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El Congreso de la República
aprobó el 14 de junio el proyecto de ley 109 de Cámara
y 024 de Senado, denominado por la Asociación Colombiana
de Hospitales y Clínicas (ACHC) como “ley puente”,
que entrega recursos para reducir el impacto de la crisis financiera
actual al aliviar la carga de las deudas en el sistema y el
problema de flujo de recursos, de manera que las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) generen transiciones
mientras se avanza a la reforma estructural del sistema de salud.
Las medidas adoptadas en 28 artículos permitirán
nuevos usos de viejas y nuevas fuentes de financiamiento; aplica
excedentes de diversas fuentes al pago de deudas a prestadores;
mejora el flujo de recursos de la red hospitalaria pública
y privada del país; genera recursos para el pago de coberturas
No-POS del régimen subsidiado, lo cual beneficiará
a la red prestadora; da prelación a créditos de
las IPS en liquidación de las EPS, en especial ahora
en las mega-liqui-daciones de las EPS SaludCoop y Caprecom. |
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Entre las medidas
se destacan: En procesos de liquidación de EPS, incluso
aquellos en curso, estarán en segundo renglón
jerárquico las “deudas reconocidas a IPS",
incluyendo servicios o tecnologías prestadas por urgencias,
así no medie contrato. Se exonera del pago de tasa de
vigilancia a las IPS acreditadas. Se amplía hasta 2020
el plazo para la denominación de los “Hospitales
Universitarios”. Se reafirmó el mecanismo de giro
directo en el régimen contributivo para EPS que no cumplan
las metas de solvencia.
Se sanearán pasivos de los prestadores, posibilitando
alternativas financieras, ampliando mecanismos en curso. Entidades
responsables de pago deben “emitir certificación
de reconocimiento de deudas” que podrán servir de
títulos de garantía de operaciones de crédito.
Para aclaración de cuentas y saneamiento contable, se
establece la obligación de reconocer y registrar contablemente
pagos recibidos, facturas devueltas y glosas, así como
actas de conciliación en que actúe Supersalud.
Se usarán excedentes y saldos no comprometidos del Sistema
General de Participaciones (SGP) en prestación de servicios
en lo no cubierto con subsidios a la demanda, para pagar deudas
por prestación de servicios de salud no incluidos en
el Plan de Beneficios de vigencias anteriores. Se usarán
excedentes de aportes patronales del SGP para financiar servicios
prestados a población pobre en lo no cubierto con subsidio
a la demanda, a cargo de departamentos y distritos. |
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Las medidas de la “ley
puente”
permitirán nuevos usos de viejas y nuevas
fuentes de financiamiento, aplica excedentes de diversas
fuentes al pago de deudas a prestadores y mejora
el flujo de recursos de la red hospitalaria
pública y privada del país.
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Se autoriza uso de
excedentes de rentas cedidas al pago de deudas por prestación
de servicios en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Se
utilizarán regalías para el pago de deudas del
régimen subsidiado de municipios y servicios no incluidos
en el Plan de Beneficios (permite por una única vez utilizar
regalías para capitalización y saneamiento de
EPS en que participe el ente territorial). Se pagarán
recobros No-POS y prestaciones excepcionales con apropiaciones
del Presupuesto General de la Nación. Se presupuestarán
las Empresas Sociales del Estado (ESE) con base en el recaudo
efectivo del año inmediatamente anterior, sin perjuicio
de ajustes que procedan según el recaudo real evidenciado
en la vigencia que se ejecuta y el reconocimiento del deudor
de la cartera. Excedentes y saldos no comprometidos en uso de
recursos de oferta de salud del SGP a diciembre 31/15, podrán
destinarse al pago de deudas por prestación de servicios
de salud de vigencias anteriores y, de no existir, al saneamiento
fiscal y financiero de las ESE.
Para saneamiento de prestadores con recursos del Presupuesto
General de la Nación o la Subcuenta de Garantías
del Fosyga, se otorgarán a las EPS líneas de crédito
blandas con tasa compensada para el sector salud; habrá
saneamiento directo de pasivos de las ESE hasta el monto máximo
de cartera no pagada por EPS liquidadas; se amplían estrategias
de compra de cartera y otorgan líneas de crédito
blandas con tasa compensada a prestadores. Se requerirán
Buenas Prácticas administrativas y financieras a IPS
y EPS.
Se elimina la “meritocracia” al modificar el mecanismo
de elección de gerentes de las ESE: serán nombrados
por el jefe del ente territorial, para períodos de 4
años. Los procesos ya convocados continuarán hasta
su culminación con el mecanismo actual.
Nuevo mecanismo de conciliación de cuentas por pagar
y por cobrar, que incluye esta medida: La cartera irrecuperable,
como resultado de la conciliación y depuración
contable, que no esté provisionada, deberá reclasificarse
a cuentas de difícil cobro, provisionarse y castigarse
en el ejercicio contable en curso. Se permite a Cajas de Compensación
usar recursos propios para sanear deudas y capitalizar EPS en
que tengan participación. Los descuentos por multi-afiliación
y obligación de restitución de recursos en el
SGSSS irán hasta 2 años después de configurarse
el hecho. Plan de estímulos para hospitales universitarios
con exención de tasa, y priorización de becas
y créditos educativos. Podrán ampliarse cupos
para formar especialistas. Se crea el Fondo de Gestión
de Recursos y Administración del Fondo Especial de Investigación
(administrado por el Instituto Nacional de Salud).
Como artículos nuevos están: 1) La posibilidad
de suspender de manera unilateral contratos celebrados hasta
la toma de posesión, en procesos de intervención
para administrar. 2) Posibilidad de remover al Revisor Fiscal,
nombrar reemplazo y designar un Contralor. 3) Declaratoria de
desacato frente al incumplimiento de providencias judiciales
de Supersalud. 4) Las IPS podrán obrar como interventores
en procesos de intervención para administrar o liquidar
una Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).
Si bien estas medidas no constituyen la solución definitiva,
alivian la crisis financiera de entidades hospitalarias. Con
esta ley llamada por algunos como “raspao final de la olla”,
se espera disponer rápidamente de al menos $600.000 millones
para girar a prestadores. |
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