La liquidación de los hospitales públicos de Colombia no empezó con los decretos oficiales, sino que es un proceso de hace mucho tiempo. Empezó con la instauración del actual sistema de salud que privilegia la racionalidad financiera sobre el servicio a la comunidad, esencia de cualquier modelo de seguridad social en el mundo. La misma ley 100 traía ya el virus que ha ido minando todo lo público en la salud colombiana. Los procesos liquidatorios de muchas Empresas Sociales del Estado -ESE- son sólo el remate o la formalidad jurídica de un complot institucional, de una conjura neoliberal desatada por el sistema mismo, con la anuencia de altos funcionarios del Estado.
Por ello, resulta hilarante la declaración de un ex mandatario, quien alardea de no haber cerrado hospital alguno en su gestión. Los hospitales no los cierra sólo quien les expide el certificado de defunción. También quien promueve normas que a la postre apuntalan un sistema en el cual prevalece la apropiación privada de una actividad de interés público, y quien ejecuta acciones gubernamentales en consonancia con esas normas.
La red hospitalaria pública merece las más entusiastas felicitaciones, además de su calidad profesional y espíritu de servicio, por la fortaleza con la cual encara los ataques de empresarios privados y de políticos irresponsables. Muestra del tesón de las ESE es esta cifra: de 540 hospitales públicos en alto riesgo financiero, hay unos 20 en liquidación, pero en la mayoría los entes territoriales hacen notables esfuerzos para su salvación. Preocupa sí el mal ejemplo de un departamento tan importante como Antioquia, donde está la cuarta parte de las ESE en liquidación: 5 hospitales que podrían salvarse y en cambio los quieren liquidar e incluso privatizar a la fuerza. Datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, indican que hay disponibilidad global de recursos para procesos de liquidación mucho mayor que la sumatoria de pérdidas o pasivos de esos 5 hospitales en liquidación. Dicho de otro modo: a la postre será más costoso liquidarlos y cambiar su naturaleza jurídica, que refinanciarlos para que cumplan su función como públicos.
En departamentos importantes que tienen ESE en liquidación como Valle y Santander, las gobernaciones y otras instancias les dan la mano para que salgan de su crisis. Pero en Antioquia persiste la conjura contra lo público: pareciera existir un compromiso soterrado de entregarlos a particulares o de ponerles, al menos, operadores privados que es casi lo mismo. Llama la atención el caso del Hospital de Abriaquí, sometido a liquidación por segunda vez en 10 años, señal inequívoca de que la primera no sirvió, no surtió el efecto deseado.
No faltan en esta coyuntura los tecnócratas apóstoles de la privatización que la justifican alegando la supuesta ejemplaridad del sector privado como dechado de anti-corrupción y de eficiencia, cuando los hechos muestran con creces lo equivocado de esta teoría. Para la muestra un botón: la catastrófica injerencia de intereses privados en el sistema de salud, desde luego, con la connivencia de funcionarios igualmente corruptos. Ni Antioquia puede darse el lujo de protagonizar un liderazgo nacional negativo en la salud pública, ni Colombia puede entregar algunas de sus históricas casas de salud a la voracidad empresarial que sólo busca rentabilidad económica sin importarle la rentabilidad social.