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No hay que dudar de la buena fe del gobierno para asignar
los recursos de la salud. Tampoco hay que dudar de su esfuerzo
en alcanzar la cobertura universal. Menos aún dudar
de que se buscaran los mecanismos de distribución
de recursos para garantizar la salud pública. En
suma, no hay que dudar que el gobierno quiera responder
por su compromiso con la salud, porque todos los colombianos
tengan acceso al servicio de salud, y que la salud pública
muestre indicadores de oportunidad y suficiencia.
Sin embargo, en algún momento faltó el ojo
avizor, y la dinámica misma del sistema de salud
rebasó todos los cálculos y todas las tendencias.
Todo se preparó y acondicionó para lograr
esas metas de salud para todos, y hoy quienes distribuyen
los recursos para atención del servicio de salud
en lo local, en lo más cercano a cada usuario, están
como dice el saber popular, “pa' coger el monte”.
Municipios y departamentos están al borde de un ataque…
pero más que de nervios, de asfixia económica
en salud. Si atienden a una obligación, no atienden
otra, y priorizar no es posible. Todo es importante: que
si el régimen subsidiado, que si la cobertura universal,
que si la salud pública, que si atiende a los más
pobres y vulnerables no afiliados, que si los hospitales
públicos, que cómo pagar a los hospitales
privados, que si el alto costo y lo no incluido en planes
de beneficio…
Las obligaciones son de nunca acabar, los recursos no alcanzan
y la paradoja entra en escena. El Acto Legislativo 004 de
2007 aumentó los recursos para transferencias del
gobierno nacional a la salud, pero a la hora de distribuir
estos recursos a departamentos y municipios, no se tuvieron
en cuenta algunos antecedentes particulares y generales.
Desde 1996 empezó la historia de la transformación
del subsidio de oferta a demanda con la Ley 344: esa transformación
redujo los recursos de oferta para atender población
pobre no afiliada y procurar convertirlos en afiliados;
por tanto, se invierten en ampliación de cobertura
en régimen subsidiado y no en financiación
de población afiliada al subsidiado.
En 2007, la Ley 1122 genera una transformación adicional
de subsidios de oferta a demanda, argumentando que al aumentar
los recursos de salud por transferencias (Sistema General
de Participaciones -SGP-), éstos se transformarán
gradualmente para ampliar coberturas en régimen subsidiado.
Y si bien los Actos Legislativos 001 de 2001 y 004 de 2007
aumentaron las transferencias, estableciendo que ese aumento
real del SGP debía invertirse en ampliación
de coberturas en busca de lograr la cobertura universal,
hoy los municipios están en una sin salida: hicieron
un esfuerzo fiscal de transformación antes de la
Ley 1122, y si el SGP se tenía como oferta para garantizar
sostenibilidad y se les quita esa oferta, ¿de dónde
toman recursos si no hay otras fuentes para garantizar sostenibilidad?
Y más grave: ¿cómo apalancar o co-financiar
la ampliación de coberturas del Acuerdo 384 del Consejo
de Seguridad Social en Salud? Hay un punto muerto. El Consejo
dice: cumple una sentencia del Consejo de Estado y ponga
una bolsa en beneficio de coberturas para cumplir plan de
desarrollo. Pero el Conpes112, dos meses antes, le disminuye
la oferta, la transforma y la deja en mantenimiento. Eso
lleva a que la fuente que se libera y que no mantendrá
sostenibilidad de co-financiación es Fosyga.
El caso no es de mala fe, sino de falta de articulación
de los organismos responsables de financiar la salud y de
la legislación. La transformación de subsidios
puede ser deseable, pero al desfinanciar los municipios,
éstos no figuran en cobertura universal porque Fosyga
no deja subir todos los afiliados a la base de datos y se
convierten en pobres no afiliados. Los alcaldes no tendrán
recursos en 2008 para pagar a los hospitales, y entonces,
¿quién atenderá la población
que no sube a la base de datos o pobres no afiliados que
los municipios no tienen cómo apalancar recursos
para financiarlos?
Los hospitales proponen una reunión de alcaldes,
gobernadores y secretarios de salud de entes territoriales,
con Planeación Nacional y los ministerios de Hacienda
y Protección Social, para buscar una salida a tan
gran problema. Entre las alternativas están: modificar
el Conpes 112 y no sólo crecimiento real: que $125.000
millones sean para ampliación de cobertura y así
bajar el número de pobres no afiliados; que la transformación
de subsidios se reconozca a entes territoriales que ya hicieron
el esfuerzo fiscal, para que sustituyan la co-financiación,
porque si les quitan esos subsidios, no tienen cómo
sostenerla. Y que municipios que no hicieron el esfuerzo
fiscal, al trasformarlos obtengan recursos de Fosyga como
co-financiación para ampliar coberturas y cumplir
el plan de desarrollo.
La ampliación de coberturas y el mantenimiento de
las coberturas en régimen subsidiado debe garantizarse
por las diferentes fuentes que aportan los recursos: así
se ha solicitado en los Consejos Comunales, donde el propio
presidente Uribe pide explicaciones sobre por qué
si subieron los recursos de transferencias por SGP, no hay
recursos para atender pobres no afiliados o para co-financiar
la ampliación de cobertura. El tema está entonces
en niveles operativos, y golpea especialmente los hospitales
por errores de instancias superiores, y al final sólo
pueden preguntar: ¿quién me pagará
la atención del paciente?
Lo que pretendía la Ley 1122 era transformar subsidios
de oferta a demanda para ampliar cobertura en el régimen
subsidiado, y no se está ampliando con esa transformación.
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