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Estudio
realizado por Ramdon Foundation para la Cámara de Dispositivos
Médicos de la Andi, priorizó las 87 mejores pruebas
de diagnóstico para las 26 enfermedades más frecuentes
en la población colombiana; con base en dicho estudio,
la Andi le propondrá al Ministerio de Salud incluir o
ratificar pruebas diagnósticas en el POS a actualizar
en 2013.
En este estudio sin precedentes en América Latina, se
listaron las patologías priorizadas que reportó
la Comisión de Regulación en Salud (CRES) en 2011;
luego la industria de productores de diagnóstico in vitro
suministró las pruebas usadas en el país y se
correlacionaron sus indicaciones clínicas con la lista
de patologías. De las 87 pruebas, 5 fueron definidas
como prioritarias y se busca lograr consenso para cambiar la
manera como se ejerce la práctica, lo cual tendría
un impacto importante sobre los pacientes. El estudio concluye
que “se trata de un ejercicio integral que correlaciona
los parámetros importantes para cada uno de los actores
de salud: la sociedad (carga de enfermedad y discapacidad),
los terceros pagadores (costos y desenlaces en salud), los pacientes
(desenlaces en salud), los proveedores (suministro de pruebas
diagnósticas de calidad), autoridades regulatorias (seguridad
y eficacia) y prestadores (gestión de enfermedad)”
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Paro judicial afectó
unos 16.000 pacientes críticos
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El Partido Liberal solicitó al Consejo Superior de la
Judicatura que implementara el funcionamiento de despachos judiciales
transitorios para garantizar el trámite de casi 16.000
tutelas presentadas durante las 5 semanas de paro judicial por
usuarios del sistema de salud que requieren atención
urgente. El Partido advirtió que el 86% de las tutelas
vitales están en juzgados municipales y del circuito,
y solo 14% en los tribunales.
El presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, advirtió
que es tema delicado porque son tutelas vitales: “Está
en riesgo la vida de 16.000 pacientes, personas en estado crítico
que requieren de manera urgente un medicamento o un procedimiento
para conservar su vida. La situación podría generar
muertes por desatención y por eso es fundamental un Plan
B”.
Los afectados por la situación son población vulnerable
(indígenas, desplazados, presos, mujeres cabezas de hogar,
discapacitados y tercera edad). En promedio, en el último
mes cerca de 4.400 tutelas fueron interpuestas pidiendo la protección
del derecho a la vida, y aproximadamente 9.000 invocando el
derecho a la salud y a la seguridad social. |
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