MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Si bien desde la educación primaria y secundaria se enseña sobre el conflicto armado en Colombia, con el transcurrir de los años, todas las personas van estudiando este fenómeno desde diferentes ángulos. En muchos casos, estos conocimientos se van formando con relación a la profesión en la que se estén formando, intereses personales o laborales, sentido de pertenencia, humanidad o respeto a las víctimas. Esto entonces genera una necesidad por comprender lo que los golpes a nuestra paz han ocasionado, se ha convertido en uno de los principales focos de la educación en el país, pues al sector educativo le preocupa que haya desconocimiento sobre nuestra historia y del valor de la no repetición. Es un sentimiento de angustia completamente compartido. Nutriéndose de ese sentir, surgen con otros sectores acciones conjuntas que buscan, por ejemplo, ayudar desde la enseñanza a proteger a quienes se encuentran en peligro.
Este es el caso del problema que está bajo la lupa del derecho y el sector salud: las amenazas y agresiones que enfrenta el Talento Humano en Salud (THS) en los centros y puntos asistenciales de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia. Este miedo colectivo no solo se vive aquí. El rasgo compartido con otros países se traduce en tener un sistema deficiente en los servicios integrales en salud. En consecuencia, el personal sanitario que ejerce en los territorios más afectados por el conflicto armado, se ve obligado a laborar con muchas dificultades, para atender a los heridos y enfermos afectados por los enfrentamientos en curso entre actores armados.
Antes de ahondar en esas dificultades laborales, cabe primero preguntarse: ¿qué derechos le corresponden al personal de salud no en función de su trabajo, sino como población civil? La respuesta debería ser los mismos derechos que a todos, pero se ignora gravemente que son humanos, puesto que hemos idealizado al profesional bajo denominaciones como la de “héroe”, lo que solo impulsa la idea de ser una máquina que tiene el diagnóstico o tratamiento correcto para todo. Es todo lo contrario. Como civiles, el Talento Humano en Salud está en riesgo, como el resto de la comunidad que se encuentra en medio de hechos o situaciones de violencia, de desarrollar una enfermedad física o mental, ser víctimas de un evento catastrófico, artefactos explosivos, secuestro, desaparición, violencia sexual u otra calamidad.
En consecuencia, debe buscarse siempre que los derechos fundamentales a tener una vida digna, salud, libertad personal e integridad física, psíquica y moral, no sean vulnerados. Estos civiles que merecen nuestra total admiración y respeto, ¿por qué hacen un llamado urgente a su protección? Porque en nombre de su profesión ayudan a los demás en el momento en que ellos por sí mismos no lo pueden hacer, en un ambiente entre tensiones y disturbios, sin el suficiente personal de apoyo, recursos e insumos médicos, centros y puestos hospitalarios, sin la capacidad para ofrecer todos los tipos de asistencia médica y quirúrgica y sin transporte para remitir a hospitales de mayor capacidad, para una atención más integral.
Desde el ámbito laboral, el Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977) preceptúa que “el personal sanitario será respetado y protegido, así como los hospitales, centros de salud, ambulancias y todo servicio de búsqueda, rescate, traslado y tratamiento de heridos y enfermos o de prevención de enfermedades”.
La prestación del servicio de salud como profesión, en las zonas más afectadas por el conflicto armado, puede provenir de distintas formas vinculatorias, entre ellas como empleado público por vínculo legal y reglamentario, como trabajador particular por vínculo laboral mediante contrato de trabajo o por vínculo contractual de prestación de servicios. La modalidad depende de las labores o funciones a realizar, la naturaleza jurídica de las partes y si existe o no subordinación por parte de la entidad. Además, en Colombia existen dos figuras en las que el THS está cerca de las llamadas “Zonas Rojas”, esto es realizando el año rural (Servicio Social Obligatorio) o en Misión Médica. Haciendo énfasis sobre la primera figura, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció en la Resolución 774 de 2022, artículo séptimo, que quienes acrediten la imposibilidad de su prestación, por caso fortuito, fuerza mayor o por enfermedad catastrófica, podrán ser exonerados.
En lo referente a la segunda, en el año 2012, el Ministerio de Salud también adoptó el Manual de Misión Médica, incluyendo aspectos como la señalización y divulgación de su Emblema “con el propósito adicional de sensibilizar a las autoridades y a la población en general sobre la necesidad de prestar ayuda y colaboración a quien porte el Emblema, facilitándole entre otros, el libre tránsito, el transporte de medicamentos e insumos sanitarios y la evacuación de heridos y enfermos en el marco de su misión humanitaria” (artículo 2, Resolución 4481 de 2012). Al preguntarse, entonces, qué normas amparan a los demás que no están bajo estas dos figuras, cabe recordar que, para proteger al Talento Humano en Salud, no hacen falta tantos esfuerzos en el nivel normativo-jurídico, sino en su aplicación, pues si las personas atenderían a un principio básico, descrito en el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, respetarían sin tantas trabas al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud.
El panorama es completamente diferente. La Mesa Nacional de Misión Médica de la Comisión Internacional de la Cruz Roja registró 553 agresiones en 2021, evidenciando un aumento histórico por tercer año consecutivo, con un incremento del 70 % respecto del 2020. De igual forma, acrecienta el temor de ser atacados verbal (mediante estigmatizaciones, insultos, chantajes y amenazas) y físicamente (desplazamientos, lesiones personales y homicidios) en los medios de transporte sanitarios e instalaciones de salud. Esta entidad explica el agravante a raíz de la pandemia generada por la COVID-19, con relación a la discriminación causada por el miedo.
Existen zonas en las que aún se escuchan amenazas al personal, solo por tener contacto con pacientes infectados o por el dolor mal procesado ante el fallecimiento de su familiar o allegado. Tal es la complejidad que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) intervino en las zonas armadas en el año 2021, para llegar a la cifra de 309 603 dosis de vacunas administradas.
Las cifras son preocupantes, pero para entender e irnos acercando a las recomendaciones en pro de mejorar su bienestar, surgen varias preguntas. ¿Quiénes realizan estas agresiones? ¿Cuáles son las razones? Primero, los actores armados en oposición a que la Misión Médica asista y traslade a las autoridades. Segundo, los pacientes, familiares o allegados o miembros de la comunidad; en este caso entre los motivos se encuentran: intolerancia al personal de salud, sentimiento de desprotección (al carecer de los derechos a la educación, salud y vivienda), incomprensión de las capacidades asistenciales (técnicas e infraestructurales) y carencia de personal, insumos y transporte para la población.
Finalmente, todo se concentra en una gran necesidad: concientización y cultura de la población, consecuencia directa del impacto del conflicto armado sobre su comportamiento. Al entender esto, se debe abrir espacio al diálogo en el Derecho, la Medicina y las demás áreas de la salud, para debatir las medidas educativas y las recomendaciones para formar a la población civil sobre el respeto por la Misión Médica y otras formas de asistencia en salud.
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