El conjunto de medidas especiales -llámense intervenciones forzosas administrativas para administrar o para liquidar, o medidas cautelares de vigilancia especial- aplicadas a un conjunto de EPS en Colombia, son un camino espinoso, necesario e inevitable, pero que no se sabe adónde conduce. Nadie discute la legalidad de esos procesos ni mucho menos la gravedad de las situaciones que los desencadenaron. Pero el desarrollo de esas intervenciones deja muchas dudas e interrogantes sobre el rumbo seguido y por seguir, sobre la forma de ejecutar las medidas y, sobre todo, sobre su repercusión en las entidades intervenidas, y en los distintos actores del sistema de salud.
Cuando los voceros del gobierno hablan sobre estas medidas, no sabemos por qué hacen más énfasis en la salvación financiera de la EPS y tan poco en el bienestar de los usuarios y pacientes, en la estabilidad financiera y administrativa de los hospitales y clínicas. Sin duda, al margen de los buenos propósitos que invoca toda la regulación de las intervenciones, estos procesos están manchados con el mismo pecado original que convierte nuestro sistema de salud en una feria mercantil, en una orgía de contratos, cobros, recobros, glosas, sobrecostos de medicamentos y servicios, y en un manejo politiquero ajeno al derecho fundamental a la salud.
El mismo entorno jurídico, regulatorio y burocrático en el cual se han movido algunas de las aseguradoras, cruzando muchas veces los linderos del Código Penal en medio de aberrante impunidad, les sirve como salvavidas que les arroja el gobierno para mantenerse vivas en el mercado. No se puede negar que hay intervenciones ejemplares, honestas y exitosas, pero parece que son la excepción. Las irregularidades y dudas son múltiples y las denuncian diferentes actores: la red hospitalaria pública y privada se queja de que las intervenciones con frecuencia amparan una irresponsabilidad mayor de las EPS con el pago de la cartera, como si una medida especial suspendiera las obligaciones contractuales; los voceros gremiales de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado dicen no saber para dónde van esos procesos, e incluso señalan que en ocasiones las medidas en lugar de corregir los males los agravan.
Y, ¿qué decir de los usuarios, más desamparados y desorientados después de algunas intervenciones, que lo que estaban antes de ellas? Porque el traslado y la carnetización no siempre han marchado al ritmo que exige la satisfacción expedita de sus derechos. Y esto para no mencionar los casos particulares de posibles desafueros, excesos o desviaciones, motivo de tutelas y otros recursos que sólo la instancia judicial competente puede dilucidar.
Pero todo este panorama enrarecido exige claridad, transparencia. Y, ¿por qué no? También verdad y reparación, esas dos palabras que el gobierno siempre pone con mayúscula, que exige demagógicamente a todo el mundo, pero que al parecer no le atañen como deberes de Estado.
Frente al cúmulo de preguntas que crece como bola de nieve, la respuesta gubernamental es aún insatisfactoria. El Ministerio de Salud poco habla del asunto, empeñado como está en los proyectos de reforma del sistema, y el superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, lamentablemente mantiene una política oscurantista en materia de información, de la cual son víctimas varios medios de comunicación, entre ellos el nuestro. Él y otros funcionarios están a tiempo de corregir estos errores. ¿Cómo avanza en general el proceso de intervenciones y medidas especiales? ¿En qué medida supera y corrige las situaciones anómalas? ¿A quién le sirven las intervenciones, liquidaciones y vigilancias especiales? ¿Servirán esas medidas para salvar a los hospitales o los acabarán de colapsar? ¿Salvarán vidas o mantendrán el “paseo de la muerte”? ¿Qué tan legal ha sido el manejo en la intervención de Saludcoop, ha sido conforme a derecho el debido proceso seguido? ¿Se mide con el mismo rasero a los magnates del régimen contributivo y a las EPS indígenas? Doctores tiene la santa madre Superintendencia.