La reforma sanitaria de Colombia vuelve a cerrarse. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el discurso ante el Congreso no se llevará a cabo como estaba previsto. El aplazamiento se justifica por la necesidad de tener en cuenta a todos los actores involucrados. “Estamos escuchando todas las voces”, declaró Cristo, resaltando la importancia de las reuniones con la bancada de la Alianza Verde y otros sectores. Este enfoque busca evitar los errores del pasado y asegurar que el proyecto presentado tenga un respaldo más amplio, reduciendo el riesgo de que la reforma sea archivada, como ocurrió con la propuesta anterior en abril de 2024 en la Comisión Séptima del Senado.

El debate jurídico: ley estatutaria u ordinaria

Uno de los puntos críticos en discusión es el marco jurídico bajo el cual se presentará la reforma: ¿será una ley estatutaria o una ley ordinaria? Esta decisión es crucial ya que determinará las comisiones que revisarán el proyecto y el tipo de mayorías necesarias para su aprobación. Una ley estatutaria requiere una mayoría más amplia y un proceso de revisión más exhaustivo, mientras que una ley ordinaria podría avanzar más rápidamente, aunque con menos garantías frente a posibles impugnaciones.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, subrayó la importancia de esta decisión, dado que el proyecto anterior colapsó en la Comisión Séptima del Senado, una experiencia que el Gobierno busca evitar en esta ocasión.

El proyecto preliminar

El proyecto preliminar en desarrollo, que aún no es definitivo, reorganiza la gobernanza del sistema, optimiza el uso de los recursos financieros y establece mecanismos de inspección, vigilancia y control más eficientes.

Se propone transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en un Sistema de Aseguramiento Social en Salud, con un enfoque en la universalidad y eficiencia para garantizar el derecho a la salud. Se define un modelo preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud (APS), con énfasis en la integración de servicios y la participación comunitaria.

El Ministerio de Salud y Protección Social será el órgano rector del sistema sanitario, con responsabilidades en la toma de decisiones, formulación y evaluación de políticas públicas sanitarias. Adicionalmente, se creará el Consejo Nacional de Salud como instancia de dirección del sistema de salud, con participación de diversos sectores, incluyendo el gobierno, trabajadores de la salud, pacientes y otros actores clave.

Se implementará un sistema unificado e interoperable para la gestión de la información en salud, obligatorio para todos los actores del sistema. A su vez, la ADRES será responsable de la gestión y administración de los recursos del sistema, asegurando su flujo adecuado y el control del gasto.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida, con un plazo de dos años para cumplir las nuevas condiciones y requisitos. Se establecerán redes territoriales integrales e integradas de servicios de salud, orientadas a garantizar la APS y especializada en todos los territorios.

La propuesta establece fuentes y usos de los recursos financieros del sistema, incluyendo la obligatoriedad de las cotizaciones, la administración de recursos por parte de ADRES y la creación de un Fondo Único Público de Salud.

Uno de los aspectos a modificar en el sistema es el tipo de contratos para el personal, los cuales actualmente son de prestación de servicios y, en ocasiones, incluso por días. Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “tenemos que formalizar esa situación. Igualmente hay gerentes que dicen que no consiguen médicos, pero es que ellos pudiendo pagar hasta $12 millones, solo les quieren pagar $6 millones”.

También se dio a conocer un proyecto en curso: la construcción de un hospital en una embarcación que recorrerá “todos los pueblos del litoral pacífico”. Además, se anunció que el próximo año se contará con un barco que navegará por el Amazonas y recorrerá el Putumayo.

Desafíos políticos de la reforma a la salud

La reforma a la salud se enfrenta a una serie de desafíos políticos que podrían afectar su implementación y efectividad. La necesidad de llegar a acuerdos entre diferentes sectores políticos y la resistencia de actores clave del sistema son algunos de los obstáculos que complican el curso de la reforma.

Este proceso de concertación es debido a los problemas estructurales profundos que enfrenta el sistema de salud colombiano. La fragmentación entre los regímenes subsidiado y contributivo es uno de los problemas que la reforma busca abordar, dado que el régimen contributivo no genera suficientes recursos y el Estado ha tenido que cubrir el déficit con el Presupuesto General de la Nación.

Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que “los gerentes, alcaldes, gobernadores y hasta ministros a menudo toman decisiones sin consultar a la comunidad. Es necesario empoderar a la comunidad”.

Otro objetivo de la reforma es asegurar la entrega de medicamentos a los ciudadanos. Por ejemplo, Jaramillo explicó que “el dolutegravir es el medicamento de utilización permanente para todos los pacientes de VIH positivo. El retroviral vale $410 000 por 30. Se puede comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud en $11 000, con un tratamiento de $410 000 tratamos 40 personas en vez de pagar $2 billones”.

