La gestión de crisis de salud en Colombia ha sido un tema de interés constante, especialmente ante los desafíos actuales. En este contexto, el papel del sector privado es crucial, aunque también genera preocupación respecto al impacto en la protección financiera de los ciudadanos.

El sistema de salud de Colombia enfrenta la necesidad de una reforma significativa. Un paso crucial en esta dirección fue la Ley 100 de 1993, que aumentó la cotización para el servicio de salud del 7 % al 8 % del ingreso mensual, destinando este punto adicional a cofinanciar el régimen subsidiado, denominado el “punto de solidaridad”. Posteriormente, en enero de 1995, la cotización se elevó al 12 %, y en 2007 llegó al 12,5 %, permitiendo una mayor cobertura familiar y alcanzando una cobertura del 100 % de la población.

Sin embargo, el gobierno, que ahora controla cerca del 60 % de la población a través de un conjunto de EPS, parece tener un enfoque diferente. Intervenciones apresuradas y poco documentadas en EPS como Savia Salud, Famisanar, Sanitas y Nueva EPS plantean interrogantes sobre el futuro del sistema.

El rol del sector privado

El sector privado de la salud en Colombia, compuesto por hospitales, clínicas, aseguradoras y empresas farmacéuticas, desempeña un papel esencial en la respuesta a las crisis de salud. Su capacidad para proporcionar recursos adicionales, infraestructura médica y personal capacitado complementa los esfuerzos del sector público, ayudando a aumentar la capacidad de atención médica y mejorar la respuesta ante emergencias.

Desafíos financieros y protección

Actualmente, existe una preocupación creciente sobre el impacto negativo en la protección financiera de los ciudadanos colombianos. El acceso a servicios de salud privados está ligado a costos significativos, lo que puede excluir a quienes no pueden pagarlos y aumentar la carga financiera para quienes sí pueden.

Bernardo Useche, doctor en salud pública, explica que “si las EPS fueran administradoras muy bien remuneradas, sería un gran avance. Pero el enorme problema es la desconfianza hacia el Gobierno y su capacidad para manejar la gestión del riesgo financiero. En el nuevo proyecto de ley, se refleja una división entre las EPS y los exministros de Salud, ya que las EPS se acomodaron al Gobierno por conveniencia como empresas”.

Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), afirma que “el gobierno no resuelve las problemáticas que se están viviendo hoy, estamos sujetos al proceso de desfinanciación, porque operacionalmente no se está resolviendo”. Julian Pineda, secretario de Salud de Bello, argumenta que “para inyectar más recursos asegurados, teníamos que tener mayor crecimiento sobre el PIB para tener mayor sostenibilidad. Pero no observamos muchas intenciones por parte del gobierno, entonces debemos tomar decisiones sobre utilidad operacional, evaluar los costos y gastos, y las acciones de los entes territoriales para mitigar desde la prevención y disminuir costos de siniestralidad”.

Anwar añade que “es importante entender cómo vamos a financiar la salud y cómo los gastos sobre el sistema de protección pueden afectar la garantía de los derechos. La realidad social en la que estamos no es que el rol de las empresas solo sea aportar a través de cotizaciones, hay que asumir otras alternativas de salud para usuarios y empleados”.

Llamado a la acción

En el Seminario Permanente 2024, titulado “¿Hacia dónde puede ir la financiación de la salud en Colombia?”, se discutió extensamente el papel del sector privado en un escenario de reforma del sistema de salud. Se enfatizó la necesidad de reestructurar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia un modelo con menos EPS, pero más grandes y eficientes, asegurando una vigilancia imparcial, transparente y participativa.

El seminario subrayó que, aunque la cobertura universal ha sido un logro fundamental del sistema, queda mucho por hacer para garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud para toda la población. En este contexto, se destacó la importancia de establecer “un marco de vigilancia imparcial, transparente y participativo” para las EPS, así como de mejorar su articulación con la autoridad sanitaria y asegurar un financiamiento adecuado basado en un sistema de información confiable.

Se propusieron varios mecanismos para facilitar las transformaciones necesarias en el sistema de salud, como la conformación de un Consejo Nacional que permita “concertarse una hoja de ruta clara y verificable de cara a la reforma”, la convocatoria a una comisión de la verdad en salud que presente un informe sobre las cifras financieras, las cuentas, los pasivos y las estadísticas de salud en un plazo de tres a cuatro meses, y el establecimiento de veedurías independientes para supervisar las intervenciones y medidas excepcionales del gobierno.

Recorrido histórico

Desde sus inicios en 1991, el sistema de salud colombiano ha experimentado una transformación notable, pasando de un sector que ejecutaba menos del 4 % del PIB a uno que ahora maneja el 8 %. Esta expansión ha sido acompañada por una mayor cobertura y accesibilidad, gracias a los mandatos constitucionales que establecieron la seguridad social como un derecho universal y solidario.

La Constitución de 1991 introdujo la competencia entre aseguradores y prestadores de servicios de salud, abriendo las puertas al sector privado para participar activamente en la gestión del sistema. Esta medida buscaba fomentar la eficiencia y la innovación, pero también planteaba desafíos en términos de protección financiera y acceso equitativo.

La promulgación de la Ley 100 en 1993 marcó un hito importante en la historia del sistema de salud colombiano al instituir las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como actores clave en la administración de los recursos financieros. Sin embargo, este cambio también dio lugar a una concentración de poder en manos de algunas EPS privadas, que pasaron a controlar una parte significativa de los recursos del sistema.

Si bien la entrada del sector privado ha contribuido a ampliar la cobertura nominal del aseguramiento, también ha planteado desafíos en términos de acceso efectivo a los servicios de salud. La competencia entre las EPS ha generado incentivos para capturar afiliados, pero no necesariamente para garantizar la calidad y la accesibilidad de la atención médica.

El papel del sector privado en la gestión de la salud en Colombia es fundamental, pero debe ser equilibrado con medidas que aseguren la protección financiera de los ciudadanos y un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud.