MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 291 DICIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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La atención ha vuelto a posarse en La Guajira: niños y mamás que mueren por desnutrición, falta de agua potable y acceso a servicios de salud en el norte del país, nos revelan de nuevo las deudas que el sistema de salud tiene en torno a la salud pública, agravada por las situaciones estructurales que reflejan una mayor inequidad.
La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha planteado que “si bien el sistema de salud es insuficiente para resolver el problema de la inequidad, este no debería reproducirla, debería ser un espacio de igualdad”. Y en el caso de La Guajira, ha reconocido que “el Estado no llegó”. Y que solucionar el problema pasa por revisar los determinantes sociales en salud, como el problema del agua, de la vivienda, del acceso permanente a alimentos seguros y nutritivos, del diálogo intercultural, además del acceso a los servicios de salud.
En ese sentido, ha propuesto crear un instrumento a partir de la reforma de la salud que sería la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales de la Salud, que podría tomar decisiones con carácter vinculante, y sería integrada por profesionales de las ciencias sociales para entender lo que piensan de la salud en los territorios.
Otra propuesta para revivir la salud pública en el país está enfocada en el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, a través de los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales, EMIT, articulados a los hospitales públicos, que estarían financiados por la UPC, y estarían integrados por 10 profesionales que se desplazarían para atender entre 400 y 500 familias, apoyándose en zonas rurales por Equipos Complementarios que atenderían entre 30 y 60 familias.
Este modelo de atención primaria soportado en redes integrales e integradas de salud, que busca trabajar el gobierno actual, “es pertinente siempre y cuando se tengan en cuenta los prestadores públicos y privados en red, teniendo disponible la red privada ya existente. En Bogotá, por ejemplo, el 70 % de las camas hospitalarias son privadas”, observa Luis Jorge Hernández, M.D., PhD., director de investigaciones de la Universidad de los Andes y coordinador del Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la misma institución.
Esta estrategia de Atención Primaria Integral en Salud (APIS), propuesta por el Ministerio de Salud, tendría como propósito “articular y coordinar los servicios de salud con otros sectores de la acción estatal, con participación de las comunidades, para garantizar la integralidad de la atención, la intervención favorable sobre los determinantes sociales de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en sus territorios”.
Los recursos aprobados para salud dentro del presupuesto de la nación para 2023 suman $51.2 billones. Para el Sistema General de Participaciones, (SGP), la asignación fue de $54.9 billones, con un aumento de $5.4 billones frente al 2022. De este valor, el 10 % se destinará a la salud pública, alrededor de $5.49 billones.
Para Luis Jorge Hernández, los retos del financiamiento de la salud pública parten de la necesidad de una mayor inyección de recursos para promoción y prevención, “el Plan Ampliado de Inmunizaciones, en particular, no se actualiza desde el año 2015. No se han incorporado nuevas vacunas como la heptavalente o VPH para varones”, afirma.
Además, enfatiza: “se requiere un sistema de aseguramiento que funcione. Aseguramiento no es necesariamente igual a EPS, pero cinco de las mismas están muy bien calificadas y tienen toda la experiencia. El Sistema de Seguridad Social en Salud mueve casi $75 billones, dejar este recurso a ADRES Regionales puede no ser muy buena idea, porque esta plata se la pueden robar”.
El especialista en Economía de la Salud, Jaime Alberto Peláez Quintero, observa que “un sistema de salud es eficiente, si y solo si, se hace un adecuado gasto de UPC. En Colombia cómo se genera el gasto en salud no es lo más adecuado, lo ideal es que se resolvieran por lo menos el 70 % del total de las atenciones en el primer nivel, pero el modelo está invertido porque se destinan menos recursos a la salud, y los de salud pública, en algunos casos han sido mal utilizados, y en otros casos el diseño de los incentivos de captación temprana no ha sido efectivos”. Y agregó que “por eso son bienvenidos los EMIT como puerta de entrada a los servicios de salud, complementado con equipos básicos donde se haga gestión del riesgo”.
En ese sentido, es necesario entender que la atención primaria puede ser decisiva para optimizar la inversión en salud pública y en general del presupuesto del sistema de salud. “Todo lo que se haga en primer nivel y sea resolutivo redundará en la contención o exacerbación de gastos del segundo y tercer nivel de atención”, observó el especialista.
Con un nuevo Plan Decenal de Salud Pública, a puertas de una reforma a la salud y con un presupuesto ya definido para atender las necesidades de salud pública, cabe preguntarse hacia dónde deberían dirigirse tales recursos.
No podemos olvidar que hay una deuda estatal en varios indicadores de salud pública como es la mortalidad materna, especialmente en zonas rurales dispersas, el cáncer de mama y cuello uterino, la mortalidad en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, la desnutrición, las enfermedades crónicas y el Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI que, si bien por la pandemia se vieron retrasados en su cumplimiento, ya venían desfasados en los resultados.
De hecho, el informe de rendición de cuentas a diciembre de 2021 del MSPS con respecto a las metas del cuatrienio señalaba que se había logrado un cumplimiento del 55,25 %.
El presidente Gustavo Petro ha señalado la importancia de los indicadores para visualizarnos frente a otros sistemas de salud. En patologías como el cáncer de mama ha observado que, “de acuerdo con la OCDE, la tasa de mortalidad por cáncer de mama ocupa el puesto 28 entre 48 países, con una tasa del 20,2 %, porque cuando se detecta el primer síntoma de cáncer, la mujer obtiene, en promedio, el primer tratamiento 106 días después”.
Para Luis Jorge Hernández, hay que hacer énfasis en las enfermedades crónicas que constituyen la primera causa de morbi-mortalidad en Colombia, y considera que hay una deuda con el cáncer, en el que no se cumplieron las metas como Porcentaje de casos nuevos de cáncer de cuello uterino in situ identificados (NIC alto grado), que debería estar sobre el 60 % y está en el 50 %. Asimismo, en el caso de Leucemia Aguda, los días transcurridos entre la fecha del diagnóstico y la fecha de inicio del primer ciclo de quimioterapia debería estar en cinco días y se encuentra por encima de los ocho días.
El presente de la salud pública tiene una herramienta que podrá direccionar las estrategias para impedir que un niño de La Guajira o de cualquier parte del país muera por ausencia estatal: el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2032.
Para el experto de la Universidad de los Andes, un nuevo PDSP que resuene frente a los desafíos en salud del país, implicaría para el actual gobierno “fijar metas retadoras que incluyan la disminución al máximo de desiguales, injustas e innecesarias como la socioeconómica, educativa, territorial, étnica y acceso a los servicios de salud”. Metas a formularse teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “pero partiendo de que son un piso y no un techo a alcanzar, es decir, la exigibilidad debe ser mayor en metas de mortalidad evitable y tasas de incidencia”.
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