MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
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Años han pasado desde que las mujeres pudieron ir haciendo historia y desde que sus derechos fueron reconocidos. Sin embargo, muchos de esos derechos han sido vulnerados constantemente, violando principalmente el derecho a la vida y a la salud.
Según un análisis realizado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en nombre del Grupo de Trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, en todo el mundo, expone que “casi una de cada tres mujeres (un 30 %) ha sufrido violencia física y sexual por su pareja o violencia sexual por alguien que no era su pareja o ambas”.
Adicionalemente, la Organización agrega: “Más de una cuarta parte de las mujeres entre 15 y 49 años que han tenido una relación de pareja han sido objeto de violencia física y sexual de pareja al menos una vez en su vida (desde los 15 años). Las estimaciones sobre la prevalencia de la violencia de pareja sufrida a lo largo de la vida van del 20 % en la Región del Pacífico Occidental, 22 % en los países de ingresos elevados y la Región de Europa y el 25 % en la Región de las Américas, el 33 % en la Región de África, un 31 % en la Región del Mediterráneo Oriental y un 33 % en la Región de Asia Sudoriental de la OMS”.
A nivel mundial, hasta el 38 % de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. Además de la violencia de pareja, el 6 % de las mujeres de todo el mundo refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, aunque los datos al respecto son más limitados. La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra mujeres.
En el caso de Colombia, durante el 2021, el Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) reportó un total de 27 583 víctimas de violencia sexual; el 87 % fueron mujeres y de este grupo, el 41,5 % tenía entre 12 y 17 años; un 15,4 % tenía de 6 a 11 años y un 10,1 %, menos de 5 años, esto según los datos preliminares del SIVIGILA- SIVIGE.
Asimismo, para ese año el SIVIGILA reportó un total de 58 616 afectados por violencia física; de los cuales el 78 % fueron mujeres.
De otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó, el año anterior, 34 965 casos de violencia de pareja; 4 407 casos más que en el 2020. El 86,5 % de las víctimas fueron mujeres.
Además, se reportaron 210 feminicidios, 23 más que en 2020. La tasa para 2021 fue de 0,8 por 100 000 mujeres; en América Latina y el Caribe fue de 1.6 x 100 000 (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2022).
Medicina Legal afirmó que “por desgracia, Colombia no es ajeno a esta problemática mundial que día tras día sigue cobrando vidas, pues pese a las múltiples campañas que se han desarrollado tanto por parte del gobierno nacional como territoriales y locales, los registros demuestran el incremento de muertes de manera comparativa entre un periodo de tiempo del año pasado y lo corrido del presente, dejando a la luz que han sido insuficientes los esfuerzos por mitigar o eliminar esta cruda realidad”.
La violencia de pareja (física, sexual y psicológica) y las agresiones sexuales provocan en las mujeres graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. También afectan a la salud y el bienestar de sus hijos. Este tipo de violencia genera un elevado costo social y económico para las mujeres, sus familias y la sociedad. Esta violencia puede: tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio, producir lesiones: el 42 % de las mujeres víctimas de violencia de pareja refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia, ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH.
El estudio de la OMS de 2013 sobre la carga para la salud asociada con la violencia contra las mujeres reveló “que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH en algunas regiones, en comparación con las mujeres que no habían sufrido violencia de pareja. Por otra parte, también tienen el doble de probabilidades de sufrir abortos”.
“La violencia de pareja durante el embarazo está asociada con un aumento en la probabilidad de abortos involuntarios, muertes fetales, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer. El mismo estudio de 2013 puso de manifiesto que las mujeres víctimas de violencia de pareja tenían un 16 % más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario y un 41 % más de probabilidades de tener un parto prematuro”, evidencia el reporte.
Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intentos de suicidio. Entre los efectos sobre la salud también se encuentran las cefaleas, los síndromes de dolor (de espalda, abdominal o pélvico, crónico), trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general.
La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de tabaco y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo. También se asocia a la comisión (por el hombre) y el padecimiento (por la mujer) de actos de violencia.
Frente a ello, el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) elaboró y socializó con las Secretarías de Salud el lineamiento para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.
“Uno de los propósitos de estos lineamientos es orientar el fortalecimiento de la gestión del sector salud para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres, adolescentes, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, a fin de superar el activismo de un solo día”, explicó Ricardo Luque Núñez, coordinador del Grupo Sexualidad y Derechos Sexuales Reproductivos de Minsalud.
Para esto es necesario convocar la acción conjunta, nacional y territorial del sector salud y de la sociedad, a fin de: crear igualdad material de derechos y oportunidades para las mujeres, adolescentes y niñas, abordar el machismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia y otras prácticas discriminatorias que niegan un trato igualitario, privan o menoscaban el acceso y goce de derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y población LGTBIQ+, atender integralmente a las víctimas de violencias desde todos los sectores, garantizar la protección y el acceso a la justicia, fortalecer los sistemas de información, las redes de apoyo y los programas de atención inmediata para la toma de decisiones e implementar el Decreto 1710 de 2020, sobre “Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes”, para el abordaje integral de esta problemática.
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