MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 313 OCTUBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
Desde 1993, más de 100 Entidades Promotoras de Salud (EPS) han sido liquidadas en Colombia, lo que demuestra que la intervención estatal no siempre conduce a la recuperación de estas organizaciones. Durante la administración anterior, se intervinieron y liquidaron diez EPS, y a pesar de estos antecedentes, las intervenciones gubernamentales continúan siendo la herramienta principal para garantizar la continuidad de los servicios mientras se evalúan los indicadores financieros. Sin embargo, el reto más grande sigue siendo el mismo: ¿qué tan efectivas son estas intervenciones para resolver los problemas estructurales del sistema de salud?
El sector salud en Colombia ha enfrentado un año especialmente complicado debido a las intervenciones gubernamentales en varias EPS, impulsadas por los continuos déficits financieros de estas entidades. En abril de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud intervino la Nueva EPS, una de las más grandes del país, que cuenta con 11.3 millones de afiliados, según el Ministerio de Salud. Poco después, Sanitas, otra EPS de gran relevancia, fue intervenida bajo promesas de que el apoyo del gobierno garantizaría la continuidad de los servicios de salud.
Estas medidas han generado preocupación en distintos sectores, especialmente en los usuarios del sistema, que ven cómo el número de entidades intervenidas crece mientras los problemas de atención persisten.
El panorama financiero de las EPS es cada vez más alarmante. Varias entidades presentaron sus informes de gestión, los cuales reflejan la grave situación económica que enfrentan. Famisanar, por ejemplo, logró extender su operación por un año más, atribuyendo el aumento de sus costos a un mayor uso de servicios y medicamentos, cuyo valor por afiliado pasó de 116,6 en 2022 a 105,8 en agosto de 2023. A pesar de estos incrementos, la entidad se ha propuesto reducir los costos y mejorar su estabilidad financiera para garantizar la continuidad de los servicios.
En contraste, la Nueva EPS enfrenta pérdidas por 5 000 millones de pesos, según su agente interventor, Julio Alberto Rincón. Además, ha tenido dificultades significativas en la atención primaria y en el manejo de enfermedades críticas como el cáncer de mama, próstata y cuello uterino.
Actualmente, ocho EPS están siendo intervenidas por la Superintendencia de Salud, lo que genera preocupación por la cantidad de reclamaciones, acciones de tutela, deudas y problemas de recursos que enfrentan estas entidades. En lo que va del año, la Nueva EPS ha acumulado 45 752 tutelas, superando las 34 583 de 2021. Otras EPS como Sanitas, Famisanar y Savia Salud también han visto un aumento considerable en el número de tutelas presentadas por sus afiliados.
Ahora, a la intervención se suma Capresoca EPS, una empresa promotora de salud con más de 170 000 afiliados en Casanare, la cual fue intervenida forzosamente por la Superintendencia Nacional de Salud desde el 7 de octubre de 2024. Esta medida, que durará un año, incluye la toma de posesión de los bienes y negocios de la entidad. La intervención se justifica por un aumento del 120 % en quejas entre 2023 y 2024, problemas financieros y falta de cumplimiento de indicadores de capital.
Uno de los principales desafíos que enfrentan las EPS es la falta de recursos. La senadora Valencia ha señalado que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente, lo que genera déficits significativos en varias entidades. Por ejemplo, SOS reporta un déficit de 130 pesos por cada 100 recibidos, mientras que la Nueva EPS enfrenta un déficit aún mayor, gastando 136 pesos por cada 100 recibidos. Este desequilibrio afecta tanto la sostenibilidad de las EPS como la calidad del servicio que ofrecen a sus afiliados.
La deuda total de las EPS ha crecido de manera alarmante. Famisanar lidera con una deuda de 382 779 millones de pesos, mientras que Sanitas, que no reportaba deuda en 2023, ha acumulado 265 000 millones de pesos en obligaciones. La cartera vencida —pagos que no se han realizado en más de 360 días— ha alcanzado los 678 434 millones de pesos. La deuda general de siete aseguradoras con más de 30 días sin pagar asciende a un billón de pesos, frente a los 605 738 millones de 2023. Este incremento en las deudas, combinado con la reducción en la calidad del servicio, ha llevado a que muchos usuarios opten por seguros privados, con un aumento de 589 827 nuevos afiliados a medicina prepagada y 201 862 a pólizas adicionales.
La liquidación de las EPS ha tenido un impacto económico devastador. Entre 2008 y 2024, solo se ha pagado el 11 % de las deudas reclamadas por los trabajadores de la salud, según un informe presentado en la reciente reforma sanitaria. Esta situación genera un ambiente de incertidumbre para los profesionales de la salud, que ven cómo sus derechos laborales y financieros se ven comprometidos, afectando de manera directa la calidad del servicio que pueden ofrecer.
El Ministerio de Salud afirmó que “la situación demuestra que las EPS aún no han alcanzado sus objetivos corporativos”, lo que ha generado una enorme deuda y ha afectado gravemente la prestación de servicios de salud en el país.
Desde 1994, un total de 157 EPS han sido autorizadas para operar en Colombia, de las cuales 130 han sido liquidadas o están en proceso de liquidación. Hoy, solo permanecen activas 27 EPS, además de dos entidades que gestionan seguros compatibles, EPM y Ferrocarriles Nacionales. Especialmente en los períodos de 1998-2002, 2010-2014 y 2018-2022, hubo un aumento significativo en la intervención y liquidación de estas entidades. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la prestación de servicios y proteger los recursos públicos, más del 50 % de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se encuentra en condiciones críticas dentro de las EPS, lo que evidencia la magnitud del problema.
El constante ciclo de intervención y liquidación de las EPS en Colombia refleja no solo la incapacidad del Estado para salvar estas entidades, sino también un problema estructural más profundo dentro del sistema de salud. La falta de recursos, las ineficiencias en la gestión y los crecientes déficits financieros sugieren que el modelo actual de financiación y operación de las EPS es insostenible en el largo plazo. Las intervenciones, en lugar de ser un salvavidas, parecen ser una medida temporal que solo retrasa lo inevitable.
Además, la constante reducción en el número de EPS operativas pone en riesgo la pluralidad del sistema y limita las opciones para los usuarios, quienes terminan acudiendo a servicios privados ante la disminución de la calidad en la atención pública. El incremento en el número de tutelas y deudas es una señal clara de la frustración de los usuarios y de la incapacidad de las EPS para cumplir con sus obligaciones.
La crisis de las EPS en Colombia es un reflejo de un sistema de salud en tensión, atrapado entre la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera y la obligación de ofrecer un servicio de calidad a millones de colombianos. Mientras el Gobierno impulsa una reforma que busca transformar el rol de las EPS en el sistema, los problemas estructurales y financieros continúan amenazando su viabilidad. El camino hacia una solución requiere no solo de intervenciones puntuales, sino de un rediseño profundo del modelo de financiación, gestión y prestación de servicios de salud en el país.
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