Desangre financiero del sistema de salud por medicamentos lo propició el gobierno Juan Carlos Arboleda Z. - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Como el alumno que en la última semana de clases hace todo el esfuerzo para recuperar el año perdido, el Ministerio de la Protección Social se dedicó en los días finales de gobierno a tratar de corregir los problemas que llevaron al sistema de salud a un paso del colapso. El desbordado precio de los medicamentos recobrados al Fosyga ocupa un lugar preponderante como causal de la actual crisis, razón por la cual, el Ministerio en un esfuerzo final para controlar el precio de los medicamentos, expidió una cascada de medidas que para la mayoría de los analistas parecen palos de ciego, por cuanto tratan de podar las ramas del problema pero sin acercarse a sus raíces. En la declaratoria de emergencia social, en diciembre de 2009, una de las justificaciones era el alto volumen y costo de los medicamentos recobrados al Fosyga, y aparecía como soporte un estudio de Afidro que encontraba el problema en la cadena de intermediación. El tema tenía un antecedente cuando en noviembre de 2009 el Ministerio decidió congelar por un año (hasta diciembre 17/10) el precio de 52 medicamentos para enfermedades de alto costo, pasándolos al régimen de libertad regulada. La reacción de Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro (gremio de multinacionales farmacéuticas), fue señalar que debía permitirse que el mercado operara según sus reglas y que la responsabilidad por los altos recobros recaía en la cadena que actúa en la dispensación, sin mencionar el peso de los altos precios de salida de los medicamentos del laboratorio al mercado. Una vez declarada inexequible la emergencia, el presidente Álvaro Uribe señaló que el precio de los medicamentos no podía llevar a la quiebra al sistema e instó a una especie de pacto para reducir costos. Ante la ausencia del pacto, que ni siquiera se vislumbró, el Ministerio de la Protección Social comenzó a expedir normatividad que pretende aliviar el problema; pero declaraciones del ministro Diego Palacio en el XVII Foro Internacional Farmacéutico de Andi en Cartagena en junio pasado, generan dudas sobre su capacidad y de la cartera que preside para solucionar de fondo el problema: “No sabemos a qué se debe este incremento. En la emergencia social se tenía un poco más de $800.000 millones para este fin. Tenemos unos dineros internos que nos permiten asumir unos meses más el pago, pero es necesario buscar mecanismos que permitan mayor eficiencia a los recursos del No-POS”. Y agregó: “Esta situación sirve para que el Congreso apruebe lo más pronto posible el proyecto de reforma al sistema de salud para que el nuevo gobierno tenga los recursos que se necesitan”. En las declaraciones, se evidencia que para el Ministerio la solución era buscar más recursos para cubrir un hueco ya gigantesco, pero no se aborda el tema de fondo: las causas del aumento de precios de medicamentos, que según el mismo ministro no sabe cuáles son. Cascada de medidas El cúmulo de medidas tuvieron amplia difusión: el decreto 1313 autorizó las importaciones paralelas; la resolución 1424 estableció el listado de medicamentos objeto de dichas importaciones; la resolución 649 fijó el precio máximo de recobro para algunos medicamentos; la circular 02 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos -CNPM- sacó a Venezuela del listado de países de referencia (nación que tiene precios inferiores a los colombianos) y estableció la posibilidad de controlar los márgenes de intermediación a lo largo de la cadena; la circular 03 ordenó que 925 productos pasaran al régimen de libertad regulada, lo que no implica control directo sobre sus precios, pero además, no les estableció tarifas de referencia dejando el tema para definición futura; y la Circular 04 de la CNPM fija los precios de recobro a 34 medicamentos para el alto costo. Las reacciones a las medidas fueron inmediatas: Afidro señaló que las importaciones paralelas no bajarían los costos, por cuanto el problema de fondo está en la intermediación entre los laboratorios y el sistema de salud. Sin embargo, esta afirmación no explica una verdad demostrada en varios estudios: que en países vecinos se consiguen los mismos medicamentos, fabricados por las mismas casas farmacéuticas, a precios más bajos que los de Colombia, aunque allí también existen cadenas de intermediación, pero los precios de salida del laboratorio, son marcadamente inferiores. Otra reacción confirma el cuestionamiento anterior: Laboratorios como Roche, para evitar el impacto de las importaciones paralelas, ofrecieron bajar los precios de medicamentos que no están en el POS en cerca de un 26%, según anunció el ministro Palacio, quien como contraprestación ofreció oficialmente: “Si el precio es competitivo, como el que le dan a Brasil, inmediatamente esos productos saldrán de la lista que autoriza