Sentencia T-760 ¿Cómo resolverá Colombia el dilema: salud vs negocio? Olga Lucia Muñoz López - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Bien lo decía Roosevelt: “A fin de cuentas, el éxito o fracaso de cualquier gobierno debe medirse según el bienestar de sus ciudadanos. Nada puede ser más importante para un Estado que la salud pública; la primera preocupación de un Estado debe ser la salud de su pueblo”. Dentro de ese espíritu, la Corte Constitucional estableció en su Sentencia T-760/08 unos mandatos claros y precisos, orientados a reconocer la salud como derecho fundamental y a que el Estado (no los gobiernos), garantice el acceso a la salud en condiciones de equidad para todos los colombianos; las órdenes incluyen actualización y unificación de los planes obligatorios de salud (POS) de los regímenes contributivo y subsidiado, universalización del acceso a la salud, reorganización y estabilización del flujo de recursos en el sistema, entre otros aspectos. El propósito de la Corte es enfrentar las debilidades, inequidades e injusticias configuradas en el sistema de salud en 15 años de existencia, y los problemas en materia de quebrantamiento de principios del Estado Social de Derecho, acceso pleno a la salud, fragmentación de la atención, fallas de calidad, e incongruencias normativas, de rectoría y de gestión pública. Para atender los mandatos de la Corte, el actual gobierno emprendió diversas acciones desde agosto del año anterior; el Ministerio de la Protección Social y la Comisión de Regulación en Salud (CRES), abrieron desde el 23 de julio y hasta el 23 de agosto próximo, una consulta ciudadana virtual en www.pos.gov.co POS, y una consulta ciudadana presencial con organizaciones de usuarios y comunidad médica, acerca de los criterios generales que deben orientar la toma de decisiones sobre contenidos del POS. Preliminarmente, se dice que de 6.300 procedimientos que incluye el POS actual, saldrían por lo menos 100 que ya no se utilizan y se incluirían 1.000 nuevos; quién desee saber si un servicio o medicamento está incluido en el POS, puede buscar en el sitio web citado. El gobierno señaló que en 2008 gastó $1,2 billones en servicios y medicamentos no incluidos en el POS, reclamados vía Comité Técnico Científico o tutelas (se interpusieron 240.000 tutelas: una causa es la ambigüedad sobre lo incluido o no en el POS). Desde la expedición de la Sentencia T-760, el gobierno insiste en que la unificación de los planes de salud costaría $6 billones de los que no dispone, pero se plantean varias alternativas (ver por ejemplo en esta edición, artículo “Con gradualidad, un POS único es factible”). La Contraloría General de la República señaló que si bien la Sentencia busca una atención igualitaria para la mayor parte de colombianos, implica recursos no presupuestados, lo cual atenta contra la sostenibilidad del sistema de salud; por ello propone buscar una forma gradual y sostenible de garantizar niveles de servicio de salud universales, de calidad, eficientes, equitativos y adecuados a nuestro nivel de desarrollo, y propiciar un gran debate nacional, amplio y democrático, para definir un nuevo arreglo financiero e institucional de la política pública en salud. En el foro “Sistema de salud: gestión, reforma y control”, el ministro Diego Palacio señaló que la falta de equidad en el sistema de salud afecta más a los individuos que a grupos de ingreso o a regiones: “La segmentación, los diferentes POS, las coberturas geográficas y el acceso al No-POS, crean inequidad entre las personas”. Reiteró los avances en cobertura principalmente en sectores de menos capacidad adquisitiva (como zonas rurales), se preguntó por la equidad de regímenes especiales como el de un conjunto de profesores universitarios y afirmó que “unificar los POS y tener un solo régimen contribuiría a la equidad”, en sintonía con la orden de la Corte Constitucional. Nelcy Paredes, de Acemi, indicó en el mismo foro: “Garantizar que la salud sea un derecho realizable, supone un sistema sostenible desde el punto de vista financiero, lo cual debe ser relevante en lo jurídico; ello se logra con un equilibrio entre coberturas del Plan de beneficios y recursos disponibles. El derecho a la salud se hace explícito y se consagra al definir el POS, construido y actualizado periódicamente, a partir de las necesidades en salud y la participación ciudadana… La financiación de todo lo No-POS, es imposible económicamente para el país y no todo se requiere: el POS no puede incorporar automáticamente ni las nuevas tecnologías ni los nuevos medicamentos. También se requiere que las autoridades competentes adopten un plan maestro para el sistema de salud que incorpore un modelo de equilibrio general del sistema”. Y en cuanto al secreto a voces de que una salida del gobierno para cumplir la sentencia T-760 sería nivelar los POS por lo bajo (bajando el contributivo al nivel del subsidiado, con un mínimo vital de servicios), el ex presidente de la Corte, José Gregorio Hernández, consideró que “habría un desacato a la sentencia de la Corte Constitucional por parte del Ministerio, pues estaría haciendo exactamente lo contrario de lo que la Corte ordenó, igualando por lo bajo los planes de beneficios”. La Sentencia T-760, calificada como la norma más importante desde la expedición de la Ley 100/93, es prueba de la función de guardián de derechos que ejerce la Corte Constitucional, ante un Congreso que no vela por normas justas en salud y un Ejecutivo que no garantiza los derechos fundamentales ante la negación de servicios de las EPS a los usuarios, ni cumplieron el mandato de la Ley 100 de igualar los planes de beneficios: “Estos problemas de negación del derecho a la salud se deben a fallas estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud. Las órdenes impartidas se enmarcan dentro del sistema concebido por la Constitución y desarrollado por la Ley 100/93, puesto que excedería la competencia de la Corte ordenar el diseño de un sistema distinto: eso compete al legislador”. La Sentencia cuestiona el sistema de salud soportado en estructuras económicas y no en un marco de derechos, y propone que se retome la salud y la calidad de vida como foco central del sistema, recuperar la transparencia en el manejo de recursos de salud, garantizar los derechos de los usuarios, establecer incentivos a la promoción y prevención, evitar el aumento de márgenes de utilidad a costa de la negación de servicios y materializar el derecho a la información de los usuarios. La Corte busca hacer prevalecer mandatos constitucionales, sobre todo el principio de igualdad, y convocar acciones de todos los actores del sistema de salud, en aras del reconocimiento del derecho a la salud, en ámbitos de integridad, equidad y transparencia. Desde que se conoció la Sentencia T-760 en agosto de 2008, EL PULSO ha hecho seguimiento a las discusiones sobre el dilema que enfrenta el sistema de salud, entre el reconocimiento de la salud como derecho vs la sostenibilidad del sistema de salud, a raíz de la reorientación que ordenó la Sentencia T-760. Y mantiene abierto el debate.   Más información... Sentencia T-760 -- ¿Cómo resolverá Colombia el dilema: salud vs negocio? Bien lo decía Roosevelt: “A fin de cuentas, el éxito o fracaso de cualquier gobierno debe medirse según el bienestar de sus ciudadanos. Nada puede ser más importante para un Estado que la salud pública; la ... En busca de universalizar: subsidio parcial a la cotización El presidente Álvaro Uribe anunció que habrá un subsidio parcial a la cotización que debe hacerse a las EPS contributivas, que para el caso de un ingreso equivalente al salario mínimo ($497.000) es de ... 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