Según el estudio de la Defensoría del Pueblo, “La tutela y el derecho a la salud. Período 2003-2005”, la disfuncionalidad del sistema de salud colombiano obliga a que miles y miles de ciudadanos tengan que acudir al mecanismo de amparo de la tutela, para reclamar el derecho al servicio público de la salud, que solamente por vía jurídica es entonces reconocido como tal.
Esta fisura del Sistema General de Seguridad Social no es nueva: viene de tiempo atrás y con tendencia a hacerse gigante e insostenible. Si el Sistema procuró un plan de beneficios en el Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes, el contributivo y el subsidiado, entonces no se entiende que una persona del común tenga que instaurar una acción de tutela para que le sean reconocidos esos servicios, procedimientos o medicamentos a los que tiene todo el derecho. No hay excusa ninguna para que algunos aseguradores y responsables del pago, vulneren olímpicamente el derecho a la salud de los afiliados que le confiaron la salud y la vida al suscribir una póliza de afiliación. Y menos puede excusarse que no reciban sanciones ejemplares y que incurran nuevamente en la negación del servicio, prefiriendo pagar multas y desacatos, antes que cumplir simple y llanamente con la normatividad que los obliga a prestar el servicio de salud, por delegación del Estado.
¡Qué sería entonces de la salud y la vida y la calidad de vida de miles de colombianos, si no existiera la tutela! Es increíble que las fallas del sistema de salud, las esté resolviendo el sistema judicial. ¿De qué ha servido la destinación de cuantiosos y multimillonarios recursos desde 1993, cuando en la realidad se demuestra que las necesidades de salud de miles de personas no son satisfechas por ineficiencia en el sistema de salud?
¿Qué presentación tiene ante el pueblo colombiano y ante el concierto internacional, que 60.000 tutelas anuales clamen por una orden judicial para que se reconozcan los beneficios del Plan Obligatorio de Salud, previamente pagado con la prima o Unidad de Pago por Capitación, alimentada con recursos fiscales y parafiscales? Y, ¿dónde queda la responsabilidad social, la ética, el humanismo o el compromiso, cuando se vulnera el derecho a la salud?
No hay que ser muy brillante para detectar que algo muy grave está fallando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, creado por la Ley 100 de 1993 y “ajustado” con la Ley 1122 de 2007.
Tampoco se han dimensionado realmente los costos que tiene para la rama judicial la atención de miles de tutelas anualmente. ¿Qué costo tiene para la sociedad, cuánto vale paralizar la administración de justicia porque se dedica a tutelar derechos plenamente reconocidos en la Constitución, como son los derechos a la salud y a la vida?
Y en cuanto a los costos para el sistema de salud, instancias oficiales afirman que la tutela “revienta” el sistema. Entonces: ¿Por qué no se aplican los correctivos necesarios para que el sistema funcione y cumpla con su cometido de brindar y entregar atención oportuna y con calidad en salud? La Defensoría entregó unas recomendaciones precisas y atinadas, para evitar que la tutela sea la única y última garantía de los colombianos para defenderse de los atropellos en salud y obtener pronta justicia.
Así las cosas, el diagnóstico está, los correctivos también. ¿Cuál será entonces la instancia que pondrá en marcha las medidas necesarias para darle funcionalidad al sistema de salud? ¿Cuándo? ¿Habrá además la suficiente voluntad y capacidad política para reorientar el rumbo del sistema de salud, de manera que cumpla con su obligación esencial de garantizar la salud a todos y cada uno de los colombianos? Las preguntas no son nuevas. Las respuestas son las que aún no llegan…