría
dos legislaturas ante el Congreso, por tanto, asegura Gómez,
es necesario que los proyectos en curso den doble vuelta y se
abra a debate público la reforma, ya que las peticiones
al Ministerio del Interior y Justicia no han sido escuchadas.
Ni siquiera la acción del presidente del Tribunal Superior
de Medellín, Juan Guillermo Jaramillo, que se dio a la
tarea de reunir los magistrados en el Recinto Quirama al final
del año anterior con el único fin de producir
un documento de participación, logró despertar
la atención del ministro Londoño.
El jurista Gómez Sánchez, observa que la Reforma
no está pensada sobre un diagnóstico general de
la administración de justicia colombiana, aunque si constituye
una clara reacción contra algunas de las instituciones
de justicia como la Corte Constitucional, el Consejo Superior
de la Judicatura, y muy en concreto, contra la Acción
de Tutela. |
|
La academia en general espera ver qué
posición adoptará el Congreso frente a las reformas
y espera que el trámite se inicie para empezar a recoger
firmas en contra del proyecto. Debe ser siquiera un millón
de firmas para hacer presión política en el
Congreso y evitar el trámite de esa reforma contra
la tutela, un proyecto totalmente “desatinado”.
|
Reconocidos
observatorios como los realizados por el Centro de Investigaciones
Jurídicas, Cijus, y el observatorio de Justicia Constitucional,
ambos de la Universidad de los Andes en Bogotá, acerca
de los beneficios sociales de la tutela, informan y registran
ampliamente acerca del uso que hacen los ciudadanos de ella,
de quienes son los accionantes más frecuentes y cuáles
son las entidades más demandadas.
Investigación: Tutela en Antioquia
Adelantada por Gómez Sánchez del Centro de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad de Antioquia, observa que
son los conflictos sociales los que llevan a instaurar las tutelas.
Agrega que dada la transformación del Estado en los últimos
5 años, la disminución del tamaño de la
administración pública, la supresión de
cargos y la decisión en el año 1999 de realizar
el reajuste salarial por debajo del Índice de Precios
al consumidor, IPC, todo esto ha hecho que quienes interponen
la acción de tutela lo hagan con mayor decisión.
La investigación señala que en el año 2000
las tutelas aumentaron por el no reajuste de salarios y que
la entidad más demandada a nivel nacional es el Instituto
de Seguros Sociales.
El investigador Gómez Sánchez precisa que si no
existiera la tutela, la gente se inventaría otro mecanismo
para reclamar y/o ejercer sus derechos, bien sea en la vía
judicial o por fuera de ella, como son las acciones por las
vías de hecho.
Momento de transformación judicial
muy delicado
Quienes trabajan desde el escenario judicial en Colombia no
dudan en aseverar que el momento que vive la justicia es de
mucho cuidado, para no ir a levantar el delgado tejido social
que se ha construido con la tutela, pues si se llegase a restringir
su uso sólo como mecanismo no judicial, es decir, que
sea sólo útil en conciliación y arbitramentos
-como quieren los abogados más tradicionales de vieja
data- sería un acto dañino, nefasto para el trabajo
elaborado en la década que lleva de su existencia. Además,
en la protección de los derechos fundamentales, varios
de ellos contenidos en este proyecto, se pretende eliminar la
procedencia contra las sentencias judiciales (decisiones judiciales).
Es una percepción de los más tradicionales litigadores
afirmar que la tutela produjo efectos de inseguridad jurídica
para el desarrollo de sus actividades, pues en el caso de una
decisión por hurto, la decisión del juez no se
podría cuestionar, ocasionando decisiones arbitrarias
para la defensa. Lo que más duele a los tradicionalistas
es que la tutela se haya convertido en un mecanismo excepcional
para la defensa. A este respecto, la constitucionalista Bernardita
Pérez Restrepo, cuestiona: “¿y qué
hay con que se convierta en un elemento de inseguridad jurídica,
cuando lo que se está protegiendo es la garantía
de los derechos?” Y frente a la precisión de que
el ejecutivo quiere dejar la tutela sólo como mecanismo
no judicial útil en conciliación y arbitramento,
la constitucionalista expresa: “¡Cómo no,
claro! Si al Ministro Londoño no le gustan sino los arbitramentos
que funcionan en la justicia privada!”.
Qué arguye el Estado contra
la tutela
Según el Secretario General de la Defensoría del
Pueblo, Darío Mejía Villegas, “uno de los
argumentos contra la tutela es que ha generado congestión
en los despachos judiciales, aparentemente en los altos tribunales,
pero ese punto ni siquiera ha sido cuantificado. La Defensoría
inclusive ha animado a que se estudie ese punto y se debata.
Otro punto es el de la tutela sobre sentencias, que obedece
a una interpretación de derecho constitucional que llaman
de unificación o cierre, en la cual el tribunal define
e interpreta en última instancia la Constitución,
pasando por encima de los demás tribunales que no tienen
esa competencia de definición constitucional”.
La proliferación de las tutelas en el área de
la salud es el otro argumento en contra de la llamada “Tutela
Social”, la cual tiene que ver con los derechos sociales,
económicos y culturales, señalando que este tipo
de tutelas genera grandes costos contra el erario público.
Presión política para
evitar trámite de la reforma “desatinada”
Carlos Gaviria Díaz, senador y exmagistrado de la Corte
Constitucional, explica que el gobierno propone impedir que
la tutela sea utilizada para proteger esos derechos económicos
y sociales consagrados en el Estado Social de Derecho radicados
en la Constitución colombiana de 1991, ya que al impedir
su protección por la vía judicial, se convierten
en letra muerta. La abogada constitucionalista, Bernardita Pérez,
agrega que la academia en general espera ver qué posición
adoptará el Congreso frente a las reformas y espera que
el trámite se inicie para empezar a recoger firmas en
contra del proyecto. Debe ser siquiera un millón de firmas
para hacer presión política en el Congreso y evitar
el trámite de esa reforma, en opinión de la constitucionalista,
un proyecto totalmente “desatinado” |
|
|
|
| |
|
