Mediante decreto 1750 de 2003, el Presidente de la República escinde la vicepresidencia de prestación de servicios de salud del Instituto de los Seguros Sociales, todas la clínicas y todos los centros de atención ambulatoria, y crea unas Empresas Sociales del Estado.
Este decreto, esperado por largo tiempo, como quiera que ésta decisión se estudió en administraciones pasadas del Instituto, pretende reordenar la casa dotando a las nuevas empresas de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; para su funcionamiento, las dota de juntas directivas, administración acorde con sus necesidades, y las adscribe al Ministerio de la Protección Social.
No dudamos de las buenas intenciones del decreto y del deseo de acertar en la solución del grave problema que para el Sistema General de Seguridad Social en Salud representa la crisis del ISS, pero no se comprende como al redactar el decreto, se dejan para después reglamentaciones como la conformación de las juntas directivas y nombramiento de gerentes por solo 6 meses, obligando a interinidades que entorpecerán las decisiones que han de tomar los órganos de administración de las nuevas empresas, las que dicho sea de paso, nacen a la vida jurídica con un pesado lastre como es la antigüedad de sus empleados, y el reconocimiento de los derechos adquiridos.
Entran entonces al mercado de la salud un grupo de nuevos prestadores de servicios que han de competir con las demás IPS, someterse a la vigilancia de la Supersalud, contratar con las Empresas Promotoras de Salud la venta de sus servicios, y someterse al tortuoso y costoso camino que han de recorrer las cuentas de cobro para obtener la cancelación de las mismas, que acorde con la nueva norma será la base fundamental de sus ingresos.
Pero entran al campo de juego en un mal momento, donde por lo menos en teoría, los contratos debieron negociarse y suscribirse al comienzo de año, y las tarifas han de ser las mismas que el Seguro Social ha reconocido a sus contratistas, pues serán seguramente los afiliados a esa EPS, sus principales clientes y la fuente de sus ingresos.
Pueda ser que ahora el Estado, comprometido con la viabilidad de estas nuevas empresas, entre en razón sobre la necesidad de revisar el sistema tarifario, y logre que los organismos de control pongan orden en el sistema para beneficio de todos.
Hace pensar esta decisión, el perjuicio que para el sistema generó la autorización que dio la ley a las Empresas Administradoras de planes de Beneficios de ser dueñas de las instituciones prestadoras, decisión que se tomó con el propósito de “proteger” al Seguro Social, sin obligarlo a su modernización para competir en el nuevo mercado creado con la ley de seguridad social, lo que ha generado posiciones dominantes en perjuicio del paciente.