El ministro también enfatizó la necesidad de un sistema igualitario entre los sectores privado y público. Indicó que, mientras que los primeros reciben fondos del extranjero, no se sabe si están retirándolos, y cuando intentó investigar, “se negaron a quitar el velo de la situación”.

Catherine Juvinao instó al Gobierno a no presentar su propia propuesta con mensaje de urgencia, para que la iniciativa de los independientes también sea considerada.

De otro lado, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, afirmó que todavía no tienen acceso al texto de la nueva iniciativa de reforma a la salud. Vesga indicó que “varios de los puntos acordados en las reuniones anteriores no se han cumplido”. Explicó que “es necesario resolver el hoy, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud pagar los recursos de los presupuestos máximos del 2022 y eso no ha sucedido y el Ministerio dijo que depende del recaudo fiscal”.

Vesga también señaló que se hicieron compromisos para realizar reuniones y abordar diferentes problemáticas, pero que estas no se han llevado a cabo. “Nosotros le solicitamos al gobierno en las conversaciones que tuvimos en el mes de mayo que hiciéramos unas mesas de financiamiento para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC); las EPS remitieron más de 4 000 millones de pesos de transacciones en todos los soportes de lo que ha sido el gasto en salud de los últimos años y de eso no tenemos ninguna retroalimentación del Ministerio hoy”, manifestó. Añadió que “la discusión de la reforma más socializada con todos los actores, como lo dice el señor ministro de Salud, termina en que hoy no conocemos el texto, en que no se han tenido nuevas conversaciones y las que se proyectaron de financiamiento siguen sin avance”.

Sobre el tema de la transformación de la EPS en gestoras de salud, Vesga expresó que serán muy estrictas con lo acordado con el Gobierno. “Sobre los demás temas donde tengamos inquietudes así lo vamos a manifestar, porque hasta el momento no conocemos el nuevo texto”, añadió.

Vesga destacó que es fundamental tener en cuenta la actual situación del sistema de salud, que es muy diferente a la de hace dos años. “Hay que partir del diagnóstico y hoy tenemos un sistema distinto al que teníamos hace dos años cuando se inició la conversación de la reforma y cuando se radicó su primer texto, porque el sector se ha deteriorado en los últimos dos años”, recalcó. Informó que hoy hay “26 millones de colombianos en EPS intervenidas, tres EPS con solicitud de retiro voluntario que representa más de ocho millones de colombianos,” y mencionó “pérdidas acumuladas de las EPS a marzo del 2024 sin contar la Nueva EPS, que no ha terminado de presentar sus estados financieros”.

No se llega a acuerdo entre el Ministerio y los pacientes

El Ministerio de Salud y Pacientes Colombia, que agrupa a 198 organizaciones de pacientes en el país, realizaron una reunión con el fin de socializar y alcanzar acuerdos sobre la reforma a la salud.

A pesar de la presencia del ministro y viceministros y la apertura de una mesa técnica, las preocupaciones de la sociedad civil permanecen sin resolver. Pacientes Colombia señaló que “el movimiento agradece al Ministerio de Salud y Protección Social por concertar la primera de varias mesas técnicas después de 14 meses de solicitud de este espacio”. Sin embargo, ratificó que el diálogo no se materializó en ajustes a la propuesta de reforma que está ad portas de radicarse en el Congreso de la República.

La organización también destacó que las mesas de trabajo futuras deberán abordar “ocho puntos críticos que están identificados como líneas rojas”. Entre los temas que siguen sin acuerdo se encuentran el fortalecimiento del talento humano, la atención rural y el modelo predictivo y preventivo.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó que “este proyecto de ley de reforma a la salud promovido por el Gobierno nacional no está concertado con las organizaciones de pacientes. A la fecha, no hay claridad de las fuentes de financiamiento y presupuesto asignado para la implementación de dichas propuestas, lo que agravaría la crisis financiera del sistema y a la vez la posibilidad de los pacientes de acceder a los servicios de manera oportuna sin poner en riesgo su vida”.

Los puntos críticos de la reforma identificados por Pacientes Colombia incluyen:

Se contempla que la gestión del riesgo financiero se centralice en la ADRES y que el modelo de aseguramiento se distribuya entre diversos actores, con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) encargados de la afiliación y la gestión del riesgo en salud. Se propone la eliminación de programas especiales y la gestión de cohortes, mientras que los CAPS asumirían un rol central en la articulación del sistema y el control del flujo de recursos.

También se identificaron algunos puntos de acuerdo parcial entre la entidad y el proyecto gubernamental, como el giro directo de la ADRES a los proveedores, aunque todavía falta un mecanismo que garantice la transparencia, y el establecimiento de una Fe de administración para las EPS, con diferencias en el porcentaje asignado. Otros puntos de acuerdo incluyen la creación de un Consejo superior para apoyar al Ministerio de Salud y la unificación de regímenes y del Plan de Beneficios en Salud. Sin embargo, aún existen diferencias sobre el alcance y las funciones del consejo y otros aspectos de la reforma.