MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 313 OCTUBRE DEL AÑO 2024 ISNN 0124-4388
La crisis del sector salud en Colombia se centra en una realidad preocupante: la creciente deuda acumulada por las instituciones sanitarias, que ha alcanzado los 16.8 billones de pesos en diciembre de 2023. Este problema, señalado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), se ha vuelto insostenible y amenaza la estabilidad y continuidad de la atención médica. Durante la segunda mitad del año pasado, 221 instituciones de salud acumularon deudas por 705 mil millones de pesos, con más del 54 % de esta deuda incumplida y retrasos en los pagos que superan los 60 días. Este escenario plantea un círculo vicioso que repercute directamente en la salud financiera de las instituciones y en la calidad de la atención que reciben los pacientes.
La acumulación de deudas no solo impacta en la liquidez y solvencia de las instituciones de salud, sino que también afecta la calidad del servicio. La presión financiera ha llevado a muchos hospitales y clínicas a reducir costos en áreas críticas, como insumos médicos y personal. Esto se traduce en retrasos significativos en el acceso a servicios vitales, especialmente para pacientes que requieren atención urgente o tratamientos prolongados.
La incertidumbre financiera también contribuye al estrés y desmotivación entre los profesionales de la salud. La falta de pagos puntuales puede llevar a que el personal médico y administrativo busque mejores oportunidades en el extranjero o en otros sectores, exacerbando aún más la crisis del sistema.
Para abordar esta crisis, no basta con aumentar el presupuesto de salud. Es fundamental realizar una reforma integral en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que financia a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Actualmente, el cálculo de la UPC no refleja los costos reales de los servicios, especialmente en un entorno donde la tecnología médica y los tratamientos innovadores aumentan los costos operativos. Adaptar la UPC para considerar estos cambios es esencial para aliviar la presión financiera sobre las EPS, permitiéndoles cumplir a tiempo con los pagos a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y evitar la acumulación de deudas.
Asimismo, es crucial establecer mecanismos que fomenten la eficiencia en la gestión de recursos por parte de las EPS y las IPS. Esto puede incluir la creación de indicadores claros de calidad y eficiencia vinculados a la asignación de recursos, de manera que las instituciones que gestionen mejor sus finanzas y ofrezcan atención efectiva puedan acceder a mayores fondos. Un sistema de auditorías más riguroso también es necesario para supervisar el uso de los recursos y asegurar que se utilicen de manera óptima en beneficio de los pacientes.
La crisis que atraviesan aseguradoras y prestadores refleja una desconexión entre la realidad del sistema y las políticas implementadas. Mientras el gobierno sostiene que el presupuesto y la UPC son adecuados, los hospitales argumentan que estos recursos son insuficientes para cubrir sus necesidades. Este desacuerdo alimenta un ciclo de deuda creciente, poniendo en riesgo la atención de salud y provocando el colapso de servicios esenciales.
Además, la concentración del mercado en las principales ciudades de Colombia agrava la situación. Existe una percepción errónea de que los costos en salud disminuirán, pero esta es una ilusión que ignora la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de tratamientos cada vez más avanzados y costosos. En este contexto, es urgente promover y fortalecer los hospitales de segundo nivel en regiones subatendidas, garantizando así un acceso más equitativo a la atención médica.
La calidad del sistema de salud también depende del talento humano. La predominancia femenina en la población de profesionales de la salud (representando el 70 %) plantea desafíos específicos en términos de carga laboral y estrés. Las normas laborales actuales deben revisarse para asegurar que los profesionales trabajen en condiciones que les permitan ofrecer atención de calidad sin comprometer su bienestar.
Implementar un régimen especial para el sector salud que contemple las particularidades de la profesión es una medida necesaria. Esto incluye la revisión de las jornadas laborales, los costos asociados al talento humano y los recargos por turnos adicionales, que a menudo generan una presión adicional sobre los presupuestos de los hospitales.
La solución a esta crisis requiere un enfoque multifacético. El fortalecimiento de la UPC y la optimización de la gestión de recursos a nivel de las IPS son medidas imprescindibles. Además, es vital promover la colaboración entre el sector público y privado, con un énfasis en la innovación y sostenibilidad financiera del sistema.
La sostenibilidad del sistema de salud no puede considerarse una responsabilidad exclusiva del Estado. Es fundamental que todos los actores del sector, incluidos hospitales, clínicas, EPS, IPS y pacientes, trabajen juntos para garantizar que las soluciones adoptadas sean equitativas y sostenibles a largo plazo. La implementación de un enfoque integral que incluya reformas fiscales, mejoras en la eficiencia y una sólida colaboración multisectorial será clave para restaurar la confianza en un sistema que enfrenta una de sus mayores crisis.
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