las importaciones paralelas". Y es que el tema de los recobros parece crecer como espuma: el ministro Palacio señaló en el Foro de Andi, que el gobierno venía pagando $170.000 millones mensuales por recobros No-POS; pero esa primera semana de junio, la cifra seguía creciendo y reconoció que pagarían $220.000 millones al mes por ese concepto. Luego reconoció el error de haber cambiado los mecanismos de la CNPM de control directo en 2006, pero la rectificación de la medida, que podría ser otra circular derogando la de 2006, no se hizo. El soldado advertido que si… Desde la expedición de la Circular 04 de 2006 que eliminó el control directo sobre el precio de los medicamentos, Observamed fue enfático en señalar que tal medida llevaría el sistema de salud a una debacle. Ahora, frente a las resoluciones del Ministerio y las nuevas circulares, el director de Observamed, Oscar Andia, sostiene que las medidas no servirán para detener la hemorragia financiera por el componente medicamentos: “En múltiples pronunciamientos, la Federación Médica Colombiana (FMC) insistió en que las medidas tomadas presentan inconsistencias, y no producirán los ahorros prometidos; son una solución parcial, un tratamiento sintomático que no ataca las causas del problema y por lo tanto no controlarán el impacto de los medicamentos en la crisis financiera del sistema. Es hora de algo más estructural: derogar la libertad total de precios. Y la única forma de evitar que los excesos en los precios de los medicamentos sigan empujando el sistema hacia su colapso financiero, es que el ministro Palacio pase de la autocrítica a la rectificación, o que el próximo ministro considere lo que la FMC plantea desde hace 4 años: derogar la Circular 04/06 que generó la actual anarquía de precios en Colombia”. Medicamentos de alto costo: manejados por Caprecom Con el contrato 334 del 10 de septiembre de 2009, el Ministerio de la Protección Social delegó en Caprecom la estrategia para el manejo de los medicamentos de alto costo. La intención era implementar una red nacional de prestadores de servicios No-POS, incluyendo la dispensación de medicamentos ambulatorios No-POS para los afiliados del régimen contributivo, lo cual preveía la compra parcial y dispensación de 34 moléculas no incluidas en los planes de beneficio y de mayor demanda por recobros en 2009. Según Fernando González, subdirector financiero de Caprecom, la intención del gobierno no es eliminar la intermediación sino regularla, y el papel de Caprecom es de modulación. De ahí que en un proceso voluntario se invitó a los laboratorios a realizar acuerdos de ventas masivas: hasta ahora se hicieron compras de 33 moléculas a unos 12 laboratorios, que implicarían ahorros por $44.000 millones en 2010. Pero estas compras solo representan entre 20 y 30% de las unidades recobradas al Fosyga por esas 33 moléculas, ya que no todas las EPS aceptaron comprarle a Caprecom, lo que hace la medida insuficiente. Permisos acelerados a genéricos: otra quimera El gobierno por medio del decreto 2086, ordenó acelerar el procedimiento de evaluación de solicitudes del registro sanitario que otorga el Invima para importar medicamentos genéricos, buscando así aumentar la competencia en el mercado nacional, y por ende presionar el precio de los medicamentos a la baja; al parecer esta decisión no ha sido aplicada, según señala Alberto Bravo, presidente de Asinfar: “Si se va al Invima a solicitar el permiso, responden que no aceptan solicitudes de importaciones de productos”, señaló en el Foro de Andi. En este caso la pregunta es: ¿La medida está siendo aplicada en la realidad o por qué razones el Invima niega el procedimiento a ciertos solicitantes? A su vez, para Observamed la medida no resuelve nada si no se aplica inmediata y selectivamente a los productos de mayor impacto en el gasto social de medicamentos. Lo curioso del asunto de los recobros, es que al parecer nadie cometió un delito. Se generó una especie de carrusel de recursos fáciles motivado por la actitud permisiva y complaciente de las autoridades de salud. En el primer trimestre de 2009, el Congreso de la República organizó un foro sobre medicamentos donde se evidenció la necesidad de una política farmacéutica, según concluyó entonces el coordinador del foro, el senador Jorge Ballesteros; ante ese llamado, los oídos nuevamente fueron sordos, y mientras el motor del sistema sea el incentivo financiero es muy difícil convencer a algunos actores, de que el objetivo no es ganar recursos a toda costa, sino la salud y el bienestar de 44 millones de colombianos. Y aunque en sus discursos todos lo pongan como escudo, la verdad muestra que engordar las chequeras es más prioritario. Hacer recobros exagerados es legal desde cuando el gobierno decretó la libertad de precios, pero no es ético. Más en el libre mercado, ¿a quién le importan estas minucias?   Más información... 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