Perspectivas y nuevos retos: el camino hacia la sostenibilidad

Por: Yuly Andrea Atehortúa Mira

elpulso@sanvicentefundacion.com

En medio de la incertidumbre que enfrenta el país ante las problemáticas y desafíos del sector sanitario, vale preguntarse cómo quedará el sistema después de los debates económicos y políticos a los que se ha sometido este año, y cuál es su perspectiva de futuro.

Para el economista de la salud y docente de la Universidad del Rosario, Paul Rodríguez, el presente del sistema de salud, tras la suerte que ha corrido la reforma, los anuncios de desfinanciamiento por parte de las EPS, así como las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, “está en una situación muy difícil de liquidez, un problema que comienza a propagarse por toda la cadena productiva”.

Al analizar hacia dónde se dirige el sistema, Rodríguez considera que el escenario inminente y más probable será de protestas: del personal médico por falta de pago, de proveedores, de prestadores, de hospitales que no reciban insumos. Paralelamente, se observaría un crecimiento en los seguros privados para quienes busquen alternativas confiables, además de hospitales que prefieran no contratar con el sector público para evitar riesgos.

Un panorama semejante a lo sucedido hace 30 años, cuando los fondos de los hospitales solo alcanzaban hasta septiembre u octubre y a partir de entonces solo se brindaba atención de urgencias, mientras que cualquier situación que no fuera de vida o muerte se postergaba.

“La tendencia es a una privatización del sistema de salud acelerada, con consecuencias en la equidad, porque si no tienes con qué pagar un seguro privado, te tocan filas de espera y una calidad del servicio muy mala”.

El punto crítico es la financiación, que debería ser un tema central en las próximas discusiones de la reforma. “Lo primero es lograr un acuerdo claro en el Congreso sobre el límite de los gastos del sistema, qué se financiará y qué no”, porque el problema sigue siendo el mismo: no hay un control sobre el financiamiento, y antes se podía echar la culpa a las EPS, ahora será al gobierno que controla las EPS.

Desde la perspectiva del Dr. Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la necesidad de cambiar el rumbo del manejo financiero en el sistema sanitario sigue latente, aunque existan varias propuestas que defienden el statu quo del sistema de aseguramiento actual, con fases progresistas en relación con la Atención Primaria en Salud (APS) y el cierre de brechas en algunas regiones rurales del país.

De ahí que en el debate que se aproxima en el legislativo sea necesario tratar tres puntos clave: “El primero, la necesidad de mantener el giro directo a prestadores con el fin de evitar la intermediación financiera, ante la situación del aseguramiento privado, donde el incumplimiento en reservas técnicas y patrimonio dio lugar a que el sistema parezca que no es rentable financieramente para no asumir el riesgo. Lo que le queda al país es tener aseguramiento social tipo público, cambiando las reglas del juego para hacerlo sostenible financieramente”, enfatiza Guerrero.

Segundo, la necesidad de avanzar en la implementación de un sistema de redes integrales de servicios de salud en territorios y regiones, que respondan a un modelo que privilegie la APS. En ese sentido, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Colombiana de Salud Pública avanzan en discutir la viabilidad y el modelamiento de esta propuesta en 12 departamentos del país. Un proyecto que posiblemente se aprobaría por decreto reglamentario, antes de que la reforma continúe su discusión en el Congreso.

Un tercer elemento a discutirse sería la reducción al máximo de la tercerización laboral para los trabajadores de salud, estimulando la contratación vía oferta, para darles estabilidad y favorecer programas de promoción y prevención.

“El futuro de la reforma es complejo y difícil. Del gobierno se requiere, además de aumentar su capacidad de diálogo con la ciudadanía, claridad sobre el fortalecimiento del ADRES, restablecer un orden y equidad en la distribución de recursos, y abrir nuevas perspectivas de APS”, afirma Guerrero, y agrega que es fundamental atender el tema de financiamiento, la realidad de los hospitales públicos “y tomar medidas que garanticen el flujo de recursos para evitar que el sistema se derrumbe en los próximos dos años”.

Proyecto acelerador

Así se denomina la propuesta en la que vienen trabajando el Ministerio de Salud, la OPS y la Asociación Colombiana de Salud Pública para consolidar y trabajar en un sistema que pretende ser eficiente, garantista y solidario, privilegiando la protección de la vida y avanzando hacia el modelo de aseguramiento social.

El MinSalud ha planteado la necesidad de trabajar en regiones y territorios, en medio de la transición que está atravesando el sistema, incluso si no se aprueba la reforma, buscando construir una nueva gobernanza con apoyo de EPS intervenidas y no intervenidas, prestadores públicos y privados, y academia, que es estratégica en este proceso para revisar su rol en los territorios, replantear currículum y lugares de práctica académica y brindar asesoría en la conformación de redes integradas de servicios de salud. La idea es que esta gobernanza vaya en función de cerrar brechas de salud pública, basado en un estudio que realizó la OPS y la Asociación Colombiana de Salud Pública en 2023.

Las redes integrales e integradas en los territorios se administrarían a través de lo que en un futuro serían las Gestoras de Salud y Vida, con participación de la autoridad sanitaria. Difieren de la actual red de prestadores de servicios de salud, que depende exclusivamente de las EPS, no considera los territorios y se enfoca en los asegurados sin importar su ubicación dentro del país. Estas nuevas redes buscan que en los territorios se tengan Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como nodos de trabajo y que las personas que vivan cerca estén adscritas y tengan acceso a la red complementaria con centros de mediana y alta complejidad.

Las instituciones de salud pública formarían parte de estos CAPS, tendrían un régimen laboral especial, la posibilidad de saneamiento de pasivos para las EPS y créditos blandos para las IPS.